La mesa de diálogos de La Habana anunció este viernes que se iniciará un proceso de sustitución de cultivos ilícitos durante el programa de desminado en el municipio de Briceño, en Antioquia.
“Desde mediados de 2015, el Gobierno Nacional y las Farc vienen avanzando en un plan piloto de desminado humanitario, en la vereda El Orejón en el municipio de Briceño. Esta aproximación conjunta al territorio, a las comunidades y a sus líderes ha abierto la oportunidad de incorporar al proceso de desminado humanitario la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito”, afirmó la mesa de conversaciones en un comunicado conjunto.
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El acuerdo se pondrá en marcha el 10 de julio de 2016 en las veredas Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal, del municipio de Briceño. La mesa de diálogos señaló que en la medida que otras veredas del municipoio manifiesten su disposición serán incluídas.
El plan estarán conformado por una instancia de coordinación conjunta de La Habana, que definirá protocolos y marcos operativos para poner en marcha este proyecto. Además estará acompañada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organizacion de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
“El Gobierno y las comunidades podrán convocar otras organizaciones nacionales e internacionales acompañantes”, afirma el comunicado.
El plan se integrará a los procesos participativos, proyectos y programas en desarrollo y será ejecutado en el territorio en el marco del plan piloto de desminado, anunció la mesa.
“Una vez suscrito el compromiso comunitario con la sustitución y la no resiembra, con el propósito de desarrollar el territorio y sus comunidades y facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores, recolectores y amedieros, se pondrá en marcha un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos”, informó la mesa.
El Gobierno Nacional se comprometió además a garantizar los recursos de manera oportuna, las medidas logísticas y de seguridad para la puesta en marcha de los programas y proyectos para la sustitución de los cultivos de uso ilícito.