La Corte Suprema de Justicia asumió la investigación sobre los senadores Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amin, para determinar cuál fue su papel dentro del polémico contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
La investigación se iniciará después de que la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que preside Henry Anaya, formuló ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la denuncia para que se indague lo que se ha dicho sobre Benedetti y Gómez Amin, y su papel dentro del caso.
Tras dar por hecho que se asumirá esta investigación, fuentes de la Corte le confirmaron a EL COLOMBIANO que el magistrado Misael Rodríguez Castellanos es el encargado del estudio de esta denuncia contra los congresistas.
En el caso de Benedetti, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, lo señaló públicamente de haberla llamado para que en lugar de caducar el contrato con Centros Poblados, se lo cediera a una firma norteamericana para que se encargara de ejecutarlo, versión que el senador asegura es falsa.
Por otra parte, a Gómez Amin ha sido mencionado en medios de comunicación como uno de los congresistas que habría presionado para que el contrato fuera adjudicado a Centros Poblados, acusación que él ha negado.
Con esta investigación, la Corte determinará si los congresistas estarían implicados directamente o si habrían intercedido para la adjudicación del contrato por $1,07 billones que tenía como fin la creación de 7.277 centros digitales que beneficiarían a menores de 16 departamentos del país.
