Que aparte de que los elegidos en cargos públicos cuenten todos los pormenores de su gestión (obligación que ya existe) sino que también den cuenta, como en Estados Unidos, de sus intereses particulares o lobbistas, y revelen quiénes son sus cuotas políticas, no parece algo fácil de lograr en el legislativo.
Para el presidente de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, una de las estrategias más positivas para luchar contra la corrupción, validada internacionalmente, es la información oportuna y adecuada en relación con lo que adelantan sus líderes. “Es fundamental que congresistas rindan información en relación a sus tareas, cuál es su representación dentro del Estado y la gestión pública, para que el ciudadano conozca si mantiene o no el voto hacia ese congresista”.
Según Hernán Cadavid, excandidato a la Cámara por el Centro Democrático, la ley quinta de 1992 instruye a los congresistas para que su votación sea pública y durante los últimos años se vigila por parte de observatorios políticos la gestión de cada congresista. “En las comisiones y la plenaria queda registro público de las asistencias de los corporados; no se necesita gastar 300 mil millones de pesos para ello”.
Pregunta 5 de la Consulta: ¿Aprueba obligar a corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?
A FAVOR
Germán Darío Valencia Agudelo
Investigador Instituto de Estudios Políticos U. de Antioquia
Desde 2015 la legislación obliga a los directores, gerentes, alcaldes, gobernadores y miembros de los concejos y las JAL a rendir cuentas a los ciudadanos. Esta lógica de actuación es promovida por la nueva gestión pública democrática. La idea que defienden es que los electores cuenten con garantías y condiciones para responsabilizar a sus representantes por sus actos; ampliando y salvaguardando los derechos políticos de los ciudadanos al acceso a la información y transparencia en la gestión de los funcionarios elegidos popularmente. En este sentido, lo que busca la pregunta cinco de la Consulta Popular Anticorrupción es extender de obligatoriedad de rendición de cuentas a los congresistas. El mandato que se quiere dar es que los representantes de los ciudadanos en el poder legislativo, también nos informen de manera periódica sobre su asistencia, votación, gestión y vínculos con los grupos de interés. En definitiva, con el punto cinco se intenta incrementar el poder de los ciudadanos en el sistema democrático, creando nuevos espacios de participación ciudadana para la rendición de cuentas, aumentando la transparencia en la gestión de la gobernabilidad, generando dinámicas de actuación más eficientes y eficaces de los funcionarios, e incrementando los niveles de confianza y legitimidad del sistema político.
EN CONTRA
Andrés Úsuga Marín
Abogado constitucionalista, docente posgrados U. S. Buenaventura
El objetivo de la esta pregunta es loable. Sin embargo, no es claro cuáles son las sanciones que se le impondrían en la ley, pues que el mandato popular que surgiría de la consulta no es claro y en regímenes sancionatorios es mejor mirar con lupa cualquier “avance legislativo”. Me explico con un ejemplo: vamos a suponer que el senador X no presentó su rendición de cuentas, ¿cuál será la sanción que le impondrá? ¿Penal? ¿Será un delito con consecuencia de cárcel? ¿O multa? ¿La sanción será disciplinaria? ¿Destitución o Inhabilidad? ¿Administrativa? ¿Glosas al sueldo? ¿O sería social y mediática? ¿Le van a contar a todos los colombianos que determinado congresista no cumplió con su obligación? ¿Les importaría a los morosos? ¿Qué eficiencia o eficacia tendrá dicha sanción? ¿Quién la impondrá? ¿La cámara respectiva en pleno? ¿La mesa directiva? ¿Acaso han visto que la comisión de acusaciones sea muy efectiva en sanciones con conductas realmente graves y probadas? ¿Crearán más burocracia para sancionar a los congresistas que entren en mora? Realmente es un canto a la bandera, en una situación que solo puede resolverse votando por mejores congresistas que entiendan que la rendición de cuentas de su gestión es más que una obligación legal o constitucional, es una tarea inherente a su cargo como parlamentario.
ABSTENCIÓN
Oscar Castelblanco
Docente investigador de la Facultad de Derecho de la U. Libre
La pregunta suena bien intencionada y cautiva a mucha ciudadanía, pero es bueno aclarar que la mayor parte de la información a la que se pretende “obligar” a rendir a los congresistas es pública: la asistencia, las iniciativas presentadas, las votaciones y los debates, las actuaciones corruptas que se pretenden combatir nunca las hacen “públicas”, están siempre son debajo de la mesa. Pero combatirlas realmente es fortaleciendo la capacidad investigativa de la policía judicial y de la Fiscalía, y afianzando la autonomía, eficacia y eficiencia de los órganos de control.
El gran reto para llegar a esa información de los corruptos, de quienes negocian debajo de la mesa, que tienen intereses intrincados con lo ilícito, es fortalecer la justicia, reformarla, empoderar a la policía judicial y a la Fiscalía. Esto requiere, sobre todo, que la justicia no sea tan ineficiente, sino que llegue al corrupto, encuentre esta celebración de contratos ilegales y de esta manera se combatiría la corrupción, pero eso no se logra obligándolos a hacer una rendición de cuentas. Vale recordar que la decisión del constituyente primario, es decir el pueblo, en la consulta popular es vinculante, lo que quiere decir que el efecto que genera esta decisión es que el Congreso tiene un año para volver norma jurídica lo expresado por la ciudadanía en las urnas.
Otros puntos de la consulta:
1. ¿Bajar sueldo a congresistas disminuye la corrupción?
2. La condena perpetua contra quienes se roben recursos públicos
3. ¿Es viable tener un molde para los contratos con el sector público?
4. Más participación ciudadana en la inversión pública, ese es el dilema
5. Recomendar a alguien para un empleo también debe informarse
6. Los pros y los contra de revelar la declaración de renta en Colombia
7. ¿Es posible poner límites a las aspiraciones políticas?
