LO QUE QUERÍA EL GOBIERNO
En las últimas décadas, las Fuerzas Militares han descubierto y denunciado la estrecha relación entre la guerrilla de las Farc y el narcotráfico, actividad con la que se ha lucrado el grupo guerrillero. De hecho, según las autoridades, hasta mayo de este año las Farc participaban del negocio en 18 departamentos. No obstante, los líderes de la guerrilla negaron durante los últimos años su relación con las drogas ilícitas. Con el acuerdo de paz, el Gobierno pretendía que las Farc aceptaran su responsabilidad en el control y tráfico de drogas ilícitas. Además de desvincularse de las actividades ilícitas, el Gobierno le solicitó a la guerrilla que revelara toda la información que tuviera sobre el narcotráfico.
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LO QUE QUERÍAN LAS FARC
Cuando se puso sobre la mesa el tráfico de drogas, las Farc no aceptaron explícitamente su relación con el narcotráfico. De hecho, propuso la creación de una “comisión de la verdad” para investigar de dónde proviene el narcotráfico, qué ocurre con la economía, y quién se queda con el dinero de ese negocio. De hecho, cuando se hablaba sobre la conexión con el narcotráfico, las Farc sostenían que si se daba, la actividad estaba relacionada con la rebelión. Le solicitó al Estado que expropiara el capital del narcotráfico y que controlara a las empresas que producen insumos para la elaboración de narcóticos. Además, pidió un control de los flujos de capital para evitar el lavado de activos .
Lea aquí: Análisis punto dos: participación en política y oposición
PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS
El primer punto en el que coincidieron el Gobierno y las Farc fue en la necesidad de crear el “Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo”, otorgándole un doliente institucional al problema del narcotráfico. Según el Acuerdo Final, este Programa Nacional será liderado por la Presidencia de la República en coordinación con las autoridades municipales y departamentales. Lo primero que hará el Programa será poner en marcha un proceso de planeación participativa con las comunidades locales. La idea es que los campesinos que trabajan en las 96.084 hectáreas que, según la Fiscalía, son utilizadas para la plantación de cultivos ilícitos, participen en el programa y trabajen en economías alternativas.
Lea aquí: Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano
Análisis a favor
María Paula Ordóñez
Abogada e investigadora de política criminal.
Si bien a Colombia le hacen falta los programas de sustitución, éstos no deben ser impuestos por el Gobierno Nacional. Los programas tienen que ser desarrollados por las comunidades, enfocados en sus necesidades. Son ellas las que han vivido la guerra y por eso es uno de los puntos más importantes que tiene el acuerdo en general.
Análisis en contra
Jaime Jaramillo Panesso
Abogado, profesor universitario y escritor.
El programa se aplica con pequeños grupos organizados por la misma guerrilla. Las comunidades rurales a las que se refieren no tienen esa capacidad de organización para establecer un diálogo sobre la sustitución de cultivos. Además, el Estado no tiene el músculo financiero para establecer nuevos cultivos. Repartir tierras, como quieren, es repartir pobreza.
ARTICULADO CON LA REFORMA RURAL INTEGRAL
El programa estará articulado al primer punto acordado entre el Gobierno y las Farc: la reforma rural integral. El objetivo de incluir “al campo colombiano a nuevas dinámicas de desarrollo” solo podrá cumplirse si se garantiza la sustitución de cultivos. Los acuerdos señalan que se generarán políticas productivas “mediante la promoción de la asociatividad y las economías solidarias”. Otro objetivo central es la recuperación de los ecosistemas, con lo que se tendrán que comprometer las comunidades. Habrá apoyo del Gobierno en el desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Análisis a favor
El punto de sustitución de cultivos solamente se podrá ejecutar en la medida en la que las comunidades rurales puedan mejorar sus condiciones, por eso es muy importante que esté articulado con el punto de la reforma rural integral. Se trata, en el fondo, de ponerle a los campesinos en bandeja de plata todas las opciones para que accedan a programas para cambiar sus fuentes de financiación, incluyendo opciones de vivienda, salud y educación.
Análisis en contra
La concepción general de las Farc es que la tierra es de quien la trabaja, creando así pequeñas parcelas. Buscan repartir tierras y no hacer empresarios. El programa es muy limitado, no será capaz de afrontar con suficiente fuerza las economías ilegales asentadas en las comunidades rurales. Se limitan a repartir tierra para los campesinos, sin controlar verdaderamente los cultivos ni atacar el problema del narcotráfico.
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Para desarticular a las redes de narcotráfico el Gobierno diseñará una estrategia nacional que permita “el fortalecimiento y la articulación de instancias y mecanismos de investigación y judicialización de las redes criminales asociadas al narcotráfico”. Se crearán grupos interinstitucionales para adelantar investigaciones estructurales y se ampliará la cooperación regional e internacional. Se pretende identificar las conexiones transnacionales de criminalidad “en todas sus dimensiones” para “prevenir la aparición de nuevos grupos dedicados al crimen organizado”.
Análisis a favor
Las cifras de otros procesos de paz en el mundo demuestran que siempre aumenta el crimen organizado cuando se firma un acuerdo de paz. Por eso es importante crear una estrategia para combatir las redes de narcotráfico. No es solo a nivel macro sino micro; controlando el microtráfico en barrios y escuelas. No se puede bajar el pie de fuerza y por eso se crea una estrategia para que las redes de narcotráfico sean desarticuladas.
Análisis en contra
Tal como lo tienen planteado es un asunto policial, una lucha que busca erradicar a las bandas que están involucradas en el narcotráfico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ese delito tiene ramas en otros países, especialmente en el de mayor consumo que es Estados Unidos. Sin articular el trabajo se queda como una declaración de buenas intenciones. No tiene nada de novedoso con respecto a lo que ya se ha hecho.
FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
La lucha contra el lavado de activos irá acompañada de controles en la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos. El Gobierno pretende identificar la cadena de valor del narcotráfico, logro que conseguiría con un “mapeo del delito en todos los niveles, incluyendo el regional”. En esta medida se podrían identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado. Además, el Gobierno establecerá controles a la comercialización de insumos requeridos para la producción de drogas. Se crearán nuevas normas y mecanismos que comprometan a las empresas.
Análisis a favor
El control de insumos es importante porque se suma a lo que está establecido en la ley 1787 de 2016 y a los decretos que ha expedido el Ministerio de Salud sobre el tema. La normatividad está permitiendo reglas alternativas de comercialización y ganancias. Toda sustancia química tiene que tener un control por parte de las instituciones, que actualmente no tienen la capacidad para hacer ese rastreo ni el control que se requiere.
Análisis en contra
El tráfico de insumos tiene que ver con la misma declaración de intención de luchar contra las redes de narcotráfico. No hay nada novedoso, de hecho el Estado siempre se ha manifestado de la misma manera y ha prometido más acciones frente a esos puntos. Llama la atención que las Farc no hablen sobre sus conexiones con laboratorios, sobre cómo trafican los insumos. No asumen como debería su responsabilidad en el narcotráfico.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Para los negociadores de paz existe una relación innegable entre la corrupción, en cualquiera de sus niveles, y el narcotráfico. Al respecto se propuso desarrollar “una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico”, la cual tendrá en cuenta las recomendaciones de un grupo de personas expertas que realizará el “mapeo de la cadena de valor del narcotráfico”. Dentro de la estrategia también contemplan la creación de grupos interinstitucionales especializados en corrupción. Dichos grupos serán claves para analizar las conexiones entre el narcotráfico, las empresas y los partidos políticos.
Análisis a favor
Hoy en día es muy difícil encontrar transparencia en las instituciones. Un logro del Gobierno es justamente ese: ser transparente y permitir el acceso a la información. Sabemos que el tema de la corrupción no se presenta solamente en la política sino en diferentes escenarios, tanto públicos como privados. Esto genera desestabilidad y desconfianza en las instituciones. Por eso es clave recuperar esa confianza, esa institucionalidad sólida.
Análisis en contra
Este asunto le compete directamente al Estado. Los técnicos le darán recomendaciones al Estado, pero esto hace parte de la agenda nacional desde hace mucho tiempo. En este punto no se toca el rol de la guerrilla, sus recomendaciones y cómo participa en la corrupción. Además, ¿quiénes son los integrantes de ese grupo de expertos? El gobierno y la guerrilla mantienen el silencio sobre ese tema. No se sabe la guerrilla cómo acompañará este proceso.
NUEVO ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD PÚBLICA
Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Gobierno abordará el problema del consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública. El consumidor dejará de ser visto como un delincuente y será tratado como un paciente. Dice el acuerdo que se busca “la no estigmatización o discriminación del consumidor”. La rehabilitación de los consumidores será uno de los mayores retos del Estado. Como pilar fundamental, dice el acuerdo, está “el respeto a los derechos humanos”. Se prestará especial atención a la población adolescente en zonas rurales y urbanas, donde abunda el microtráfico.
Análisis a favor
Este enfoque es crucial porque genera un cambio en el imaginario de los ciudadanos. Los consumidores dejan de ser vistos como personas problemáticas o delincuentes, ahora son vistos como pacientes porque se reconoce un problema de salud pública. El Estado tendrá que garantizar la rehabilitación y reconocer a los consumidores. El Gobierno logró demostrar que es fundamental garantizar los derechos humanos.
Análisis en contra
Este punto repite lo que ya ha dicho la ley colombiana, que no ha sido suficientemente aplicada. Ya se sabe que las cárceles están atestadas de pequeños consumidores, y que el 80 % de los procesos que ventilan en Fiscalía están relacionados con esa clase de comportamientos delictivos. Que las instituciones tengan que atender al narco dependiente y a las familias hace parte de la política humanística que tiene el país.
APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Los negociadores fueron conscientes de que se necesita respaldo internacional para sacar adelante la estrategia de erradicación de drogas ilícitas. Por eso el Gobierno se comprometió a promover una “conferencia internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar y evaluar” las políticas enfocadas en la lucha contra las drogas. El Gobierno buscará que tanto países productores como consumidores cuenten sus experiencias en la lucha contra las drogas. Se buscarán diálogos con organizaciones como la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), la OEA (Organización de Estados Americanos) y Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
Análisis a favor
La conferencia que propuso el Gobierno es muy importante porque busca cambiar la mentalidad sobre consumo de drogas. El objetivo es que todos los Estados generen políticas públicas integrales, armonizando sus leyes con el enfoque de salud pública. Debemos ser coherentes en la normatividad. Le hemos pedido a la comunidad internacional en miles de oportunidades que nos dé la oportunidad de sacar una nueva resolución que permita tener un cubrimiento distinto hacia los adictos.
Análisis en contra
Este punto se basa en la fantasía. ¿Cómo un acuerdo con la guerrilla va a convocar a la comunidad internacional para que la ONU cambie sus consideraciones? En los eventos que se han realizado por iniciativa de Naciones Unidas se ha considerado legalizar algunas drogas blandas. Por eso es que no tiene nada de original lo que pretende el Gobierno, además es ambicioso. Es algo que seguramente se quedará en el papel y no tendrá mucha fuerza.