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Hace una semana se filtró parte de un informe interno de la ONU, que de forma preliminar reportaba a sus instancias internas los resultados de una investigación que documentaría casos de abusos sexuales contra niños por parte de soldados franceses en la República Centroafricana, entre 2013 y 2014.
Los uniformados estaban en ese país en cumplimiento de una misión militar y humanitaria que el gobierno francés decidió ejecutar en esa antigua colonia, azotada por el conflicto entre milicias, por motivos étnicos y religiosos, que generaron desplazamientos forzados de miles de personas. Ante el riesgo de genocidio la ONU asentó allí una fuerza de paz.
El informe de la ONU, a pesar de estar clasificado como preliminar, generó revuelo mundial, pues el hecho de que militares de una potencia extranjera, valiéndose de sus prerrogativas y respaldo armado, incurran en prácticas aberrantes contra habitantes del país intervenido, que se encuentran en situación de absoluta vulnerabilidad, y ni se diga tratándose de niños, es motivo de justa indignación.
Y eso lo comprendió el presidente de la república francesa, Francois Hollande, que declaró que “si la justicia y el mando militar confirman los hechos, habrá sanciones que serán proporcionales a los hechos. Y si los hechos son graves, las sanciones serán graves”. Como hubo dudas sobre posible encubrimiento, el presidente francés agregó que “si algunos militares se comportaron mal, seré implacable”.
Pues bien, Colombia podría haber vivido una situación similar, según hechos que se han denunciado hace tiempo, pero la actitud de los gobiernos concernidos (el de Estados Unidos y el de Colombia) ha sido opaca.
Uno de los informes que componen el documento “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, presentado el pasado mes de febrero por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, recoge las denuncias sobre abusos sexuales por parte de militares estadounidenses en Colombia, cometidos contra menores de edad.
En la ponencia titulada “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”, cuyo autor es Renán Vega Cantor, se dice: “Hay abundante información sobre violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos, que forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio denominado como «imperialismo sexual»”.
Allí se citan hechos ocurridos en Melgar y Girardot, donde 53 menores habrían sufrido abusos, así como la violación de una menor en 2007. Como en esa época era ministro de Defensa el actual presidente de Colombia, sería conveniente conocer qué acciones se tomaron, qué investigaciones ordenaron y sus resultados.
En un comunicado del pasado mes (ver Contraposición), la Embajada de Estados Unidos en Colombia no niega los hechos, y afirma que desaprueban esas “conductas sexuales inapropiadas”.
El país tiene derecho a saber qué han hecho sus autoridades frente a tan graves acusaciones. Tanto las del gobierno pasado como las del actual. El periódico El Tiempo informó sobre la impunidad total que cubre a uno de esos casos concretos contra una niña.
Mucha de la dignidad de este país está en juego con este escabroso capítulo. Una cosa es otorgar inmunidad para efectos de cooperación militar contra el delito, y otra aceptar mansamente impunidad frente a delitos aberrantes que marcarán de por vida a un grupo numeroso de niñas, vejadas por acción de soldados extranjeros, y por omisión de las autoridades de su propio país.