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Después de tres meses de trabajo, se conocieron las recomendaciones de la Comisión de Expertos que había convocado el Gobierno para estudiar la viabilidad de que Colombia acoja la técnica del fracturamiento hidráulico (“fracking”) para extraer petróleo y gas en su territorio. Como se sabe, y esa fue la razón de acudir a los expertos, el “fracking” es muy controvertido por los supuestos peligros que representa para el medio ambiente. A pesar de esto, internacionalmente no hay un punto de vista unificado sobre el tema. De hecho, en algunos países la utilización de la técnica está prohibida como en Francia, mientras que, en otros, como Estados Unidos, esa tecnología lo ha convertido en el primer productor global y ha reducido su dependencia externa cuando, otrora, era el mayor importador y ese hecho explicaba la geopolítica en el Medio Oriente.
La comisión, en la cual hay representantes de diferentes áreas del conocimiento, es independiente del Gobierno y sus recomendaciones no lo obligan. Un segundo aspecto de importancia es que se pronuncia sobre la exploración de hidrocarburos; con esto, el país puede hacer proyectos piloto que permitan determinar la existencia de yacimientos de petróleo y gas que puedan explotarse con esta técnica, siguiendo un protocolo muy exigente.
El aspecto que más llama la atención de ese protocolo sugerido es la recomendación de que no se inicie ningún proyecto sin identificar con claridad los riesgos que le estén asociados. En esas condiciones, la exigencia sobre el levantamiento de información ecosistémica, hidrogeológica y de sismicidad es muy alta.
Así mismo, en todo momento la comisión aconseja la participación de la comunidad en los proyectos. A esta se le debe brindar la más completa información sobre los efectos que puedan presentarse sobre los acuíferos, así como sobre la salud humana y la sismicidad de la zona explorada. La comunidad debe acompañar los proyectos en las fases definidas por la comisión. En la primera, en la que se miran las condiciones previas de los proyectos, se deben definir los mecanismos de participación y veeduría ciudadana. En la segunda, ya en la ejecución, la comunidad debe poder vigilar la forma cómo se utilizan los recursos públicos y si el proyecto se declara comercial, identificar las utilidades y el uso que le puedan ser transferidos, así como los mecanismos comunitarios de veeduría y seguimiento.
Este primer pronunciamiento de la comisión sin duda despeja el panorama, aunque todavía no se conoce el informe final. El potencial en yacimientos no convencionales que tiene el país, según los primeros estudios que se conocen, en el escenario bajo, duplicaría las reservas actuales y aclararía el horizonte para abastecer las refinerías colombianas y continuar aportando a la balanza comercial y a la financiación del gasto social. La exploración toma tiempo y si se quiere evitar la pérdida de la autosuficiencia petrolera, es necesario empezar cuanto antes. De lo contrario, en un plazo breve, el país enfrentará una situación peor de la vivida a raíz de la caída del precio del petróleo. El Estado deberá liderar este proceso, fortaleciendo el diálogo con las comunidades y su capacidad de vigilancia y control frente a las empresas para que así, con una institucionalidad fortalecida, unas empresas responsables y unas comunidades informadas y participando de los beneficios de la labor petrolera, se viabilice su contribución a la financiación del desarrollo del país .