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Los puntos de Uribe contra la corrupción
El presidente electo de los Colombianos, Álvaro Uribe, difundió durante su campaña un mensaje de lucha contra la corrupción, tomando como base los puntos 24 y 25 de su programa de gobierno. Más información - Los retos de Álvaro Uribe
   
 

Frase suelta
"La lucha en Colombia es contra un poder corrupto".
Íngrid Betancourt

Cifras en rojo
El Gobierno Nacional estima que el botín anual de la corrupción en Colombia asciende a
US$800
millones. En manos de los corruptos queda una suma equivalente al 20% de lo que los colombianos pagan de Impuesto de Renta.
 
Tras el imperio de la corrupción


Los escándalos sonaron duro en este cuatrienio.
Dragacol, chambacú Y Banpacífico, entre los más “célebres”.
Narcotráfico, el mayor corruptor del Estado, concluye un foro.
SENA y Defensoría del Pueblo, entidades más honestas.

Por
Reinaldo Spitaletta
Juan David Ramírez

Medellín

La corrupción, que se ha convertido en una suerte de enfermedad endémica del sistema político colombiano, fue otro de los lunares que ensombrecieron el cuatrienio de Andrés Pastrana.

Pese a haber prometido, durante su campaña electoral, mantener una lucha frontal contra ese fenómeno, los esfuerzos del gobierno en este campo no fueron del todo exitosos. O eso es lo que se nota por la cantidad de escándalos originados por la práctica de ese delito contra la administración pública.
El primero de ellos estalló a los seis meses de transcurrido el actual gobierno. Los amigos del presidente, como Diego Pardo Koppel, comenzaban a ser invadidos por ese mal, calificado por muchos como un “cáncer de la sociedad”.

Pardo Koppel, embajador en México, resultó implicado en el caso del Banco del Estado, entidad intervenida por la Superbancaria y en la que, aparentemente, la Dian perdió varios millones de dólares. Al descubrirse que tenía créditos con el mencionado banco, Pardo renunció a su cargo diplomático.
Las explosiones continuaron. El escenario era Chambacú. El ministro de Desarrollo Fernando Araújo Perdomo (hoy secuestrado por las Farc), aprovechó su cargo, según las indicaciones públicas que se le hicieron, para negociar en términos favorables con el Inurbe un lote para desarrollar un proyecto de construcción.

Ya el ministro de Salud, Virgilio Galvis, había renunciado cuando se le denunció por beneficiar al ex director del Invima. Pero estos escándalos fueron opacados por otros. Apareció el caso Dragacol, denunciado por el senador Javier Cáceres. El país perdió $26.000 millones y el pantano salpicó a Mauricio Cárdenas y Fabio Valencia. Las irregularidades cobijaron a Reginaldo Bray, representante legal de Dragacol.

La corrupción tocaría, asimismo, al Congreso. Armando Pomárico renunció a su curul al ser relacionado con contrataciones irregulares en la Cámara de Representantes. La Mesa Directiva de la Cámara también se vio implicada en la adjudicación irregular de contratos para la limpieza de fachadad y reparación de tapetes del Capitolio, con empresas fantasmas. Por aquellos días de fines de 1999, el presidente del Congreso, Fabio Valencia, había dicho: “O nos reformamos o nos reforman”. Ni lo uno ni lo otro. Los vicios continuaron.

El caso de Juan Hernández Celis, secretario privado del presidente, fue uno de los más bullosos. Quedaron dudas sobre las contrataciones que una empresa, propiedad de su familia, realizaba con el Estado. Y vinieron más: Banpacífico, ayuda antinarcóticos y otros cuyos ecos todavía resuenan.

Otros casos en el prontuario
En el período de Pastrana Arango no cambió el panorama de corrupción que venía desde gobiernos anteriores. A los casos ya relatados en el informe central, se agregaron otros como el del ministro de Minas, Luis Carlos Valenzuela, acusado de conflicto de intereses en un contrato de venta de gas natural con la firma Nerón, y de favorecer a la Corporación Financiera del Valle, de la que había sido vicepresidente.

Los representantes Gustavo Petro y Hernando Carvalho denunciaron conductas irregulares de algunos funcionarios del gobierno, que favorecían a amigos del presidente en la crisis del Banco del Pacífico. “Hubo trapisondas, maquillaje de balances y ganas de salvar una institución que estaba quebrada”, dijeron.

La Policía igual se vio envuelta en corrupción. E.U. denunció que la ayuda antinarcóticos se estaba desviando. Hubo relevos y destituciones. Actualmente se investiga a 60 personas de la Policía por el desvío de dos millones de dólares. Después estalló el escándalo del coronel de la Policía Royne Elías Chávez, jefe de seguridad del Presidente.

 
 
Febrero 5 de 2000
Presionado por el escándalo de TermoRío, que podría costarle a la Nación el pago de una indemnización por US$61 millones de dólares, la mas alta en la historia fiscal del país, renunció el Superintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yañez.

Julio 13 de 2000
El coronel estadounidense James Hiett, encargado de supervisar las operaciones antidrogas en Colombia, fue sentenciado por narcotráfico.

Julio 3 de 2001
La Fiscalía confirmó el pago de comisiones por US$20 millones realizado por empresarios europeos a varias personalidades colombianas para que influyeran a favor del Consorcio Hispano-Alemán Metromed, en la adjudicación del contrato de construcción del Metro de Medellín.

Junio 21 de 2001
Colombia solicitó a Estados Unidos la extradición del representante legal de Dragacol, Reginaldo Bray, quien fue capturado en Miami, EU.


 
   
 


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