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Agilidad y coherencia en política criminal
El presidente Álvaro Uribe tendrá que trabajar en la agilización de la justicia, continuar con los procesos iniciados en materia penal e incluir la modernización de la justicia familiar, civil, laboral y contencioso administrativa.Más información - Los retos de Álvaro Uribe
   
 

Frase suelta
"El Gobierno cumplió entregando las más modernas cárceles"
Rómulo González

Cifras en rojo
La situación es tan crítica que para el año 2000, había entre juzgados y tribunales un total de
3´280.000 procesos y desde entonces han ingresado un total de 1.723.000. De estos han egresado 1.400 mil procesos, lo que significa que todavía hay un inventario final de cerca de 3 millones 600 mil procesos.
 
Justicia contemplativa


Los nuevos códigos Penal y de Procedimiento Penal: aciertos.
Quedan problemas en la dosificación de las penas carcelarias.
El proyecto que reforma a la Fiscalía tiene grandes aciertos.
El país sigue reclamando una nueva política criminal.



Colprensa, Bogotá
Opiniones favorables y en contra se escucharon de los expertos en el tema de justicia al evaluar la gestión del presidente Andrés Pastrana Arango.

Reconocieron como un éxito el manejo del tema carcelario y las reformas a los códigos, pero se mostraron preocupados porque una vez más el asunto se trató de manera parcializada y no como parte de una política integral.

El Código Unico Disciplinario, el nuevo Código Penal y de Procedimiento Penal, se pueden anotar como unos de los logros más relevantes de la administración Pastrana. Según el jurista Jaime Enrique Granados, de la Corporación Excelencia en la Justicia, la modernización de la legislación penal brindó un significativo avance en la lucha contra la delincuencia en general, además de haber puesto la legislación colombiana a tono para enfrentar los delitos de lesa humanidad y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Para el Director Nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, los códigos impulsados por el gobierno de Pastrana (que son de autoría de la anterior administración de la Fiscalía) son en general muy buenos, pero presentan problemas en la dosificación de penas. "Aunque se incluyeron 75 nuevos tipos penales, que es bueno, muchos de ellos están por debajo de los tres años de pena, lo cual los hace ex carcelables y generalmente son los delitos de mayor sensibilidad social", afirma Rodríguez.

En efecto, en julio de 2001 comenzaron a llover centenares de solicitudes de ex carcelación, pues al entrar en vigencia los códigos, los llamados delitos menores quedaron ex carcelables, y fueron 4.200 internos los que lograron salir gracias a la nueva normatividad. "Ello perturba el alcance y el espíritu de los códigos penales, pero trabajamos para corregir ese hecho, pues las actuales dosificaciones de penas están convirtiendo los códigos penales en un tigre de papel", dijo el Director de Fiscalías.

Pero más allá de la normatividad penal, también se le destaca al gobierno Pastrana el esfuerzo con relación a la modernización de la justicia penal (el proyecto de acto legislativo que modifica la Fiscalía).
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Germán Váldez Sánchez, "el proyecto tiene aspectos positivos y otros que valdría la pena replantear y analizar. Evidentemente el sistema mixto que ha venido imperando hasta ahora, como el puramente acusatorio, tiene unas y otras ventajas pero también algunas dificultades".

Según Váldez existen "algunas inquietudes por la forma como ha ido evolucionando el proceso de aprobación del proyecto de ley correspondiente", lo cual no indica que la iniciativa sea mala, sino que se debe tener mayor cuidado en su análisis.

Solución carcelaria
Si el gobierno de Pastrana escogiera un programa bandera en materia de justicia, sin lugar a dudas sería la modernización y mejoramiento del sistema carcelario colombiano. "El país no ha asimilado lo que significa la revolución en materia carcelaria. Este gobierno, hay que reconocerlo sin ningún rubor, ha sido el que más ha hecho en Colombia por las cárceles", dijo el analista Jaime Granados, de la Excelencia a la Justicia.

En efecto, cuando Pastrana llegó al poder en 1998, el sistema penitenciario tenía un hacinamiento del 41%. En los 174 establecimientos carcelarios había 41.405 presos cuando el cupo era para 29.300.
Por ello, cuando el ministro de Justicia, Rómulo González, anunció que erradicaría el hacinamiento carcelario, fueron muchos los que no le apostaron a ese proyecto. Sin embargo, lo que parecía una promesa utópica se convirtió, cuatro años después, en una realidad. Se construyeron cuatro penales y quedaron en ejecución otros dos. "El avance en esa materia es revolucionario. Tanto que se espera que el hacinamiento para diciembre sea tan solo del 3%", puntualizó Granados.

Justicia contemplativa

Así como fueron aplaudidos los logros, las fallas también fueron objeto de fuertes críticas. Para los entendidos en materia de justicia, el error principal de la administración saliente fue haber manejado el tema de manera parcializada y no integral, como lo requería el país.

Sin lugar a dudas, Pastrana le dio gran prioridad a lo penal, pero faltaron las reformas en el resto del ordenamiento jurídico. Tal vez porque el tema penal es dominante "pero no hay que desconocer las enormes dificultades de la justicia civil, pues el 95% está dedicada a llevar procesos ejecutivos y han convertido a los juzgados en ejecutores de los bancos y eso no está bien", señaló el jurista Granados.
También en los procesos laborales hay muchas dificultades, pues un solo caso puede demorarse más de cinco años. Peor ocurre con las demandas contra el Estado.

La situación es tan grave en esa área que los abogados versados en el tema la llaman jocosamente "la justicia contemplativa", porque los pleitos duran de siete a diez años. Pero uno de los puntos más críticos de la gestión Pastrana tiene que ver con el manejo de la política criminal. "Nosotros tenemos un consejo de política criminal que se reunió una docena de veces en cuatro años y la mitad de ellas para discutir el tema de la Ley de Jubileo y el tema de la justicia especializada", afirmaron los analistas consultados, quienes coincidieron en que no se vio un liderazgo en esa materia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Germán Valdés Sánchez, dijo que aunque no quiere hacer un enjuiciamiento a las acciones del gobierno respecto a la justicia, sí tiene serios reparos a que existieran "tantas limitaciones presupuestales, tantas restricciones, e inclusive se negaran algunas partidas urgentes para la justicia".

Proyecto de calidad y modernización
Como un récord sin antecedentes en la historia del país consideró el ministro de Justicia, Rómulo González Trujillo, la construcción de centros penitenciarios en el Gobierno del presidente Andrés Pastrana. Aseguró que el Gobierno le cumplió al país entregándole las más modernas y completas cárceles para erradicar, con obras de concreto y acero, y no con simples promesas, el problema del hacinamiento carcelario de Colombia. Resaltó la calidad con la que fueron construidas las prisiones y la aplicación de los procedimientos disciplinarios.

"No se trató tan solo de levantar cárceles, sino de que éstas fueran humanas, modernas y seguras, bajo los más estrictos parámetros de calidad", dijo. El Icontec entregó a la Penitenciaría Nacional de Valledupar el certificado ISO 9002 que acredita que ésta cumple con las más estrictas normas de calidad, tanto en su parte administrativa como en su régimen del tratamiento al interno.


 
 
Noviembre 29 de 2001
Los Hospitales San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil se salvaron de desaparecer gracias a que la Corte Constitucional permitió que fueran declarados Hospitales Universitarios.

Enero 19 de 2000
Los extraditables Fabio Ochoa Vásquez y Orlando García Cleves, detenidos en la operación Milenio, fracasaron en un nuevo intento para evitar que la corte Suprema de Justicia suspendiera los trámites de esa solicitud presentada por EU.

Enero 25 de 2002
Un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución de acusación en contra del ex ministro, Fernando Botero Zea, como presunto autor del delito de hurto agravado por la confianza y por la cuantía.

Julio 30 de 2002
Por vicios de forma la Corte Constitucional dejó sin vigencia la ley 684 de seguridad nacional. La normatividad estipulaba la investidura de funciones de policía judicial a la fuerza pública.



 
   
 


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