Por
Isolda María Vélez H.
Medellín

En la administración Pastrana se inició la tarea de fumigación de cultivos ilícitos como parte de la estrategia en la lucha contra el narcotráfico. La Policía Antinarcóticos, con aspersión con herbicidas, destruyó 147.582 hectáreas, con lo cual, según las autoridades, se evitó la producción de 855 toneladas de cocaína ó 8.6 millones de dosis, que hubieran generado a las organizaciones narcotraficantes US $21.400 millones.

De acuerdo con el informe, entre noviembre de 2000 y mayo de este año, se fumigaron 4.369 hectáreas de amapola, con lo cual el área de ilícitos destruidos en el país alcanza las 151.951 hectáreas.

El método de fumigación con glifosato, pese a los resultados numéricos, fue otra de las piedras en el zapato para el actual gobierno debido a las quejas de las comunidades afectadas.

Al comienzo del proceso, un paro armado promovido por las Farc mantuvo aislado al Putumayo del resto del país, en señal de protesta por el desarrollo del programa de fumigación. Después de cuatro meses, el paro cedió y el Gobierno inició un programa de erradicación voluntaria, en el que participaron cerca de 37.000 familias, según autoridades regionales. Este proceso ha tenido muchas dificultades que lo tienen al borde del fracaso.

Las mediciones satelitales de cultivos ilícitos en Colombia señalan la presencia de más de 120.000 hectáreas sembradas. La cifra, aunque se ha logrado la aspersión de más de 60.000 anuales, es creciente en más del 260% en relación con la registrada en 1995, cuando se estimaban 45.500 hectáreas.

Los escándalos de corrupción y malos manejos también estuvieron presentes en el Plan. Denuncias sobre el desvío de recursos, hechas por la misma Embajada de Estados Unidos, obligaron al presidente Andrés Pastrana a renovar la cúpula de la Policía Antinarcóticos, que durante el programa estuvo a cargo del general Gustavo Socha Salamanca.

Ante los escasos resultados en los pactos celebrados entre el Gobierno y las familias, se reanudará el programa de fumigación de cultivos ilícitos. El director de la Oficina de Asistencia de Narcóticos de la Embajada de E.U., Richard Baca, reconoció que "el Gobierno colombiano entró en ciertos acuerdos para erradicación voluntaria, pero los campesinos no cumplieron".

La decisión coincide con un reciente informe de la GAO (General Accounting Office), entidad fiscalizadora de los recursos de Estados Unidos, que calificó al programa como "limitado y poco efectivo", por el desgobierno en las zonas cocaleras que, generalmente, están en manos de grupos guerrilleros y paramilitares". Por eso, la idea es reestructurar el pacto con 50.000 familias.