La administración municipal de Medellín decidió no autorizar el ingreso de público para el clásico número 222 entre el Independiente Medellín y el Atlético Nacional, como una medida para frenar la violencia en el fútbol local.

La decisión, acertada o no, tiene varias rendijas por donde mirarla, todas con conclusiones bien diversas, de acuerdo con quien reciba las consecuencias de la determinación municipal.

Por ejemplo, para el alcalde Luis Pérez y su gabinete, la idea es aprovechar esta coyuntura para dar una lección de civismo a los jóvenes, que son, en su mayoría, los causantes de los desmanes y actos violentos después de los partidos de fútbol.

Por eso, el hecho de jugar en un estadio vacío y quitarle a los hinchas la posibilidad de disfrutar del partido, fue asumido como un ejemplo para que entiendan que el fútbol es un juego y nunca una guerra, para convencerlos de que la convivencia tiene que ser posible a pesar de las diferencias. Es decir, fue una medida pedagógica según la administración municipal.

La otra mirada, la de los que perdieron, no los tres puntos del juego sino el dinero que les genera el fútbol, la decisión gubernamental fue un castigo.

El Medellín que no recibió taquilla, los vendedores del estadio, los ambulantes, los taxistas, los de los negocios aledaños, todos ellos perdieron plata en un día que pudo haberles significado un ingreso importante.

Perdieron los hinchas que no tuvieron su fiesta en el Atanasio, y los equipos que no vibraron con la alegría de la fanaticada. Ganaron los vecinos que tuvieron un sábado tranquilo.

Pero lo que sí es cierto es que el fútbol sin público, no vale la pena.