Programa de Gobierno de Carlos Gaviria

Donaldo Zuluaga | Carlos Gaviria, candidato por el Polo Democrático Alternativo.

Introducción
Los colombianos y colombianas necesitamos y merecemos vivir mejor. El objetivo de la política y del Estado debería orientarse hacia la consecución del máximo bienestar y prosperidad del país y de la población. Esta propuesta invita a construir juntos un modelo de sociedad y de Estado que supere las injusticias, la pobreza y las desigualdades; resuelva el conflicto armado mediante la negociación política y la vigencia del Estado de Derecho, y haga posible la democracia plena, la soberanía de la nación y la dignidad ciudadana.

El contenido fundamental de nuestra campaña: Construyamos democracia, no más desigualdad resume el conjunto de nuestro Programa de Gobierno. Estamos convencidos de que la esencia de nuestros problemas radica en las enormes desigualdades de todo tipo que hoy padecemos como consecuencia del modelo económico y político imperante, y en la precariedad, las limitaciones y deformaciones de la democracia colombiana. Será imperativo entonces empeñarnos en combatir las desigualdades y reafirmarnos en la construcción de una democracia viva y pluralista.

En el marco de esta perspectiva, destacamos como eje central la defensa y consolidación del Estado Social de Derecho como fundamento de la paz, el bienestar, el respeto a la vida, el trabajo digno, la solidaridad, la convivencia democrática, los derechos universales de educación, salud, la paz y los derechos humanos. Para ello, es necesario modificar el actual modelo autoritario y mesiánico de gobernar.

Somos demócratas convencidos que impulsamos esta propuesta de izquierda democrática sin sectarismo, ni ambigüedades para hacer posible una alternativa de poder democrático que encarne las esperanzas de la sociedad colombiana. Este programa es la síntesis de múltiples experiencias y propuestas alternativas. No es más de lo mismo. Se construye sobre las conquistas del pensamiento y la cultura de la humanidad progresista como la inclusión social, el reconocimiento y respeto por la diversidad, la perspectiva de género, la soberanía, la dignidad y la solidaridad, y proyecta sus esfuerzos hacia el continente y el mundo de manera soberana e independiente.

Para que este Programa de Gobierno sea posible se requiere la más amplia participación ciudadana y el entusiasmo creativo de todos y todas. En este sentido, nuestro mandato se apoya en la voluntad popular y la construcción creativa de la democracia. El objetivo final es que Colombia, con el gobierno de izquierda democrática que representamos, recupere su dignidad y toda la población pueda avanzar tranquila y en paz hacia la prosperidad y el mayor bienestar posibles.

1. Política Social para la construcción de democracia
Garantía de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales.

Bajo los principios de respeto a la diversidad, de participación efectiva y de no discriminación, y orientada a reducir las desigualdades y a construir democracia, la política pública aplicará integralmente el conjunto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario vigentes para toda la ciudadanía y para todos y cada uno de los grupos poblacionales que integran el país, teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades específicas. Especial atención merecerán las mujeres, la niñez, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas y negros, los raizales, los gitanos, discapacitados, homosexuales, colombianos en el exterior, desterrados, exilados y refugiados, detenidos en cárceles colombianas o en el extranjero y todas las personas luchadoras sociales. Los siguientes serán los pilares de la política social.

Diversidad y no discriminación. Las políticas se dirigirán a crear las condiciones sociales, económicas, ambientales y colectivas para que en Colombia la vida sea digna, eliminando progresivamente las desigualdades e iniquidades y sus expresiones en miseria, hambre y pobreza injusta. Impulsaremos la legislación y reglamentación necesarias para que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles como fundamentales. Serán prioritarios los derechos de la niñez y las políticas contra el racismo, el sexismo y toda forma de discriminación. Se protegerá y dará participación a las personas inválidas. A las poblaciones históricamente discriminadas se les garantizarán las mismas oportunidades y defenderemos el precepto de a igual trabajo, igual salario. Defenderemos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y a la libre opción sobre su cuerpo. Se visibilizará y valorará el trabajo doméstico, rechazaremos la cultura y las expresiones sexistas, racistas, la violencia pública y privada contra las mujeres y otros grupos de población; nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra y forma de sometimiento. Desarrollaremos mecanismos de consulta a los grupos étnicos en cuyos territorios se desarrollen proyectos de explotación o exploración de recursos naturales o megaproyectos que pongan en peligro su integridad étnica o cultural. Impulsaremos políticas públicas que promuevan y hagan realidad los derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas.

Democracia plural con participación. Garantizaremos que las comunidades, organizaciones sociales y ciudadanía en general participen efectivamente en las decisiones de las políticas públicas, la planeación, la presupuestación, el ordenamiento territorial y en la defensa y vigilancia de lo público. Propondremos una reforma al sistema electoral y a las formas de representación para garantizar mayor democracia y participación. Promoveremos las formas de organización social y comunitarias de base. Estudiaremos y pondremos en vigencia las reformas necesarias a la estructura del Estado para hacer efectiva la aplicación de estos principios. Haremos efectivo el derecho de autodeterminación de los grupos étnicos y protegeremos los territorios colectivos de pueblos indígenas y el pueblo negro. Implementaremos las Entidades Territoriales Indígenas de manera concertada. Reconoceremos la pluralidad de modelos económicos existentes en Colombia, los planes de vida propios de indígenas y comunidades negras y su derecho a una articulación autónoma al sistema económico. Realizaremos una reforma concertada del sistema actual de transferencias a los pueblos indígenas. Se fomentará la recuperación y afirmación de la identidad y la cultura de los colombianos y de los distintos grupos étnicos y la visibilización de su aporte a la construcción histórica de la nación colombiana.

Democracia con seguridad social integral y salud. Propondremos un modelo de seguridad social integral de carácter público, que elimine el lucro privado del sistema de pensiones y articule los esfuerzos económicos de empleadores, trabajadores formales e informales y la responsabilidad del Estado a través de aportes e impuestos progresivos para alcanzar la solidaridad necesaria y la universalidad. Se implementará la pensión por vejez o invalidez como un derecho, cuyo tope máximo se fijará y cuyo monto mínimo será equivalente a un salario mínimo legal. Se abrirá un período de transición hacia un régimen de prima media. Se establecerá un sistema de pensiones público, único y autónomo, y un Fondo Público Único Nacional de Pensiones. Se suprimirán y liquidarán las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP) y el sistema de ahorro individual con solidaridad, con el objeto de proteger y garantizar el derecho a la pensión de todos los colombianos y en especial de quienes estén afiliados a los Fondos Privados de Pensiones. Los fondos individuales se trasladarán al Fondo Público Único Nacional de Pensiones. Los ciudadanos con capacidad de cotización, y en la medida en que lo hagan, tendrán derecho a una pensión adicional y seguro de desempleo, de acuerdo al ingreso base de cotización. Se organizarán mecanismos para que grupos poblacionales como los agricultores, campesinos o los transportadores independientes, puedan cotizar con el fin de mejorar el monto de su pensión.

La salud como un derecho. Ante la grave situación de salud pública, lo inadecuado e inequitativo del sistema de salud vigente que prioriza el lucro por encima de las necesidades y el dolor de las personas, aumenta la exclusión y propicia situaciones tan frecuentes y dolorosas como el denominado “paseo de la muerte, proponemos un nuevo sistema de salud basado en los siguientes principios:

1. La salud como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Impulsaremos en el Congreso la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y se tramitará un Acto Legislativo para darle constitucionalmente a la salud el carácter de derecho fundamental. Presentaremos un proyecto de Ley con un nuevo sistema de salud que acabe con la diferencia de una atención para ricos y otra para pobres; con la mercantilización de la salud; con la intermediación financiera y la estructura que la fundamenta, y con la corrupción rampante que permite que agentes privados nacionales y trasnacionales se apropien de gran parte de los recursos públicos dedicados a la salud. Por consiguiente, el Estado no será más el árbitro de los negocios sino el garante efectivo del derecho a la salud.

2. Salud pública, prevención y atención oportuna de las enfermedades y promoción de la salud. Se diseñará un sistema territorializado, solidario, cercano a las necesidades de la población y regido por la equidad, que garantice a todos y a todas la prevención de las enfermedades y la atención oportuna y adecuada en caso de enfermedad, el suministro de los medicamentos necesarios con particular atención a los niños, los ancianos, los discapacitados físicos y psicológicos, las personas dependientes y las mujeres embarazadas Se recuperará la red pública de hospitales y puestos de salud, para ofrecer una atención escalonada, por niveles y con un referente territorial. Se integrarán la perspectiva de género y la visión étnico-cultural para la adecuada prevención y atención, y la vigencia de los sistemas tradicionales de salud. Se desarrollarán la atención primaria, el saneamiento básico y la promoción de la salud como elementos esenciales del sistema de salud.

Democracia con ambiente sano y agua potable. La prioridad de la política ambiental será garantizar agua potable para todas y todos los colombianos. Para tal efecto se desarrollará de manera inmediata un proyecto nacional para que todos los municipios del país tengan agua potable para la población tanto rural como urbana. El acceso al agua será considerado un derecho fundamental y por tanto no se permitirá que la prestación del servicio se privatice bajo ninguna modalidad. Se realizará una política participativa de recuperación, cuidado y conservación de las fuentes de agua. Defenderemos el patrimonio ambiental y su no privatización e impulsaremos un modelo de aprovechamiento solidario, sostenible y equitativo del patrimonio ecológico para garantizar la autosuficiencia, autonomía, seguridad y soberanía alimentaria, energética y ecológica. Se adecuará la legislación forestal para proteger los bosques naturales y su aprovechamiento sostenible. No permitiremos que su explotación indebida arrase nuestros bosques para beneficio de las multinacionales o de intereses privados. Se impulsará un Plan Nacional para la Defensa y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y Defensa de los Parques Naturales como patrimonios de la Nación y se acabará con el sistema de concesión. Promoveremos el compromiso colectivo con un ambiente saludable y sostenible urbano y rural para las próximas generaciones y un trabajo para disminuir los impactos negativos sobre el ambiente. Cuidaremos del manejo de residuos líquidos y sólidos, domésticos e industriales, dando participación a los recicladotes.

Democracia con vivienda y servicios domiciliarios. Garantizaremos el derecho a la vivienda digna. La construcción de vivienda de interés social será una política de Estado y no un negocio para beneficio del capital financiero. Aplicaremos la reforma urbana a nivel nacional y políticas de vivienda digna para todos y todas los colombianos, un sistema financiero con créditos bajos y a largo plazo para la adquisición de vivienda social y el disfrute de arriendos o alquileres bajos y accesibles en una hábitat digno para las poblaciones de menores recursos. Se revisarán los casos de las 170 mil familias que en el último período perdieron sus viviendas bajo el sistema financiero de los Upac. El Estado garantizará la prestación de servicios públicos domiciliarios adecuados, con calidad y cubrimiento universal y tarifas justas y accesibles para toda la población. No se privatizarán los servicios públicos.

Democracia con educación, cultura y comunicaciones. Defenderemos la educación pública, universal, gratuita, de calidad y obligatoria mediante la presentación de una Ley Estatutaria de Educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media, y el fortalecimiento y gratuidad de la universidad pública. Se fortalecerán la formación técnica laboral y la etnoeducación. Se diversificará la educación teniendo en cuenta las particularidades regionales y su significado y aporte nacional. Se hará efectiva la libertad de cátedra, de enseñanza y de cultos. Se garantizará la permanencia, disponibilidad, accesibilidad y la equidad en el proceso educativo. Destinaremos recursos financieros para la dotación de los planteles educativos de todos los niveles. Se ofrecerá servicio estatal de educación preescolar de tres grados y de guarderías infantiles. Se elaborará participativamente un Plan Decenal Educativo. Incorporaremos en los programas educativos los derechos humanos y una cátedra sobre equidad de género. Se implementarán, de la manera más adecuada, los comedores escolares, la psicoorientación, la atención especializada a discapacitados y niños especiales, y la prevención a las adicciones. Se eliminará progresivamente el subsidio a la demanda en el sector educativo.

Ciencia y Tecnología: Definiremos una política pública de largo plazo que promueva la investigación científica, desarrolle el talento humano y vincule la investigación al desarrollo del país. Se asignará, incrementará y respetará el presupuesto requerido para respaldar la inversión en ciencia y tecnología. Se fortalecerán los parques tecnológicos convocando el concurso del Estado, del sector privado y de las universidades.

Cultura, artes y deporte. Implementaremos una política cultural que apoye los procesos de reconciliación, el respeto a la diferencia, la tolerancia y la pluralidad, y que afirme los valores culturales y de identidad nacional. Daremos a los artistas el reconocimiento y las garantías laborales y de seguridad social requeridos para el ejercicio de su actividad creativa. Se promoverá el deporte masivo, competitivo y la recreación gratuita.

Información y comunicaciones. Considerando el área de las comunicaciones como un bien público estratégico para el país y de servicio social, se impedirá su monopolio. Se impulsará la democratización de los medios de comunicación públicos y se fortalecerán los medios comunitarios y alternativos de comunicación. Defenderemos y garantizaremos la libertad de prensa y de expresión y regularemos el funcionamiento y la asignación de los medios privados de radio y televisión. Defenderemos la soberanía sobre la órbita geoestacionaria y satelital. Cumpliremos el papel que corresponde al Estado en la Comisión Nacional de Televisión. Haremos efectivo el rechazo a la mercantilización de la imagen del cuerpo de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Pondremos a disposición de las personas los medios tecnológicos suficientes para un ejercicio autónomo de la información y el conocimiento. Se fortalecerán las iniciativas de formación y educación en las tecnologías de la información y la comunicación para extender su uso de manera progresiva y rápida, en especial en los ámbitos de la educación, la salud, la cultura, la gestión empresarial y el comercio electrónico.

2. Política Económica

El eje central de nuestra política económica será la generación de empleo digno. Impulsaremos una política de crecimiento económico que incluya:

Igualdad con soberanía nacional: Rechazamos el Tratado de Libre Comercio suscrito por el actual gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica y convocaremos a una consulta popular, previa garantía de información a la ciudadanía, para que sea la sociedad colombiana la que decida al respecto. Ejerceremos soberanía sobre la explotación de los recursos naturales estratégicos tales como los hidrocarburos, el carbón, las salinas, el níquel, la generación eléctrica, los metales y minerales preciosos, de tal manera que su extracción favorezca los intereses nacionales. Igualmente, recuperaremos la soberanía sobre la utilización del espectro electromagnético, la plataforma submarina, el agua de los ríos, los páramos y los bosques.

Igualdad con desarrollo industrial. Recuperaremos para el Estado áreas estratégicas de la producción. Utilizaremos el exceso de divisas con que actualmente cuenta la economía para apalancar la inversión estatal en sectores estratégicos, tales como las telecomunicaciones, los recursos energéticos y la infraestructura vial al igual que la cofinanciación de proyectos productivos facilitando al mismo tiempo crédito de fomento a la pequeña y mediana industria. Impulsaremos la inversión productiva tanto pública como privada en cadenas productivas de alto valor agregado e intensivas en empleo. Apoyaremos la pequeña y mediana empresa, y protegeremos el trabajo asociativo, solidario y cooperativo, fortaleciendo el mercado interno. Igualmente aplicaremos una política arancelaria de protección a la producción endógena. Sobre la base de conseguir estos propósitos nos comprometemos a lograr un crecimiento anual mínimo del PIB del 6% en la perspectiva de mejorar el empleo y la calidad de vida de los colombianos.

Propiciaremos relaciones económicas y comerciales bilaterales y multilaterales sobre la base de respetar la soberanía de los países y de aplicar criterios equitativos en el intercambio comercial. Insistiremos en el propósito de un mercado común latinoamericano, que desarrolle proyectos estratégicos de integración en el área de las comunicaciones, infraestructura, energía, comercio y producción.

Diseñaremos una política pública de apoyo a las instituciones de investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología orientadas a la producción industrial y agrícola y a la solución de los grandes problemas del país. Estimularemos programas de formación e innovación científica y técnica. Garantizaremos los derechos de los trabajadores y estableceremos estímulos laborales a los empresarios.

Igualdad con recuperación del campo. El derecho a la tierra y al territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra, así como a quienes la han perdido como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores. Impulsaremos la inversión agrícola garantizando la soberanía alimentaria. Implementaremos una política arancelaria que restrinja las importaciones de bienes agrícolas y estableceremos precios de sustentación adecuados. Adicionalmente regularemos los costos de los insumos agropecuarios. Promovemos una política de fomento que posibilite crédito suficiente, oportuno y barato a los campesinos incluyendo condonación de deudas. Redistribuiremos democráticamente el latifundio improductivo y las propiedades rurales expropiadas al narcotráfico para la constitución de reservas campesina inembargables o su entrega a formas asociativas campesinas o cooperativas de pequeños productores.

En el marco de un ordenamiento territorial democrático ejecutaremos una planeación participativa regional que integre el campo con la ciudad procurando armonizar los intereses de la población. Impulsaremos la creación de mercados alternativos que potencien la solidaridad y la cooperación entre los campesinos y la población urbana.

Igualdad formalizando la economía informal. Propondremos la formalización de estas unidades sobre la base de una política pública que posibilite la ejecución de proyectos de inversión viables, acompañados de crédito de fomento, capacitación y planes de mercadeo.

Igualdad con seguridad laboral: El empleo digno y la generación de ingresos serán prioridades del conjunto de las políticas económicas y sociales en todos los niveles del Estado y del gobierno. Propondremos la derogatoria de la Ley 789 de 2002. Garantizaremos los derechos de asociación sindical y contratación colectiva para todos los trabajadores. Armonizaremos la legislación laboral con los convenios de la OIT. Proscribiremos las formas de tercerización de la contratación laboral y recuperaremos la vigencia del contrato individual y colectivo del trabajo. Propondremos la creación de una renta básica universal en reemplazo de la política de focalización que favorece las prácticas clientelistas.

Igualdad con derechos laborales. En cumplimiento y desarrollo del artículo 53 de la Constitución Nacional, someteremos a aprobación el Estatuto del Trabajo, debidamente concertado con los trabajadores y ajustado a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo-OIT-. Diseñaremos políticas de reconocimiento al trabajo de las mujeres y de su valor real y la contabilización económica del trabajo no remunerado de las mujeres en cuentas satélites. Eliminaremos las formas de discriminación laboral de la mujer.

Para la construcción de un modelo económico que garantice la equidad impulsaremos las siguientes políticas:

Igualdad con renegociación de la deuda pública. Impulsaremos la renegociación y recomposición de la deuda pública para recuperar recursos fiscales que posibiliten mayor inversión social en general y en salud y educación en particular. En el caso de la deuda interna esta renegociación debe recuperar para las tesorerías del Instituto de Seguros Sociales - ISS- ECOPETROL y las demás entidades estatales los dineros que se encuentran invertidos en TES. Adicionalmente le pagaremos al ISS la deuda social reintegrándole los dineros que los gobiernos anteriores dejaron de cotizar durante décadas, los que se apropiaron abusivamente como ingresos fiscales y los que utilizó el FOSYGA durante las “operaciones de salvamento” del sector financiero en la perspectiva de recuperar el régimen de prima media.

Renegociaremos con las Instituciones Financieras internacionales la reestructuración de la deuda externa y una moratoria en las obligaciones más gravosas para liberar recursos que permitan consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Denunciaremos los acuerdos stand by que impongan al país exigencias legales y políticas públicas que afectan la soberanía nacional y los intereses de la población. Suspenderemos el canje de deuda externa por interna mostrando las graves consecuencias en materia de endeudamiento interno.

Igualdad con control de la economía. Presentaremos al Congreso una iniciativa constitucional de reforma al Banco de la República y al sistema financiero para recuperar el manejo soberano de la política monetaria, el control de cambios y la emisión primaria de manera programada y técnica cuando esta sea necesaria para apalancar inversión productiva pública y privada y gasto social. Esta reforma incluirá la democratización accionaria y el acceso al crédito.

Igualdad tributaria. Impulsaremos una reforma tributaria democrática y progresiva, eliminando las exenciones a las rentas del capital consagradas en la actual legislación tributaria y aumentando progresivamente los impuestos a la renta. Propondremos un régimen diferente para las rentas de trabajo y para las rentas de capital.

Igualdad con servicios públicos domiciliarios. Propondremos, con carácter urgente, la derogatoria de la ley 142 de 1994. Garantizaremos acceso universal a los servicios públicos domiciliarios utilizando tarifas diferenciadas conforme a la capacidad de pago de las familias.

3. Conflicto, Seguridad y Paz

Entre las primeras preocupaciones de la población colombiana se encuentra siempre la de su seguridad y la de que se logre una solución negociada y efectiva del conflicto armado. El Presidente Alvaro Uribe convirtió la propuesta de seguridad democrática en el eje de su gobierno. Al término de su mandato es claro que obtuvo algunos logros pero a costos insostenibles para la soberanía nacional, para el Estado de Derecho, para los Derechos Humanos y para el presupuesto nacional. Además ya está demostrado, por la persistencia al final de su mandato del conflicto armado interno, que su modelo de seguridad democrática es insuficiente para resolverlo y que es necesario modificar substancialmente su estrategia y complementarla con un proceso de negociación política. Proponemos por tanto el diseño e implementación de una política nacional de paz, como política de Estado y no como bandera de campaña, que aproveche los logrados acumulados, corrija las graves inconsistencias e inconveniencias de la política vigente y se convierta en una alternativa real para la superación definitiva del conflicto armado en un tiempo razonable, como condición y garantía de una vida y una democracia seguras en un país equitativo y en paz.

Dada la importancia y complejidad de los temas en cuestión y de la confusión existente en algunos conceptos es necesario, antes de formular nuestra propuesta, enunciar algunas afirmaciones básicas. A diferencia del gobierno actual, reconocemos en primer lugar la existencia del conflicto armado en el país, originado en la desigualdad, la exclusión, la negación de las libertades, la represión de la protesta social y la violación de los derechos humanos. Si bien en algunas ocasiones dicho conflicto ha asumido formas terroristas por parte de sus distintos actores, no es correcto negarlo y reducir todo el problema a la confrontación del terrorismo. Rechazamos categóricamente el terrorismo y todas las acciones terroristas, vengan de donde vengan, y nos preocupa que el mismo Estado haya incurrido o pueda incurrir en ese tipo de acciones. No pueden considerarse ni reducirse a terrorismo las justas manifestaciones de la protesta popular ni los reclamos válidos de la sociedad organizada por mayor justicia y democracia real. Defendemos para el Estado de Derecho la exclusividad del uso legítimo de las armas y velaremos porque se haga efectiva y porque jamás el Estado la utilice abusiva o ilegítimamente.

Consideramos necesaria la vigencia del Estado Social de Derecho para poder brindar seguridad humana integral a todos y a todas en Colombia. Como bien público fundamental, la seguridad humana integral trasciende los conceptos de defensa, seguridad y guerra contrainsurgente. Se basa en la convivencia, la solidaridad, la igualdad y el respeto a la diferencia. Los ciudadanos tienen pleno derecho a demandar seguridad al Estado y éste tiene la obligación de garantizarla, pero dentro de la vigencia del Estado de Derecho y mediante una estrategia que combine los componentes sociales, políticos y militares del problema que enfrentamos.

La paz no puede seguir siendo un concepto vacío, o una realidad ignorada como lo ha sido para el actual gobierno, ni una promesa ocasional de campaña electoral. La consecución de la paz y la igualdad social es la principal tarea que tenemos todos en Colombia y debemos entenderla como una construcción colectiva y concertada del Estado y la Ciudadanía en los campos económicos, sociales y políticos y, en la actual coyuntura nacional, como el producto de la negociación política del conflicto armado con los actores implicados. Podemos decir que la paz nos conviene a casi todos mientras la guerra favorece a pocos y nos hace daño a todos. Con base en las consideraciones anteriores e interpretando el clamor popular que reconoce que ya existe en el país una saturación de violencia y que es el momento de la paz con justicia y de la solución negociada y definitiva del conflicto armado, hacemos las siguientes propuestas y asumimos los respectivos compromisos.

Convocar al país a la formulación e implementación de un Acuerdo Nacional de Paz que haga explícito el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, de las organizaciones insurgentes y de los grupos paramilitares, de deponer el uso ilegítimo e ilegal de las armas como mecanismo de resolución de los problemas que enfrentamos y de trabajar conjunta y solidariamente por encontrar mediante el diálogo y la concertación los caminos adecuados para el logro de la paz con justicia, soberanía y dignidad. Dicho Acuerdo debe contener los principios, mecanismos y condiciones fundamentales de la negociación política y las responsabilidades asumidas por cada sector para garantizar el éxito del proceso de negociación Al asumir el gobierno convocaremos al Consejo Nacional de Paz para que, bajo la directa responsabilidad y coordinación del Presidente de la República y de su Asesor para la Paz adelante las gestiones y defina los mecanismos necesarios para concretar el Acuerdo e iniciar el proceso de negociación efectiva con las organizaciones insurgentes y con los grupos paramilitares. Dicho proceso se adelantará de preferencia en el territorio nacional y en condiciones de cese de hostilidades y hostigamientos.

Mientras se avanza en la formulación del Acuerdo Nacional de Paz, se concretarán Acuerdos y Compromisos humanitarios, que garanticen el respeto al derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados y faciliten la liberación de las personas secuestradas, retenidas y privadas de la libertad por causa del conflicto. Estos Acuerdos no buscan legitimar las acciones derivadas del conflicto sino garantizar el derecho a la libertad de las personas, reducir el sufrimiento de las víctimas y sus allegados, crear condiciones de confianza entre las partes que los suscriben y hacer explícito el interés y el compromiso en la vía negociada para la resolución del conflicto armado.

Marco legal. Formularemos y buscaremos la aprobación del marco legal requerido para que los procesos de negociación, desmovilización y reinserción de los integrantes de las organizaciones insurgentes y de los grupos paramilitares comprometidos con el proceso de paz negociada se ciñan a los imperativos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, cuidando de manera especial el establecimiento de la verdad de los acontecimientos, la garantía de no impunidad en especial en lo relacionado con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el desarrollo del conflicto, y el resarcimiento debido a las víctimas.

Cooperación internacional para la paz, no para la guerra. Promoveremos desde el gobierno la cooperación internacional para lograr la paz y no para estimular o perpetuar la guerra. En ejercicio de la soberanía y la autodeterminación del país, desecharemos la ingerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de competencia del Estado colombiano y suspenderemos todo programa o tipo de ayuda de cualquier país que vulnere la soberanía nacional, trate de imponer políticas foráneas o dañe nuestro ecosistema. Demandaremos de la comunidad internacional analizar y fijar posiciones claras y coherentes en temas y negocios que han servido como combustibles a nuestro conflicto interno, tales como el tráfico de estupefacientes y de armas y la producción, venta y uso de minas antipersonales. Promoveremos el compromiso y el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos con nuestro proceso de paz y la conformación de un bloque de países que apoyen efectiva y autorizadamente nuestra Política Nacional de Paz y sus diferentes componentes.

Paz y cooperación con los países vecinos. La política de paz y negociación política del conflicto interno será también parte esencial de la política internacional y de fronteras, y constituirá el mejor aporte del país a la distensión y optimización de las relaciones con todos los países, en especial con nuestros vecinos geográficos. Nos comprometemos a respetar efectivamente la soberanía y el territorio de todos nuestros vecinos y solicitaremos su apoyo a nuestra política de paz.

Política de estupefacientes. Dada la gravedad del problema del cultivo y tráfico de sustancias sicoactivas, su impacto negativo sobre la tranquilidad y seguridad del país, y su relación con la persistencia del conflicto armado, buscaremos una solución de fondo y sin doble moral a los problemas del cultivo y el tráfico de este tipo de sustancias. Para ello plantearemos a nivel nacional e internacional el debate sobre la despenalización de la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes y llevaremos a los escenarios y Organismos internacionales y al Congreso de la República iniciativas parlamentarias y de política internacional que recojan los resultados de dicho debate. Crearemos alternativas de producción y de mercado a los campesinos que cultivan las plantas que sirven de insumos y apoyaremos la investigación sobre sus usos alternativos. Suspenderemos las fumigaciones aéreas con químicos contra estas plantas y prohibiremos del uso de microherbicidas como armas de la guerra antidrogas.

Frente a la extradición. Ningún colombiano será extraditado por delitos cometidos en el país. Sólo se concederán extradiciones para quienes habiendo cometido delitos en otros países busquen refugio en Colombia, siempre y cuando exista reciprocidad por parte de los países solicitantes y garantía del respeto a los derechos de los sindicados.

Frente a los desplazados y demás víctimas del conflicto. La negociación política del conflicto y el logro de la paz permitirán acabar de raíz el grave y vergonzoso fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia. Mientras se avanza en el proceso, garantizaremos desde el gobierno los derechos individuales y colectivos de los desplazados y sus organizaciones y atenderemos esta crisis humanitaria acogiendo la legislación nacional y las recomendaciones de las agencias especializadas. Igualmente nos comprometemos a brindar condiciones de vida dignas y atención adecuada y oportuna a las demás víctimas del conflicto, en especial a los integrantes de grupos vulnerables como niños y niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes y población en situación de discapacidad.

Frente a otras formas de violencia y delincuencia. El conflicto armado constituye la máxima expresión y el mayor estímulo para las distintas formas de violencia que padece el país. Su resolución se convierte, por tanto, en elemento fundamental para la reducción de la violencia. No obstante, es urgente y necesario enfrentar las demás formas de violencia que deterioran nuestra calidad de vida mediante políticas sociales y preventivas y una política criminal científica y en armonía con nuestra realidad social. Nos comprometemos, en consecuencia, a definir, financiar y ejecutar políticas, programas y acciones para enfrentar las diversas formas de la denominada delincuencia común, la violencia callejera, la violencia intrafamiliar, particularmente la que afecta a los niños y niñas y a las mujeres, la violencia sexual y la violencia en el trabajo. Dados los altos índices de armamentismo de la población, promoveremos programas de desarme como los que ya se han iniciado en algunas ciudades y regiones del país, reduciendo así el riesgo de hechos violentos y fortaleciendo la cultura de paz y convivencia.

4. Política Internacional

Nuestro objetivo es construir una nueva política exterior basada en la soberanía nacional y popular, donde la solidaridad internacional, el pluralismo, el multilateralismo, y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos sean sus ejes fundamentales. Para lograrlo y en ejercicio de estos principios nos proponemos:
Una integración regional abierta. Daremos prioridad al fortalecimiento de la integración subregional y continental, priorizando las relaciones fraternas con nuestros vecinos en la perspectiva de una América Latina y Caribeña unida desde sus culturas, sus diferencias y afinidades y sus apuestas de desarrollo alternativo. Revisaremos los acuerdos y tratados de integración ya firmados para proponer que prime en ellos la integración social, política, cultural y económica, sobre la base del reconocimiento de nuestras asimetrías y nuestras necesidades comunes.

Apoyaremos la creación de una empresa latinoamericana interestatal de energía. Frente a los proyectos de interconexión latinoamericana de transporte, energía y poliductos evaluaremos, con las comunidades involucradas, su necesidad, su prioridad y su impacto ambiental y social. De aprobarse su construcción, mantendremos su carácter público y el control estatal sobre los mismos. Apoyaremos la entrada en vigencia del pasaporte andino que permita una libre integración entre los pueblos Bolivarianos. Desarrollaremos y diversificaremos las relaciones con otros grupos de naciones, en particular con Europa, China y el bloque Asia Pacífico y países Sur-Sur.

Política de fronteras. Impulsaremos programas de educación temprana y de educación ciudadana y comunitaria, dirigidos a fortalecer los lazos de hermandad entre nuestros pueblos en las zonas de frontera. Promoveremos el desarrollo de polos empresariales binacionales en regiones fronterizas y fomentaremos el intercambio comercial creando ejes de comunicación regionales para un adecuado flujo de mercancías. Desarrollaremos experiencias horizontales de integración cultural, social y económica desde las organizaciones sociales, empresas asociativas, comunidades regionales y entes territoriales.

Colombianos y colombianas en el exterior. Apoyaremos a nuestros conciudadanos que viven como trabajadores en el exterior, para que fortalezcan su organización autónoma como colonia colombiana, y a través de la misma mantengan sus lazos culturales, sociales y políticos con la realidad nacional. Desde esa perspectiva propondremos que ese 10% de nuestra población, pueda ampliar su representación en el Congreso Nacional. Realizaremos un censo que brinde información confiable sobre su situación y contribuya a reorientar las políticas de nuestro servicio exterior. Trabajaremos por la legalización de sus residencias y por el mejoramiento de sus condiciones migratorias, económicas y legales. Abogaremos por el respeto a sus derechos humanos, laborales, sociales y políticos, y en particular de los derechos de los colombianos presos en otros países. Fomentaremos acuerdos binacionales en educación, cultura y medio ambiente. Impulsaremos políticas para racionalizar los costos del envío de remesas. Crearemos estímulos para el retorno de los colombianos que viven en el exterior y fomentaremos su sentido de pertenencia. En cumplimiento de los mandatos de la UNESCO, promoveremos el retorno de nuestro patrimonio arqueológico saqueado durante 514 años. Velaremos porque el servicio exterior sea prestado por funcionarios competentes.

Participación en Organismos internacionales. Participaremos activamente en los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, impulsando la democratización de su funcionamiento, su adecuación a los nuevos problemas y contextos internacionales, por encima de los intereses de las grandes potencias y grupos transnacionales.

En favor de la paz. Buscaremos la mediación internacional para contribuir al logro de la paz en Colombia, con el respeto a nuestra soberanía e integridad territorial. No permitiremos que Colombia sirva de base de agresión contra los gobiernos y pueblos de los países hermanos. Jamás propiciaremos o respaldaremos, como sí lo ha hecho el actual gobierno, invasiones o intervenciones armadas de un estado sobre otro. Apoyaremos solidariamente a los pueblos que sufran catástrofes naturales, bloqueos, discriminaciones y acciones agresivas de los países dominantes. Impulsaremos el cumplimiento de los pactos internacionales en defensa de los derechos humanos, medio ambiente, recursos naturales, derechos laborales, de las mujeres, las minorías y la niñez, así como la lucha contra la pobreza y la corrupción.