Competencia del organismo se sabrá al final del proceso.
Las próximas audiencias serán en Buenos Aires, Argentina.
Se llamarán testigos que hayan tenido que ver con el proceso.



Por
Juan Diego Restrepo E.
Ciudad de Panamá

El Consorcio Hispano Alemán (CHA), firma europea que agrupa las empresas que construyeron el Metro de Medellín, asumirá la deuda de US$350.000 que actualmente tiene la Empresa de Transporte Masivo del Valle del Aburrá (Etmva) ante el Tribunal de Arbitramento Internacional por concepto de gastos de funcionamiento de esa instancia jurídica.

Esa es una de las decisiones tomadas el pasado miércoles en esta ciudad luego de la primera audiencia privada entre esas empresas y los árbitros Jorge Suescún Melo, en representación de la Etmva, Antonio Cremades, del CHA, y Julio Roberto Comadira, un tercero neutral, que componen el Tribunal de Arbitramento Internacional.

En la audiencia estuvieron presentes los equipos de abogados de ambas partes encabezados por Fernando Londoño, del constructor y Carlos Betancur Jaramillo, del Metro. Ante esa instancia jurídica de carácter internacional, convocada de manera unilateral por el Consorcio el 5 de julio de 2000, se trata de resolver un conjunto de reclamaciones, valoradas en US$640 millones, surgidas durante la construcción y puesta en marcha del sistema de transporte masivo del Valle del Aburrá.

El CHA asumirá el gasto porque la Etmva se declaró impedida, pues debe acatar los pronunciamientos hechos por la Procuraduría General de la Nación, organismo de control que abrió investigación contra el ex gerente Alvaro Bernal Londoño por haber autorizado el primer pago como aporte a los gastos de funcionamiento de ese organismo.

El trabajo del Tribunal de Arbitramento tiene un costo de US$1.7 millones, los cuales deben ser cubiertos por el CHA y la Etmva por partes iguales. La decisión de que sea el Consorcio el que cubra ese pago se tomó en el seno de la audiencia y responde a la normatividad de esas instancias, que señalan que si una de las partes tiene dificultades para cancelar su aporte, debe hacerlo la contraparte o aquella que lo convocó.

Otras decisiones
En la audiencia también se determinó que todas las excepciones expuestas por la Etmva, entre ellas la de que se declare la incompetencia de ese Tribunal para dirimir el litigio jurídico, será definido en el laudo definitivo, es decir, al final del proceso, pues los árbitros requieren de mayor tiempo de estudio, dada la complejidad del tema.

“De acuerdo con el reglamento de la Uncitral (bajo el cual se desarrolla este proceso jurídico) el pronunciamiento se puede hacer de manera previa o en el laudo definitivo. Una de las decisiones tomadas ayer (el miércoles) definió que sería al final del proceso”, explicó Fabián Marín, uno de los abogados de la Etmva presentes en la audiencia.

La excepción de incompetencia, expuesta de manera reiterada no solo por los juristas que asumieron la defensa de la Etmva, sino por diversas autoridades de la ciudad, como el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, se basa en los pronunciamientos jurídicos hechos por la Corte Consitucional que advirtieron que antes de convocar a un tribunal internacional, se debía esperar un fallo contencioso administrativo que resuelva si están en vigencia unos acuerdos firmados en 1992, que definieron esa instancia como el escenario jurídico para resolver diferencias, o los rubricados en 1994, que establecieron el acuerdo directo. Actualmente, ese proceso se encuentra en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Más audiencias
Las próximas audiencias, que comenzarán a partir del 8 de abril de 2002, se cumplirán en Buenos Aires, Argentina. Tanto el jurista Marín, como Carlos Betancur Jaramillo, apoderado de la Etmva y quien conduce la defensa, explicaron que el proceso entró en la fase probatoria y desde ahora y hasta esa fecha, tanto el CHA como la empresa antioqueña tendrán la oportunidad de aportar más pruebas documentales.

Además, se recurrirá a testigos de las partes que de alguna manera hayan estado presentes en el desarrollo del problema, quienes por ahora deberán responder por escrito las preguntas de los árbitros, referidas sobre todo a aclarar antecedentes del conflicto.

Si hay necesidad de contrapreguntar, entonces serán citados a Buenos Aires, hasta donde deberán desplazarse para ser interrogados de manera más directa. Los costos del viaje y la estadía correrán por cuenta de cada una de las empresas.

La primera audiencia privada, a juicio de los representantes del Metro de Medellín, les dejó satisfechos. “Creemos que hemos hecho un buen trabajo, fuimos claros en nuestra posición y esperamos que a finales del 2002 esté resuelto este litigio a favor del Metro”, concluyeron tanto Fabián Marín como Carlos Betancur Jaramillo, representes de la empresa antioqueña.

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