Se espera decisión de la junta directiva del Metro para presentarla.

El 12 de julio, el gerente de Metro se reunirá con los nuevos congresistas antioqueños para definir qué hacer con la reforma de la Ley de Metros. Donaldo Zuluaga

Medellín
A nadie, en los últimos seis años, se le había ocurrido demandar por inconstitucional la Ley 310 de 1996, llamada Ley de Metros, que reglamenta la manera cómo la Nación se vincula a la financiación de proyectos de transporte masivo en el país y que, a juicio de los antioqueños, es inequitativa en el caso del Metro de Medellín.

Hoy, esa salida no sólo es viable sino que está lista y su presentación ante la Corte Constitucional depende de la decisión que tome la junta directiva de la empresa. La propuesta cobra fuerza tras el tropiezo sufrido por el Proyecto de Ley 258, mediante el cual se pretende cambiar la participación de la Nación en la financiación de la construcción y puesta en marcha del sistema masivo de transporte de la ciudad.

El pasado 21 de junio durante las sesiones extras del Senado, por falta de quórum, no se logró aprobar en segundo debate, razón por la cual será discutido a partir del próximo 20 de julio, cuando el nuevo Congreso inicie la actividad legislativa.

Un nuevo paso
La salida se le ocurrió a Fabián Marín, jefe de la Dirección Jurídica del Metro de Medellín, un estudioso del Derecho, quien no duda en señalar que es otra manera de buscar la equidad en la aplicación de la Ley de Metros, pues en el caso antioqueño, la Nación sólo financia el 40% mientras que en otros proyectos del país participaría con el 70%.

En plata, bajo una deuda calculada de US$2.900 millones, quiere decir que la región debe responder por US$1.740 millones, es decir, $4.1billones, y la Nación por $2.7 billones. Si la modificación a la Ley de Metros se logra, sea bajo la aprobación del Proyecto de Ley 258 o la aceptación de la demanda en la Corte Constitucional, los compromisos cambiarían: La Nación respondería por $4.8 billones y la región por $2 billones, logrando la región un importante ahorro.

"Tengo preparado una demenda de inconstitucionalidad de la Ley de Metros por violar el derecho a la igualdad", asegura Marín y sustenta su posición en que la actual ley trata de una manera a Medellín y de otra al resto del país. "Jurídicamente, la demanda se puede hacer hoy, mañana, en una semana, en un mes, pero el momento pertinente lo debe valorar la junta directiva", explica el jurista.

Tanto el proceso legislativo como la posible demanda no son incompatibles y pueden hacerse de manera conjunta, salvo que el trámite del Proyecto de Ley en el Senado y, posteriormente, en la Cámara vaya tan bien que no justifique acudir a la Corte Constitucional para resolver el asunto.

"No obstante, creemos que se va a hacer, sólo dependemos de la junta", reitera Marín. El trámite ante esa instancia duraría unos ocho meses y podría ser más rápido incluso que la aprobación del Proyecto de Ley 258 en el Congreso. ¿Por qué no demandaron antes? Es la pregunta obligada en este tema. El abogado Marín es claro al responderla: "Porque a nadie se le ocurrió".

"Haremos lo posible"
La demanda ante la Corte Constitucional es apoyada por el gerente de la empresa Metro, Ramiro Márquez, quien asegura que tocará todas las puertas posibles para buscarle solución a un problema que no sólo es regional sino nacional.

"Llevo un año y cuatro meses tratando de concientizar a la gente para unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones al segundo problema más grande que tiene Antioquia después de la violencia", sostiene Marquez, quien de pasó desvirtúa que haya habido precipitud en el trámite ante el Senado, tal como lo advirtieron algunos senadores consultados por este diario y que pidieron la reserva del nombre. "Buscar la solución de una manera diligente a un problema que lleva más de diez años, no puede ser preciputid", replica Márquez.

Pese a que la reforma propuesta ha sido cuestionada por el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, y el director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry, quienes, a nombre del Gobierno nacional, pidieron archivar el proyecto, por considerarlo inconstitucional e inviable financieramente, el trámite seguirá su curso, a la espera de la decisión que tome el nuevo gobierno. [JDRE]