Se han hecho esfuerzos para cumplir, pero algo más poderoso lo impide.

“Ha habido mucho poder ante una justicia no hecha para la alta delincuencia”.

La Fiscalía asegura que la investigación no se ha cerrado para nadie.

Por
Carlos Olimpo Restrepo, Gustavo Adolfo Gallo M., León Jairo Saldarriaga
Área Metro
Medellín

A pesar del paso de los años, las investigaciones penales y disciplinarias abiertas por las irregularidades ocurridas en la adjudicación, contratación y construcción del Metro de Medellín, no han prescrito. Así lo garantizó un vocero de la Fiscalía General, al precisar que “la investigación no se ha cerrado para nadie, porque no hay detenidos”, y que siguen todas las pesquisas, es decir, está vigente.

Pero esa lentitud para presentar resultados es la que deja un sabor de impunidad entre la opinión pública, cuando aún no se conocen responsabilidades por sobrecostos, como que una obra contratada en US$ 650 millones terminó valiendo más de US$ 2.400 millones.

Con el propósito de encontrar razones para esa evidente inoperancia, EL COLOMBIANO indagó a varios de los contralores, procuradores y fiscales que han conducido los organismos de control en los últimos 20 años, quienes justifican sus actuaciones.

Uno de los señalamientos contra estos funcionarios es que ha existido un poder inmenso y oculto que ha llevado a que un estado de corruptela se haya sobrepuesto al Estado jurídico.

“Justicia para el común”
Ignacio Mejía Velásquez, jurista y estudioso del tema Metro, considera que la empresa “nació viciada y por eso tiene el virus allá metido”.

Había demasiado poder ante una justicia como la nuestra, hecha para el delincuente común no para la alta delincuencia.

Una explicación fundamental para que al pasar los años no se conozcan resultados del tamaño de las denuncias sobre corrupción que han rodeado la historia del Metro, es que -asegura- nuestro sistema judicial no estaba ni ha sido hecho para la alta delincuencia, sino para lo que llama delito común, como el atraco, el hurto calificado, los problemas pasionales y pequeños peculados.

Es decir, se ha carecido de una estructura profesional cultural y de experiencia, incluso para llegar al conocimiento de la forma como se proceden los delitos en el campo financiero. “Esa inferioridad de la justicia como medio, frente a sus fines, ha sido campo propicio para la comisión de gravísimos delitos y para su impunidad”, sostiene.

El del Metro es uno de esos casos típicos que marca la inferioridad de nuestro sistema judicial.
Más aún, Mejía Velásquez anota que esto también puede decirse del control fiscal, que no estaba preparado para las altas contrataciones y las formas torcidas que en ellas se pudieran presentar, sino para las tareas de rutina como exámenes de cuentas o arqueos de caja.

En criterio del jurista, el control fiscal fue un medio inferior a sus fines que dejó pasar las graves irregularidades, quizás en parte por cerrarle los ojos a los delitos cometidos, pero fundamentalmente por la incapacidad de afrontarlos en el nivel requerido.

Delitos ignorados
¿Pero qué dudas han quedado en la historia del Metro? Mejía afirma que están las coimas o sobornos que se han empezado a revelar cuando han prescrito los delitos, pero de lo cual, desde un primer momento, hubo indicios graves de que funcionarios de la Procuraduría hicieron que se investigaran esos hechos, pero sus superiores prefirieron despedirlos. Añade que lo mismo ocurrió en la Contraloría con funcionarios que hicieron el examen de la parte fiscal.

De la herencia de irregularidades, Mejía señala la forma como fueron inflados los costos de ejecución del contrato en tantos casos, siempre en la confianza de que el Metro no iba a pagar eso y que de alguna manera el pago le caería a la Nación. “Todo se hacía mediante cuentas adicionales que ahora son materia de cobro en los arbitramentos”.

También destaca los cambios de las bases del contrato, que constituyeron una violación del sistema de contratación administrativa, ignorados por las administraciones y los controles de turno.

Precisa que las propuestas estaban sobre la base de US$ 550 millones, y la adjudicaron a una de US$ 650 millones con iguales características. “En US$ 100 millones caben cien millones de razones para cometer irregularidades”, reitera. “Uno se va encontrando que lo que no aparecía en el contrato, estaba por fuera en las comisiones del señor Sarasola, y de quienes le colaboraron aquí”.

“La Ley prohibe contratar durante cinco años con el que se le ha caducado, y para recontratar con el mismo, revocaron la caducidad y contrataron en condiciones mucho mejores para ellos”.
El ex magistrado recalca que aquí nadie conocía de contratación especial, y “si se pregunta a diez personas del común y aún del sistema judicial, muchos no saben qué es un contrato llave en mano”, lo que demuestra la inferioridad de la justicia para cumplir sus fines, y la superioridad de los medios del delito para impedir su acción.

Afirma que puede haber personas en la misma Administración que concurran a la irregularidad para obtener provecho, pero también las hay que no disponen de conocimientos, con lo que ayudan al delito por vía de su incompetencia. Por esa razón estima que frente al problema han pasado presidentes de la República, alcaldes, gobernadores, contralores y procuradores, y “siguen derechito”.

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