| “El
poder que había detrás era superior a la justicia”
 Así
lo recuerda el ex magistrado Ignacio Mejía Velásquez
Por
León
Jairo Saldarriaga
Medellín.
Cuando se adjudicó
el proyecto al Consorcio Hispano-Alemán, la firma francesa
Francorai, que quedó de segunda en la licitación, contrató
al jurista antioqueño Ignacio Mejía Velásquez
para que estudiara a fondo el acto de adjudicación. (Francorai
era la empresa de transporte masivo del estado francés).
“Encontré gran cantidad de fallas jurídicas y de
mucha gravedad”, declaró Mejía a EL COLOMBIANO.
Consideró que la más protuberante es que la Junta del
Metro no estaba capacitada para adjudicar un contrato de esos, porque
los miembros no lo conocían. Explicó que entonces, la
Junta, se apoyó en una firma asesora, Electro Watt, que era
filial de la Siemens, pero que aquí decían desconocer
esa situación, que más tarde no resultó ser así.
“Los pliegos tenían limitaciones, había un presupuesto
oficial de US$500 millones y un rango del 10%, de modo que no se aceptaría
ninguna propuesta ni por encima ni por debajo”, afirmó.
Las seis propuestas, subrayó Mejía Velásquez,
estuvieron dentro de ese rango, menos una, que cotizó por US
$654 millones, es decir, US$100 millones más del límite
y, sin embargo, le adjudicaron a esa, el Consorcio Metromed.
Aseguró que la adjudicación se hizo con base en el concepto
que emitió la firma asesora, filial de la adjudicataria. “Cuando
le hablo del concepto de esa firma, quiere decir que se ejecutó
un contrato de asesoría, pero no había sido formalizado.
En el Código Penal la adjudicación de un contrato administrativo
no formalizado es un delito”, dijo. Además, recalcó
que Electro Watt era una firma extranjera no autorizada para funcionar
en el país.
Denuncias sin efecto
En su análisis del conjunto de irregularidades, destacó
que el contrato fue adjudicado con base en un diseño y, tan
pronto lo adjudicaron, lo cambiaron para pasarlo por el Centro.
El jurista agregó que los pliegos señalaban que el
contrato tendría que ser en dólares americanos y poco
después lo cambiaron a marcos y pesetas, alterando las bases
de liquidación, que repercutió en el costo.
Recordó que aquellas denuncias fueron elevadas ante la Procuraduría
General, cuyo titular las remitió al jefe de investigaciones
administrativas, quien concluyó que había irregularidades
e incluso delitos en la adjudicación. “El Procurador
desconoció ese informe y destituyó al jefe de investigaciones”.
Mejía evocó que siempre se dijo que éste no
era un contrato para un Metro, sino un Metro para un contrato, porque
lo que importaba era adjudicarlo, no tanto la obra. “A través
de eso se fue conociendo que había personajes de postín
que estaban detrás de los beneficios del contrato. Es lo
que apenas se empieza a descubrir, es decir, quiénes eran
y qué consiguieron”.
Después de aquel episodio, dijo, el Contralor General instruyó
a dos investigadores, quienes le presentaron un estudio muy denso
en el que corraboraban las irregularidades desde el punto de vista
fiscal y los delitos cometidos. Pero igual que con el Procurador,
“el Contralor ocultó la investigación, se guardó
el concepto y destituyó a los funcionarios”.
Después de lo que vivió y de sus denuncias sin respuesta
en los organismos competentes, a Mejía Velásquez le
quedó una conclusión contundente: “El poder que
había detrás era demasiado fuerte, superior a la capacidad
de acción de la justicia”.
Al observar los hechos de hoy, sostuvo que estudios técnicos
indicaban que el Metro no era viable, porque los precios lo hacían
el el más costoso del mundo, no como hipérbole, sino
como realidad económica, y por ello nunca se amortizaría
la inversión.
Como dijeron que el Metro daría para sus gastos de sostenimiento
sobre la base de 950 mil pasajeros-día, se advirtió
desde entonces que no produciría mas de 250 mil.
“La realidad demostró que ese es el potencial y que
la cifra mayor era un engaño, por lo que el Metro no sería
viable”, recalcó.
Como anécdota, comentó que alguna vez le interrogaron
sobre los motivos para tanta anormalidad y dijo que no los conocía,
pero que “en una diferencia de US$100 millones, caben 100 millones
de razones para tanta irregularidad y hoy, con mayor razón,
pienso igual”.
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