Investigaciones del ente de control limitan la defensa ante el Tribunal.

Medellín
Las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra ex funcionarios del Metro de Medellín por el pago del Tribunal de Arbitramento Internacional amarran la defensa de la compañía antioqueña.

Así lo admitieron los abogados del Metro después de explicar los pormenores de la audiencia que se hizo el miércoles anterior en Ciudad de Panamá entre los asesores jurídicos de ambas partes y los jueces del Tribunal de Arbitramento, el argentino Julio Rodolfo Comadira, el colombiano Jorge Suescún Melo y el español Juan Antonio Cremades, quienes resolverán las reclamaciones que el Consorcio Hispano Alemán le hace a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, por US$640 millones, surgidas durante la construcción y puesta en marcha del sistema de transporte de la ciudad.

“El Consorcio Hispano Alemán pagará los US$350.000 del proceso que le correspondían al Metro porque no pudimos asumirlos en vista de las investigaciones que abrió la Procuraduría contra ex funcionarios de la compañía, quienes aprobaron el pago inicial”, indicó el abogado de la Etmva, Fabián Marín. Otro de los juristas de la empresa, Mauricio Ortega, coincidió con la afirmación y añadió que los organismos de control tienen que comprender que el Metro se está defendiendo en una instancia que es real, en la que se tomarán decisiones judiciales. “No podemos quedarnos estáticos sin defendernos”, dijo.

Defensa intranquila
Marín explicó que lo que cuestiona la Procuraduría es el pago de las costas del proceso, que para el Metro equivalen a US$850.000, de un total de US$1.7 millones que cuestan los gastos de funcionamiento de esa instancia judicial internacional.

La situación tiende a complicarse porque el próximo año deberán comparecer ante el Tribunal, que sesionará en Argentina, varios testigos, tanto del Metro como del Consorcio. Los gastos corren por cuenta de las partes; en ese sentido, la empresa antioqueña podría verse abocada a otras investigaciones por parte del organismo de control.

“Si la Procuraduría abarcara todos los desembolsos que ocasiona el Tribunal, no podríamos entonces presentar testigos en Buenos Aires, porque en un posible traslado, debemos responder por el valor del viaje y la estadía. Eso sería dramático y un despropósito. Sin duda, la investigación de la Procuraduría es un hecho que dificulta la toma de decisiones tranquilas, como por ejemplo el hecho de no haber pagado los US$350.000 dólares que nos correspondían”, insistió Marín, quien aclaro que el dilema será puesto a consideración de los jueces para definir si esos gastos salen del costo total del proceso o, por el contrario, son dineros adicionales.

El temor está fundamentado en el proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el ex gerente Alvaro Bernal Londoño, y el entonces gobernador encargado de Antioquia, Óscar Arboleda Palacio, por las autorizaciones dadas para que el Metro asistiera al Tribunal, lo que exigió un pago inicial de US$500.000.

El gerente de la Etmva, Ramiro Márquez, informó que en la sesión de Panamá, se tomaron decisiones procedimentales y los árbitros negaron la aspiración que presentó el Consorcio de ampliar la demanda contra el Metro.

“Estoy satisfecho con lo sucedido en Panamá. Vamos a seguir defendiéndonos porque estamos seguros que tenemos la razón y nuestros argumentos así lo ratificaron en la primera cita. La pretensión que teníamos que el Tribunal se pronunciara sobre su competencia no fue tenida en cuenta y sólo se sabrá al final del proceso”, indicó el funcionario.

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