El consorcio sus pretensiones de US$511 millones a US$640 millones en la reclamación.

Por
León Jairo Saldarriaga y Gustavo Adolfo Gallo M.
Área Metro
Medellín

Dos fallos de la justicia colombiana hacían inviable la convocatoria de un Tribunal Internacional de Arbitramento para dimir las reclamaciones del Consorcio Hispano Alemán a la Empresa del Metro.

Y por encima de esas sentencias, el gerente del Metro hasta el martes pasado, Alvaro Bernal Londoño, decidió desconocer esos fallos e involucrar a la compañía en esa disputa que pone en juego la estabilidad económica del Departamento, del Municipio y del mismo Metro.

Esta determinación se tomó en contravía con la posición de uno de los socios de la Empresa: el Municipio de Medellín, cuando las reclamaciones sumaban US$ 511 millones y hoy ascienden a US$ 640 millones.

¿Qué significa para el Metro acudir al Tribunal? ¿Tienen los socios con qué enfrentar unas reclamaciones por 640 millones de dólares? ¿Por qué se acudió a esa instancia pasando por encima de las decisiones judiciales? Estas preguntas las debe resolver los nuevos dirigentes.

La expectativa de cambio en la conducción de la empresa del Metro de Medellín, promovida con otros criterios por los nuevos mandatarios regionales, abrió las puertas a la posibilidad de frenar en seco el avance del Tribunal de Arbitramento Internacional.

Si bien el Tribunal sesiona desde diciembre pasado, en Ciudad de Panamá, y para su funcionamiento las partes tuvieron que aportar un millón de dólares, este escenario jurídico se podría suspender por parte de la Empresa del Metro con el retiro del árbitro designado para tal efecto, el abogado Jorge Suescún Melo.
Una de las razones esenciales es el consenso que existe entre el gobernador, Guillermo Gaviria y el alcalde, Luis Pérez, sobre la inconveniencia de resolver las reclamaciones a través de esta figura. Los mandatarios han expresado que no respaldan el Tribunal Internacional, porque el diferendo se debe resolver de acuerdo con la normatividad interna y según los fallos que han proferido las altas cortes en la materia.

Incluso, Pérez Gutiérrez reclama que las autoridades competentes deben investigar por qué la anterior Gerencia del Metro aceptó ese escenario.

La posición de los gobernantes coincide con la asumida con firmeza por el exalcalde Juan Gómez Martínez, quien en su momento se opuso a la convocatoria del Tribunal que hizo el constructor y al posterior nombramiento del árbitro por parte del Metro.

Sube la demanda
EL COLOMBIANO dialogó con dos de los miembros del Tribunal, el colombiano Jorge Suescún Melo, de la empresa del Metro; y el argentino Julio Rodolfo Comadira, tercer árbitro, nombrado por las partes. El español Juan Antonio Cremades, árbitro del Consorcio, rehusó hablar sobre el avance del proceso.

Suescún y Comadira indicaron que el trabajo del organismo comenzó con la presentación y ampliación de la demanda por parte del constructor, el cual terminó su argumentación el pasado 31 de enero.
En este momento avanzan los términos para que la empresa del Metro presente sus descargos y demandas, y dispone de un plazo que vence el próximo 20 de marzo para hacerlo efectivo.

A propósito del desarrollo del proceso, Suescún Melo reveló que el Consorcio Hispano-Alemán tasó sus pretensiones en US$640 millones, cifra muy superior a los US$511 millones que inicialmente había reclamado.

¿Pero cómo se podría desmontar el Tribunal de Arbitramento? Esta es la pregunta que hoy se hacen un amplio sector de la opinión pública y personalidades que criticaron el camino tomado para dirimir el litigio. La inquietud surge ante la postura asumida por los nuevos gobernantes antioqueños.

Disposición legal
Las decisiones legales que sustentan la ilegalidad del Tribunal se basa, según abogados consultados por este diario, en la acción de tutela que falló la Juez 10ª Civil del Circuito de Medellín, y refrendada por la Corte Constitucional cuando señala que: “se le ordena a las empresas integrantes del Consorcio Hispano Alemán, que se abstengan de solicitar al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín o a cualquier otra entidad, la designación de amigables componedores o Árbitros, para la definición de las reclamaciones 1 a 18, mientras no exista una decisión Judicial que defina cuál es la cláusula compromisoria o acuerdo de solución alternativa de conflictos vigente para la solución de tales diferencias”.

Y añade la misma decisión: “Advertir a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 2591 de 1991, que lo ordenado en esta Sentencia permanecerá vigente durante el término que la Jurisdicción Contencioso Administrativa necesite para definir de fondo acerca de la Acción que instaurará la entidad accionante”.

Así las cosas, la última determinación la tendrán los mandatarios, quienes, junto con la nueva gerencia general y la Junta Directiva, deberán recomponer el camino que trazó el anterior gerente, Alvaro Bernal Londoño, pues lo que está en juego no es sólo el acatamiento de las decisiones de los jueces, sino también las finanzas de la región.