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Cronología
El largo camino del Referendo
Bogotá | Colprensa
El pasado 7 de agosto de 2002, el presidente Alvaro Uribe presentó
al Congreso el proyecto de referendo. La iniciativa bandera del
nuevo Gobierno fue radicada en la Secretaría del Congreso
por el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño.
El “referendo contra la corrupción y la politiquería”,
como lo denominó Uribe, dista mucho de la propuesta inicial
del primer mandatario, pues ésta sufrió una gran metamórfosis
en su paso por el Congreso de la República, fruto de acuerdos
entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La propuesta inicial de Uribe, incluía la revocatoria del
Congreso, que con el paso del tiempo se fue diluyendo gracias a
esos acuerdos. La idea del Congreso unicameral se desechó
aprobándose al final la disminución del número
de congresistas en cada cámara. El 6 de diciembre del año
pasado, de forma sorpresiva el gobierno retiró la pregunta
que le permitiría al país pronunciarse sobre un eventual
anticipó de elecciones.
“En obsequio de la paz en materia política y en refrendación
del interés real, genuino, que presidía este artículo,
que no era el de revocar a nadie, sino ponerle al país la
posibilidad de que en determinadas circunstancias, en concierto
y armonía, Gobierno y Congreso declararan conveniente anticipar
unas elecciones, el Gobierno nacional retira este artículo”,
dijo ese día el ministro Londoño.
También, gracias a esos acuerdos, al proyecto se le adicionaron
otros temas como los de carácter fiscal (congelación
de los gastos y salarios estatales); la penalización de la
dosis personal de drogas y la prórroga del periodo de los
actuales mandatarios locales y regionales, concejales y diputados.
Aparte de la eliminación de la revocatoria del Congreso,
se eliminaron otros artículos como el que suprimía
los honorarios para diputados y concejales; el servicio militar
obligatorio y la unicameralidad del Parlamento. El referendo tuvo
sus oponentes, incluso, en hombres cercanos a Uribe, como el presidente
del Senado, Luis Alfredo Ramos, quien dio la pelea para evitar la
supresión de las personerías, tema que además
estuvo a punto de producir una desbandada de los parlamentarios
amigos del Gobierno.
La pugna se dio entre un sector mayoritario del uribismo que apoyaba
la eliminación de esas instituciones, y el grupo político
de Ramos que las respaldaba. El Ejecutivo debió superar también
un enfrentamiento entre los ministros de Hacienda y de Salud por
cuenta del tema de las pensiones.
Pero además, debió sortear intensos debates en el
Congreso. Fueron muchas las reuniones en la Casa de Nariño
para concertar soluciones a las distintas posturas en el legislativo.
La reforma política de origen parlamentario, que inicialmente
se concibió como “el colchón o el blindaje”
del referendo, se convertiría a la postre en uno de los más
grandes obstáculos del referendo y en uno de sus principales
enemigos.
Tanto así que el propio Uribe debió ponerse al frente,
ante el fracaso de su Ministro del Interior en el Congreso, para
procurar en los últimos debates la eliminación de
los llamados artículos “clonados” del referendo
en el acto legislativo.
Luego del amplio debate en el Congreso de la República, el
referendo fue aprobado el 20 de diciembre de 2002.
Pero a partir de ahí vendrían nuevos contratiempos.
En febrero sufrió el primer ‘impasse’ en la Corte
Constitucional, cuando el alto tribunal lo devolvió al Congreso,
al detectar que hacían falta las actas de aprobación,
además de la firma del Presidente de la República.
Por unanimidad los nueve magistrados consideraron que la convocatoria
al referendo debe hacerse a través de una ley ordinaria.
La Corte consideró que el referendo no puede tramitarse como
una ley estatutaria. Posteriormente, cuando la Corte escogió
al ponente para la discusión del proyecto, el magistrado
Eduardo Montealegre fue recusado por unas declaraciones concedidas
a un medio de comunicación.
Aunque la Corte Constitucional disponía de 140 días
para emitir su fallo, fueron muchas las críticas al alto
tribunal, incluso, el Fondo Monetario Internacional dejó
entrever su preocupación por la demora en la aprobación
del referendo y por las eventuales consecuencias en caso de un fracaso.
Con el referendo el gobierno busca ahorros de hasta 1,3 por ciento
del Producto Interno Bruto, alrededor de 1.000 millones de dólares
entre el 2003 y el 2004, e impulsar el crecimiento de la economía
que se expandió en 1,5 por ciento en el 2002. También
espera reducir el déficit fiscal consolidado a 2,5 por ciento
del PIB en el 2003, desde el 3,6 por ciento en el 2002.
La situación era tan poco clara para el referendo, que el
entonces ministro de Hacienda, Roberto Junguito, anunció
el diseño de un “Plan B” por si el referendo
no era aprobado para controlar los gastos. Dicho plan permitiría
al gobierno mantener congelados los salarios de la mayoría
de los 800.000 empleados estatales, aumentar los impuestos y acudir
a un fondo de ahorros petrolero en el exterior.
El 16 de mayo, el referendo sufrió uno de sus más
grandes tropiezos, cuando la Procuraduría General de la Nación,
al emitir su concepto pidió a la Corte Constitucional declarar
inexequibles 14 de los 19 numerales de la ley por medio de la cual
se convoca a al referendo. El Ministerio Público argumentó
fallas de procedimiento en el trámite de la ley para hacer
la solicitud a la Corte.
Aunque el concepto de la Procuraduría no es de obligatorio
acatamiento de la Corte, éste exasperó al Gobierno,
a tal punto que el presidente Uribe lo calificó de “leguleyada”
y anunció en Manizales su disposición a convocar un
referendo de origen popular. El 5 de junio pasado, amigos y opositores
del referendo asistieron a una audiencia pública convocada
por la Corte Constitucional. En una larga jornada de más
de diez horas, el presidente Uribe escuchó atentamente cada
una de las intervenciones y al final hizo una amplia defensa de
su proyecto bandera.
Con la constitucionalidad de la mayor parte del articulado del referendo,
a la iniciativa le espera la dura batalla que librarán quienes
promueven su aprobación integral y quienes le apuestan a
la abstención. En el primer grupo está el Gobierno
y sus amigos en el Congreso, incluido el Partido Conservador, que
consideran el referendo como una buena alternativa para solucionar
parte de los problemas fiscales del país. El Partido Liberal,
dirá sí al referendo con excepción de los temas
de congelación del gasto y de salarios para funcionarios
estatales.
La consulta popular deberá ser votada en las urnas por unos
seis millones de electores, de un potencial de 21 millones de votantes.
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