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Se salvó el temario económico
Despeja el panorama ante amenaza de una reforma tributaria.
El tope a
las pensiones será un correctivo estratégico.
Por Vespasiano
Jaramillo B.
Bogotá
La aprobación del examen constitucional para el paquete
económico, que contiene el referendo, fue acogida de inmediato
por los gremios de la producción del país que han
visto este paso como una forma de despejar el panorama ante la
amenaza de otra reforma tributaria que, para la mayoría,
es incomprensible y una alternativa funesta en el proceso de reactivación
que ya se percibe.
El presidente de la Asociación Colombiana de Pequeñas
y Medianas Empresas (Acopi), Juan Alfredo Pinto, lanzó
ayer mismo una consigna que más parece el grito inicial
de batalla hacia una contienda electoral que una reclamación
económica: referendo sí, reforma tributaria no.
Para el dirigente, quien calificó el fallo de la Corte
como una expresión del Estado de Derecho, la supresión
de las contralorías mejorará la situación
fiscal de los entes territoriales y el congelamiento de salarios
públicos podrá convertirse en un ahorro de 700 mil
millones de pesos.
Limitación de salarios y pensiones
El tope a las pensiones, agregó Pinto, será un correctivo
estratégico y el referendo, en conjunto, despejará
el panorama político y fiscal. Por tanto, reiteró,
no será necesario otro cambio en la estructura de impuestos.
En efecto, el punto ocho del referendo pondrá a votar
a los colombianos en torno a la limitación de salarios
y pensiones (que con recursos públicos nunca podrán
superar 25 salarios mínimos) y a la eliminación
de los regímenes pensionales particulares que, según
este mismo artículo, perderán vigencia el 31 de
diciembre del 2007, exceptuando las normas del caso para las Fuerzas
Armadas.
En el punto 14 se plantea el congelamiento de los salarios públicos
durante dos años para quienes ganan más de dos mínimos
y, de igual forma, una austeridad en los componentes generales
del gasto.
Otro tema es la eliminación de las contralorías
territoriales que ya originó advertencias por parte del
contralor General de la República, Antonio Hernández
Gamarra, quien señaló que este proceso, de llegar
a votarse favorablemente, deberá ser ordenado y muy preciso.
"Una avalancha de casos para tramitar podría llevar
a altos niveles de inmunidad", sostuvo.
En la actualidad existen 67 contralorías territoriales
(32 departamentales, 31 municipales y 4 distritales). El personal
de estas entidades en los municipios llega a 1.492, en los departamentos
a 1.913 y en los distritos a 1.241 para un total de 4.646 funcionarios.
El presupuesto asignado a tales dependencias suma 220.413 millones
de pesos.
Menor incertidumbre
El presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda Gómez,
dijo que la Corte eliminó la incertidumbre sobre una situación
política que ha golpeado el devenir económico.
"De alguna manera resultaba previsible lo que fue aprobado
y lo que se cayó. Pero ahora es momento de serenarse y
ponernos a trabajar en el refuerzo de las condiciones que han
propiciado la reciente alza en los indicadores de la economía",
agregó el dirigente.
Ayer, jueves, se escucharon también las voces de la oposición
que, del lado de los sindicatos y del Polo Democrático,
convocaron a la abstención.
"El referendo, tal como quedó, es malo y remalo",
sostuvo el senador Antonio Navarro.
El punto 14 del referendo significa un ahorro de 1.5 billones
de pesos (0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB) y de
1.4 billones de pesos (0.6 por ciento del PIB) en los años
2003 y 2004, respectivamente. Para el Presupuesto General de la
Nación (PGN) se calcula un ahorro de 738 mil millones de
pesos en 2003 y de 623 mil millones de pesos en 2004, según
el Ministerio de Hacienda. Expertos consideraron que la votación
del referendo dejará al Gobierno con menos justificaciones
para su propuesta de nuevas reformas tributaria y pensional.
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