Alternativas para enfrentar la crisis fiscal

Analistas evalúan salidas a la caída de puntos claves del texto.
Afirman que Gobierno no podrá hacer reformas por decreto.
Son varios los temas que exigen reformar la Constitución.

Colprensa. Bogotá.
A juicio de analistas, el Gobierno no contaría con el suficiente respaldo para expedir por decreto las normas del referendo que no lograron el umbral el fin de semana anterior.

Al observar la votación que necesitaba cada uno de los puntos para ser aprobado, se encuentra que de lejos los colombianos votaron por el Sí a cada uno de los 15 interrogantes planteados.

Ayer varios ex magistrados reiteraron que la mayoría de las materias contenidas en la consulta podrían haberse definido por decreto, pero el Presidente de la República insistió e hizo que éstas fueran presentadas al constituyente primario.

Se cree que la complicación para entender el referendo llevó a que éste fuera mal votado, pese a que a las urnas acudieron más de 6,5 millones de votantes. Hasta el momento ninguna pregunta ha logrado los votos válidos para el umbral (6´267.443 votos) y se calcula que solo una, la que indaga por la muerte política de los corruptos, sea aprobada, si por lo menos el 20 por ciento de los votos que faltan por ser escrutados es positivo o negativo.

Una de las alternativas del Gobierno consiste en presentar nuevamente al Congreso los proyectos de reformas fiscales, entre los que figuran una tributaria más agresiva, más reducción del gasto público y ponerle el "acelerador" a las reformas presupuestales. A continuación presentamos diferentes opciones para que el Gobierno aplique las reformas.

Temas del referendo
La pregunta cuatro del referendo establecía las audiencias públicas que permitían la participación de concejales, diputados, congresistas, de las autoridades y de la comunidad en la definición de los respectivos presupuestos.

Frente a esto, el Gobierno puede convocar a la comunidad, a los congresistas y a los dirigentes de las regiones, tal como lo hizo con el billón de pesos condicionados a la aprobación de la ley antievasión, para definir parcialmente el presupuesto.

La pregunta seis del texto reducía el Congreso de 267 a 218 parlamentarios, los ahorros por este punto ascendían a 108.000 millones de pesos. La repartición de curules se haría por el sistema de cifra repartidora. Para esto se requiere una reforma constitucional o una nueva reforma política.

El punto ocho limitaba las pensiones de los empleados públicos, las bajaba a 25 salarios mínimos mensuales y eliminaban los regímenes especiales el 31 de diciembre de 2007. Los ahorros por este punto sumaban 292.000 millones de pesos hasta el 2010. Adicionaba al artículo 187 que trata sobre la asignación salarial de los congresistas.

Para lograr esto sin referendo, se necesita reforma constitucional. Los regímenes especiales no se pueden modificar por una ley ordinaria. El Gobierno podría optar por endurecer la contribución que se está planeando colocar a las mesadas altas.

El interrogante nueve permitía la eliminación de las contralorías. Desaparecían las 67 contralorías regionales y su labor sería asumida por la Contraloría General de la República. Los ahorros anuales a partir del 2006 alcanzaban 1 billón de pesos entre 2005 y 2010. Para lograr esto, es inminente una reforma constitucional.

Los ahorros producidos con la eliminación de las contralorías, contemplados en el punto 12, se utilizarían para aumentar la cobertura y calidad en educación y el saneamiento básico de los estratos bajos.

Esto no figura en la Constitución. El Gobierno puede endeudarse con la banca multilateral o recortar de otros rubros para destinar más recursos a educación.

La pregunta 13 establecía que de las regalías no asignadas, 56 por ciento se usara para ampliar la cobertura en educación y el 36 por ciento para agua potable y saneamiento básico. Aunque la Constitución señala en qué se deben usar los recursos de las regalías no asignados para promoción de la minería y proyectos regionales, buena parte son usados por el Gobierno para apalancarse.

Los salarios y pensiones superiores a dos salarios mínimos y los gastos de funcionamiento se congelaban en los años 2003 y 2004. Era el corazón fiscal del referendo, pues concentraba ahorros por 3,2 billones de pesos y por 19,2 billones en 7 años. El gobierno puede hacer aumentos ponderados de los salarios estatales.