El Presidente deberá replantear su gabinete ministerial: analistas.
Sobre el tapete, las relaciones entre el Gobierno y los congresistas.
Mercados están pendientes del Plan B del Jefe de Estado.

Por Edward Jaramillo González

Quizá, por ello, el silencio que ha mantenido el Mandatario luego de conocerse los resultados en los que, faltando un escaso dos por ciento, ninguno de los 15 puntos obtiene el umbral requerido.

Hoy, son muchas las teorías que se tejen sobre las consecuencias de la caída de la mayoría de las reformas contenidas en el texto de la consulta. Los efectos, entre tantas tesis, ya empiezan a presentarse.

Ayer el presidente del Senado, Germán Vargas Lleras, uno de los más reconocidos uribistas hasta hace pocas semanas, se fue lanza en ristre en contra del Gobierno. Insistió en que el Jefe de Estado debe realizar cambios estructurales en el gabinete ministerial y reiteró su poco interés en sacar adelante un proyecto de reelección presidencial, al mismo tiempo que anunció que quiere ser el próximo mandatario de los colombianos.

La no aprobación del texto no solo traerá consigo problemas fiscales, sino también unos retos importantes en el manejo político de leyes que hoy, más que nunca, se hacen urgentes.

Gobernabilidad del Presidente
Aunque el presidente Álvaro Uribe Vélez no madrugó a votar el domingo para abrir, en la Plaza de Bolívar, oficialmente las urnas durante las elecciones regionales del pasado domingo, actitud con la que dejó ver su desazón porque a esa hora ninguna de las 15 preguntas del referendo alcanzaba el umbral, lo ocurrido durante el pasado fin de semana electoral es interpretado por distintos analistas políticos como una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad de la actual administración.

El presidente Álvaro Uribe Vélez tiene hoy una oportunidad grande que debe saber manejar, afirman hoy varios sectores que sostienen que la gobernabilidad del Mandatario puede mejorarse en un altísimo porcentaje si en esta coyuntura replantea una parte de su gabinete.

Y es que, en particular, son muchos los sectores que insisten en que se le debe pasar la cuenta de cobro del fracaso del referendo al ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño.

Una importante parte de la dirigencia de este país se ha manifestado durante los últimos días en el sentido de que este es el momento para que en este cargo el Presidente nombre a un político con más experiencia en el manejo de las relaciones con el Congreso, así como en el trámite de las leyes. Éste debe ser un dirigente que no sea ni uribista ni antiuribista, porque esto le puede despejar el panorama de las relaciones al Gobierno con el Congreso.

De otro lado, los más de seis millones de votos que obtuvo el texto de reforma constitucional durante los comicios del 25 de octubre, son un importante capital que ningún Jefe de Estado puede despreciar.

Se le despeja la gobernabilidad en la medida en que el triunfo de sectores de izquierda democrática en importantes regiones del país lo obligan a tener en cuenta sectores políticos que son claves para afirmar una tendencia hacia la democratización de la sociedad colombiana.

Esto le va a generar al Presidente una imagen internacional más positiva porque nadie podrá dudar de la legitimidad de la democracia colombiana.

El Congreso y las leyes
La posible salida del Gobierno del ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, y el reacomodo de las fuerzas en el Congreso luego de los triunfos y las derrotas obtenidas el pasado domingo, serán la clave para entender lo que ocurrirá en el futuro inmediato en las relaciones entre el Congreso y el Gobierno.

Londoño, quien ha tenido una relación inestable con los parlamentarios durante su gestión, deberá cambiar de actitud hacia los legisladores o deberá dejárselo a alguien que indisponga menos el ambiente y sea más conciliador.

De igual forma, el empoderamiento de sectores políticos independientes en el Legislativo, luego del logro de alcaldías y gobernaciones en importantes zonas del país, tendrá sus consecuencias directas en el grado de atención a las iniciativas del Ejecutivo.

Así, las relaciones del Gobierno con los legisladores se prevén diferentes a las que se percibían a finales del año pasado, cuando el Congreso aprobó el paquete económico de leyes radicadas por el Presidente, conformadas por la Tributaria, la Pensional y la Laboral.

Además, en momentos previos a la votación del referendo se hizo visible la rebeldía de sectores que se denominaban uribistas, en cabeza de dirigentes como el actual presidente del Senado, Germán Vargas Lleras, quien antes de ponerse a consideración de los ciudadanos el cuestionario de reforma constitucional, se volvió un fuerte crítico del Gobierno.

Todo parece indicar que de no saberse manejar esto, se agudizarán los opositores del Gobierno y aquellos que lo respaldaban empezaran a debilitarse por partes, según lo cercanos o no que estén en la actualidad.

En momentos en los que el Mandatario deberá acudir al Legislativo para adelantar reformas que no se aprobaron a través del referendo, la situación es delicada.

Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe Vélez continúa con un favoritismo amplio que deberá capitalizar a la hora de relacionarse con las bancadas parlamentarias. Deberá acudir a un Congreso que quería disminuir.

Los partidos políticos
Los partidos políticos son los principales golpeados en las pasadas elecciones. Estas organizaciones ya no son las mismas de hace medio siglo y los resultados de los comicios del 26 de octubre así lo demostraron.

La vieja forma de hacer política, apelando a los colores de un equipo político, ya no suman votos. En momentos en los que los tecnócratas se hacían visibles en los principales cargos del país y buscaban ser elegidos mayoritariamente en las elecciones del pasado domingo, por fuera de los partidos, con un discurso de apoyo irrestricto al Presidente, sectores de la izquierda democrática, críticos de la actual administración, fueron elegidos en alcaldías y gobernaciones importantes, demostrando que en Colombia no existe el unanimismo.

Las coaliciones y los movimientos independientes aprovechan, entonces, la caída de credibilidad de las dos casas que durante décadas se han repartido el poder en el país: la liberal y la conservadora.

El riesgo es que los independientes que llegaron a ocupar cargos importantes en el país, catapultan su liderazgo en la proyección de su personalidad y las ideas que de manera individual defienden y no a nombre de colectividades comprometidas con tesis.

Esto pone en riesgo la permanencia de proyectos políticos coherentes, por lo que se hace necesario el fortalecimiento de partidos sólidos que tengan una identidad clara ante los ciudadanos y se diferencien los unos de los otros. No con el fin de polarizar la sociedad, sino de ofrecer opciones democráticas despejadas y servir como mediadores entre las necesidades de la población y el Estado.

Además, como centros vitales de discusión de los temas relevantes del país, en los que el debate permita llegar a tomar la mejor decisión para el bienestar colectivo de los colombianos.

Lo que pasa es que la corrupción ha desvirtuado el papel de los partidos, que hoy enfrentan un gran reto. De la responsabilidad de los tecnócratas y la izquierda en el poder, dependerá una nueva dirigencia.

Expectativas económicas
Mientras se espera que en las próximas horas el Gobierno destape el denominado Plan B, la lección que deja la votación por el referendo podría debilitar la estrategia de conseguir un mayor ajuste por la vía de impuestos y recorte del gasto, lo que fue virtualmente negado por los colombianos en las urnas.

Por un lado, está la posición de los colombianos que no votaron las propuestas contenidas en el referendo y por el otro la presión ejercida por los electores al colocar en las cuatro principales alcaldías del país y en la gobernación del Valle del Cauca, candidatos independientes o de izquierda.

El mensaje que dejan las votaciones no es el mejor, la gente está pidiendo otro tipo de respuesta a las dificultades económicas del país, pero no se cree que el Gobierno dé un giro significativo en la ortodoxia con la que ha manejado la economía y por el contrario ya tiene listo el paquete tributario para ser presentado al Congreso.

Ni siquiera lo que ha venido sucediendo en el vecindario (Brasil, Ecuador y la catástrofe de Argentina), hará que los orientadores de la economía colombiana cambien su forma de pensar.

A juicio de analistas, un acuerdo con el Fondo, si bien establece unas metas, no "blinda" al país para salvarse de la quiebra que enfrentó Argentina y de la que apenas comienza a superarse con el dinamismo de su economía.

Ese país anunció hace cerca de un mes que sólo pagará el 25 por ciento de la deuda en bonos externos. Entre tanto, Brasil recibe esta semana una misión del Fondo para la revisión del acuerdo y otra llegará a Colombia al comienzo de la próxima semana para conocer los cambios que se le harán al mismo.

Todo lo que estaba contemplado en el acuerdo, soportado en el referendo, saldrá para darle paso a otras medidas fiscales. En realidad, el problema no es el FMI, según analistas consultados, es la deuda pública, pues con acuerdo o sin él Colombia tendrá que seguir endeudándose.

Lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción, una de las principales premisas con las que el Gobierno promovió el referendo, será una tarea en la que deberá insistir el Ejecutivo, pero esta vez con una estrategia diferente.

Aunque siempre que el Presidente habla del tema no se atreve a señalar a nadie, ha dejado claro que en los órganos legislativos locales, departamentales y nacionales, así como en alcaldías y gobernaciones de todo el país, el mal manejo de los recursos se da perjudicando el desarrollo de las regiones.

La situación se plantea más compleja, meses después de que Germán Cardona, quien fue nombrado Zar Anticorrupción en el país, dimitió de este despacho diciendo que el Gobierno no estaba posibilitando las herramientas necesarias para hacer efectivas las sanciones a los corruptos.

Es en la actualidad el vicepresidente Francisco Santos, quien ha tomado las riendas de este programa presidencial que no ha ido más allá de recibir denuncias y presentar pocos resultados.

Así, se deberá insistir en esta tarea que se ha explotado políticamente, para que pueda seguir siendo una bandera de la actual administración.

El camino legislativo queda entonces como la salida efectiva para establecer los mecanismos contemplados en el referendo que no lograron la votación mínima para ser aplicados, pero que no requieren de una reforma constitucional para llevarse acabo.

El reto ahora es para el Congreso, entidad pública a la que se le señalaba como incapaz de autoregularse. Serán los parlamentarios los que deberán permitir que herramientas como el voto nominal y público y el fortalecimiento de las causales de pérdida de investidura y muerte política se hagan efectivas.

La opinión pública estará pendiente del transcurso de esta tarea en el seno del Legislativo, mientras el Gobierno deberá poner a alguien al frente del impulso de estas propuestas en el Capitolio Nacional.