Constitución impide a miembros del Estado actuar en asuntos electorales.
Por ser la consulta un proceso especial, no se sabe si cabe la restricción.
Desde los concejales hasta el Presidente, lideran hoy campañas.
Procurador mantiene su silencio. Analistas y legisladores, hablan.

Por
Edward Jaramillo González
Medellín

Por eso resulta tan controversial que hoy el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, varios de sus principales ministros y una importante cantidad de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en todo el país, hagan parte de campañas que promueven o rechazan el referendo.

También, que los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación o el mismo Consejo Nacional Electoral, no hayan emitido todavía un concepto preciso al respecto, por lo que, hasta el momento, todos los funcionarios públicos se sienten libres de tomar una determinación propia sobre la materia.

Son las múltiples interpretaciones jurídicas, que hace cada uno de los miembros del Estado, sobre lo atípico o especial de esta herramienta de participación, la que sustenta las posiciones de unos y otros sectores, que buscan hundir o sacar adelante el cuestionario de 19 preguntas, que toca temas políticos, económicos y judiciales.

Esta es la razón por la cual, por estos días, se presentan difíciles manejos administrativos y políticos al interior de la administración pública en el ámbito local, regional y nacional.

La discusión se torna más difícil, además, porque dentro del texto que el Gobierno quiere poner a consideración de los ciudadanos, se contempla la ampliación de períodos, en un año, para los actuales mandatarios locales y regionales; así como la eliminación de las contralorías y las personerías zonales. Decisiones que afectan directamente intereses particulares y convierten el debate del referendo en un ejercicio, muchas veces, más emocional que racional.

"Porque toca directamente el futuro de los puestos de trabajo de cientos de colombianos, ya sea para bien o para mal", advierte el constitucionalista Jaime Castro.

Las visiones
En medio de este caos conceptual que, según analistas, responde a lo novedoso del mecanismo de participación utilizado por la administración Uribe para adelantar las reformas de las que depende la aplicación de sus principales políticas, aparecen las voces de analistas y congresistas.

El abogado Jesús Vallejo Mejía, por su parte, sostiene que no está mal visto que los funcionarios públicos inviten al país a votar. "Es que el voto es un deber ciudadano, es un exabrupto que el CNE haya emitido un concepto diciendo que la abstención es un mecanismo válido de participación, nunca. Por ello creo que no está mal hecho que el Presidente y sus funcionarios inviten a los ciudadanos a acudir a las urnas, es lo más normal", explicó.

Lo que sí aclaró Vallejo, es que se debe meditar si a los funcionarios se les debe dar la oportunidad de hacer campaña a favor o en contra de ciertas tesis contenidas dentro del referendo, como la prórroga de mandatos, por ejemplo. El senador independiente Antonio Navarro Wolf, por su parte, aseguró que los miembros del Gobierno Nacional no deben tener impedimentos para promocionar el referendo, pero que los mandatarios locales y regionales deben abstenerse de emitir cualquier concepto sobre el texto de reforma constitucional.

"No se nos puede olvidar que son los alcaldes y gobernadores los principales beneficiados o afectados con los resultados de la votación del cuestionario", indicó.

Con esta tesis concuerda el congresista uribista Rafael Pardo, quien, no obstante, advirtió que lo que preocupa es que "nadie puede negar que será muy difícil regular la presión de alcaldes y gobernadores, así como de contralores y personeros regionales, sobre sus empleados y comunidades, para que voten, a su beneficio, el referendo".

El silencio
Contrastan todas estas voces, con el silencio de aquellos funcionarios que, como el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, se mantienen mudos a pesar de estar llamados a orientar al país en un momento en el que se necesita claridad para establecer normas de juego que permitan a los amigos y enemigos del referendo, expresarse de manera legítima.

Mucho más, después de que la oficina jurídica de este organismo emitiera un concepto sobre el tema, en respuesta a una petición del constitucionalista Jaime Castro, que, además, Maya no asumió como oficial. Dicho fallo dijo que los funcionarios públicos podían desarrollar una labor pedagógica sobre el referendo, pero sin inducir al sí o al no.

Así, el panorama político sigue enredado. Fue imposible hablar con el Procurador sobre el tema, pues aunque anunció hace un mes una directiva al respecto, aún no dice nada.

Pedagogía
Artículo 127 de la Constitución Nacional

A continuación presentamos el artículo de la Constitución Nacional que sustenta el debate originado por un sin número de interpretaciones sobre la participación de los funcionarios públicos en asuntos políticos:

Art.127. "... A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio..."

"...La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política, constituye causal de mala conducta".