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Un país sin tradición participativa
Por
Área
política
Medellín
EL COLOMBIANO inicia este 26 de febrero una serie periodística
sobre el referendo, con el propósito de avanzar en la tarea
de brindar a nuestros lectores nuevas opciones para comprender y
asumir, con total responsabilidad, este ejercicio de participación
ciudadana, uno de los mayores retos en la vida democrática
del país.
Conscientes de la importancia de esta herramienta y de las implicaciones
que trae para el futuro de la Nación su aprobación
o hundimiento, las próximas cinco semanas, día tras
día, abordaremos, desde diferentes ópticas, el cuestionario
de 19 preguntas, que busca transformar aspectos estructurales
del país, relacionados con la justicia, la política
y la economía.
Presentaremos las voces de los defensores de la consulta, sus
detractores, la academia, el Gobierno, las altas cortes, los sindicatos,
empresarios y del ciudadano de la calle. Cerraremos este cubrimiento
con un foro que se realizará en las instalaciones del periódico
y que recogerá las principales conclusiones alrededor de
esta experiencia democrática y sus protagonistas.
En esta edición, como recuento histórico, tocamos
aspectos de la tradición participativa de Colombia, que
durante casi toda su historia ha gozado de cartas constitucionales
que avalaron el desarrollo de una política representativa
y que solo desde 1991 se planteó una manera distinta de
ejercer lo público, a través de la participación.
La promulgación de la Carta Política de 1991 abrió
la posibilidad para que el constituyente primario, es decir, el
ciudadano corriente, pudiera interferir, de manera directa, en
el Estado, a través de varias figuras, entre las que se
cuentan el plebiscito, el referendo, la consulta popular o la
tutela, que en menos de dos años de aplicación rompió
los registros de uso, a pesar de ser tan controvertida.
Una Constitución que llegó tres años después
de la primera elección popular de mandatarios locales,
y que reintegró el uso de herramientas de consulta al Pueblo,
después de 34 años de no estar permitidas y 46 de
no convocarse al país a que opinara sobre decisiones que
afectaran a todos los ciudadanos que hoy son invitados por el
Gobierno para que reformen la Carta Magna.
Una Nación que ha registrado altos índices de abstención
y lucha cada día para movilizar más a los electores,
seducidos poco por las propuestas y más por estímulos
electorales legales y no legales.
El gran interrogante para los expertos es si la abstención,
avalada por el Consejo Nacional Electoral como un mecanismo de
participación dada la característica del referendo,
responderá esta vez a un acto consciente de rechazo a las
reformas propuestas por el Gobierno o, si por el contrario, será
un acto de apatía política.
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