ANALISTA INTERNACIONAL

¿Hacia un nuevo estilo presidencialista?

Elisabeth Ungar Bleier | Directora del Programa Congreso Visible, U. de los Andes

El “estilo” encuentra su mejor expresión en los Consejos Comunales, el traslado a Arauca y en el Consejo de Ministros.

La complejidad de los hechos y situaciones que vive diariamente el país hace que la selección de temas por tratar en un ejercicio de esta naturaleza sea incompleta. Por su relevancia e incidencia en otras facetas de la vida nacional, me centraré en las relaciones entre el Ejecutivo y las otras Ramas del Poder Público y en el “estilo” presidencial. A pesar de su origen liberal y de haber ocupado diferentes cargos públicos en nombre de esta colectividad, el presidente Álvaro Uribe fue elegido como disidente del liberalismo oficialista, apoyado por amplios sectores, muchos de los cuales lo escogieron por representar la “antipolítica” y por ser “independiente”. Es decir, por considerarlo alejado de los partidos tradicionales y la llamada “clase política”, lo cual ha marcado su forma de gobernar. Su contundente victoria en la primera vuelta presidencial le permitió iniciar su gobierno con un fuerte apoyo de congresistas de diversas vertientes que conformaron la llamada “bancada uribista”. Durante el primer período de la legislatura, ésta le permitió sacar adelante los más importantes proyectos de su agenda, como el referendo, las reformas laboral, pensional y tributaria, entre otros. Con relación al referendo, desde la campaña electoral Uribe dijo que uno de sus mayores retos era “luchar contra la corrupción y la politiquería”. Para lograrlo, propuso, entre otras cosas, la eventual revocatoria del Congreso mediante el anticipo de elecciones, la creación de una sola cámara y la reducción del número de congresistas. Estos temas quedaron incluidos en el proyecto de referendo presentado al Congreso el 7 de agosto de 2002. Cambios en la propuesta En los debates sobre el referendo, el proyecto original del Gobierno sufrió numerosos cambios. Unos, resultantes de la introducción de temas nuevos, como la penalización de la dosis personal, la eliminación de las personerías y la prórroga de los períodos de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Otros, del proceso mismo de negociación, como por ejemplo la exclusión del anticipo de las elecciones parlamentarias, que sin duda puede ser considerada una victoria del Congreso. Sin embargo, en términos generales la propuesta presidencial “pasó la prueba” y los reparos de algunos de los miembros de las bancadas opositoras no tuvieron suficiente eco. Una vez aprobado, el proyecto pasó a estudio de la Corte Constitucional, no sin antes ser devuelto al Gobierno por no tener la firma de sanción del Presidente. En julio de este año la Corte declaró exequibles 15 de los 19 artículos del referendo. Entre éstos vale la pena mencionar algunos de los que más defendió el Gobierno, como la prórroga de los períodos, las introducciones a las preguntas y la posibilidad de votar en bloque todo el texto. Paralelamente, el Congreso debatió y durante el primer semestre de 2003 aprobó, la reforma política con la que se habían comprometido muchos congresistas. La actitud del Gobierno frente a este proyecto fue errática: pasó del apoyo, al solicitarle al Congreso su retiro, pasando por un severo enfrentamiento entre los congresistas y el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, por las palabras desobligantes que éste utilizó para referirse a algunos parlamentarios. No obstante, en esta ocasión los congresistas, entre los que se cuentan varios de los más cercanos al Presidente, lograron imponer su posición y el proyecto fue aprobado. Estos dos ejemplos, el referendo y la reforma política, marcan dos momentos de las relaciones Ejecutivo-Legislativo. El primero, de claro predominio del Ejecutivo, en el que en general se impuso la agenda propuesta por el Gobierno y que culminó con el calificativo de “Congreso admirable”, por parte del ministro Londoño. Esto, a pesar de la amenaza de la revocatoria y de las afirmaciones del Presidente en el sentido de que si el Congreso no aprobaba el referendo, él convocaría al pueblo para hacerlo. El segundo, donde se comenzaron a notar fisuras en la bancada uribista y en la que congresistas de diferentes tendencias marcaron distancias con el Ejecutivo. La aprobación de la reforma política, por un lado, y la posterior creación de múltiples partidos y movimientos políticos de tinte uribista para hacerle frente a la próxima contienda electoral en el marco de lo dispuesto por la reforma, por el otro, son indicios de que la unidad en torno al Presidente ya no es tan infranqueable. A esto se suma el debate y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo durante el primer semestre de 2003, al cual fue necesario adicionarle una partida de un billón de pesos para ser repartidos entre las diferentes regiones del país, con participación de los congresistas. Por último, recordemos que el ministro del Interior fue citado a un debate en el Congreso por el caso de Invercolsa y que está pendiente una moción de censura en su contra. En sus relaciones con la Rama Judicial, la situación no es menos compleja e incluso conflictiva. Por ejemplo, en varias ocasiones el ministro del Interior calificó de excesivas las facultades de la Corte Constitucional con relación a los Estados de Conmoción Interior, al punto que cuando el Gobierno le envió los decretos sobre esta materia, afirmó que lo hacía por simple “cortesía”. También expresó reparos por las supuestas extralimitaciones en la utilización y alcances de la tutela. Además, presentó al Congreso un proyecto de Ley de reforma a la Justicia, que establecía, además de las ya mencionadas, otras modificaciones como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, mayorías calificadas para tumbar decretos y restricciones a los poderes de la Corte en la revisión de tutelas. Este proyecto fue retirado, pero recientemente un borrador del texto fue enviado de nuevo a las Cortes. Por último, descalificó en público a un juez de Tunja por no estar de acuerdo con un fallo que éste emitió e inicialmente respondió con evasivas al requerimiento de rectificación que le hizo la autoridad competente. Estos hechos pueden ser indicios de que el esquema de pretender gobernar sin partidos fuertes está comenzando a hacer agua. Ésta fue una de las causas del naufragio de la Gran Alianza por el Cambio, aunque con características y en condiciones muy distintas. Precisamente, la mayor diferencia parece radicar en la forma como el Presidente Uribe ejerce su liderazgo, y en las evidentes intenciones del Gobierno de aumentar el poder presidencial.