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| La ministra de Defensa, Martha Lucía
Ramírez y el comandante de las Fuerzas Militares, general
Jorge Enrique Mora Rangel estuvieron al frente de las investigaciones. |
Fueron 147 uniformados colombianos los que participaron de un millonario
botín. Un secreto guardado entre tantos no fue fácil
de mantener. Y en los últimos días de mayo, se descubrió,
en medio de una historia bochornosa, que recorrió los pasillos
del Congreso, se coló en las esquinas de las calles y en
las tiendas de pueblos y veredas. E hizo enrojecer a Presidente,
ministros y militares, a todos por igual.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora
Rangel, solo fue enterado del escándalo cuando se encontraba
en plenaria de la Cámara. Y tras ser requerido por los medios
de comunicación para que se pronunciara sobre el caso, le
pidió al comandante del Ejército, general Carlos Alberto
Ospina, que le diera un informe de la investigación.
Los hechos ocurrieron cuando los uniformados, -oficiales, suboficiales
y soldados-, miembros de las compañías B y D del Batallón
50 de Contraguerrilla, hallaron, el pasado Viernes Santo, en el
área de Coreguaje, cerca de Puerto Amor, en Caquetá,
una caleta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc,
con unos 40 mil millones de pesos en dólares y dinero colombiano.
Decidieron repartir el jugoso botín.
Sin embargo, la ambición, el dejar ver demasiado dinero en
sus bolsillos y billeteras, el cambio de dólares por cifras
irrisorias y las compras escandalosas de carros, prendas de vestir
y electrodomésticos, alertaron a las autoridades: algo no
marchaba bien. Había tanta plata que quemaron la que no les
cupo en los morrales, donde llevaban el equipo, contó uno
de los soldados que participó en el hecho. Y el pacto por
el silencio se perdió cuando comenzó el desenfreno
en los gastos, en Popayán, sede del Batallón José
Hilario López.
Entre dudas
Al descubrirse el delito cometido, el país se sumió
en un mar de dudas y hubo un debate nacional: ¿son culpables?
se preguntaron algunos. Y otros los defendieron abiertamente.
Pero otros hablaron de juzgarlos por traición a la Patria.
Y hubo diversas versiones sobre el tipo de delito cometido: ¿Hurto,
peculado, enriquecimiento ilícito...? Jamás en la
historia del Ejército, una patrulla había hallado
una guaca de semejante tamaño. Se pidió, igualmente,
no condenar sin fórmula de juicio.
Se advirtió que el Consejo Superior de la Judicatura no
es un órgano consultivo sino decisorio, en respuesta a
las declaraciones de la ministra de Defensa, Martha Lucía
Ramírez, sobre su intención de pedir un concepto
al Consejo Superior sobre la entidad encargada de investigar el
caso.
El hecho dejó claro, además, el fortalecimiento
que ha tenido la guerrilla de las Farc en los últimos años,
cuando se le calcula que sus recursos pueden ascender a los 2.550
millones de dólares anuales, según datos suministrados
por la Fiscalía. Un dinero conseguido mediante el narcotráfico,
la extorsión, el abigeato, el robo a entidades bancarias
y la financiación por parte de organizaciones terroristas
internacionales.
La investigación, que hoy sigue su curso, fue asumida en
forma exclusiva por la Procuraduría. La Fiscalía
consideró que el hallazgo no se realizó en cumplimiento
de trabajo y que, por esta razón, los soldados debían
ser juzgados por la justicia civil.
La Alianza Summa vivió
tiempos difíciles
 No
fue fácil este primer semestre para la alianza Summa. Directivos
de las tres aerolíneas que la integran debieron tomar decisiones
drásticas.
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| La Alianza Summa entró
en crisis en este primer semestre del año. |
La Alianza Summa anunció un programa de ajuste que incluyó
la disminución del 30 por ciento de su flota de aeronaves,
la cancelación, en igual porcentaje, de sus contratos laborales
y de trabajo, así como la reestructuración de sus
rutas y frecuencias locales e internacionales.
La drástica medida fue dada a conocer el 20 de mayo, en una
determinación tomada por los directivos de las empresas que
conforma la Alianza Summa, que fue fundada el año pasado
entre Avianca, Sam y Aces. Se trató de un ajuste profundo
de su estructura de servicios y producción, además,
se anunció la entrega de una parte de aeronaves en arrendamiento.
Con ese plan de disminución de pagos por arrendamiento se
esperaba salir del 30 por ciento de la flota de aviones de Alianza
Summa para un ahorro de 42 por ciento en estos costos, que representan
32 millones de dólares. Esta reestructuración, según
se explicó en aquel momento, estuvo marcada por pérdidas
en la operación, y en especial por la deuda de Avianca que
sumó 240 millones de dólares, con un pasivo pensional
que llega a los 110 millones de dólares.
Juan Emilio Posada, presidente de la Compañía, advirtió
que la devaluación del año pasado le costó
a Alianza Summa 27 millones de dólares y que para compensar
se pensó en subir las tarifas, sin embargo, las condiciones
del mercado lo impidieron. Señaló que los costos de
operación subieron en un 20.25 por ciento y el desfase respecto
a los pasajes era superior al 10 por ciento.
Con respecto a la entrega de aviones, el directivo explicó
que corresponde a un sinceramiento de la Compañía
respecto a sus condiciones de operación. Y advirtió
que en oferta de sillas la baja podía estar en un 30 por
ciento. La difícil situación financiera obligó,
en mayo, a que Avianca se acogiera al Capítulo 11 o Ley de
Quiebras en Estados Unidos. El pasado 20 de julio debía presentar
ante la Corte de Nueva York el plan completo de reestructuración.
Las cosas se han complicado y la compañía solicitó
una prórroga de 90 días, de los cuales le aprobaron
60.
Entre tanto, el conflicto laboral continúa en aumento y las
negociaciones con los pilotos no han llegado a ningún acuerdo.
Fabio Ochoa, declarado culpable
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| El abogado y la familia de Fabio Ochoa se
mostraron sorprendidos con el fallo. |
Un jurado conformado en su mayoría por afroamericanos, declaró,
en Estados Unidos, a Fabio Ochoa como culpable de los delitos de
concierto para distribuir cocaína; posesión de cocaína
con la intención de distribuirla y asociación para
importar narcótico.
La lectura del fallo del jurado fue leída por el secretario
del juzgado federal de Miami y dada a conocer el 28 de mayo. La
sentencia será fijada el 19 de agosto próximo, pero,
según los fiscales, no hay duda de que se tratará
de pena perpetua. Al respecto, el fiscal general de la Nación,
Luis Camilo Osorio, y el ex ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel,
dijeron que la resolución de extradición de Ochoa
se firmó “con el compromiso de no aplicar ni la pena
de muerte ni la cadena perpetua, castigos que no están contemplados
en la legislación colombiana”.
Para la determinación, el jurado escuchó 1.500 horas
de grabaciones conseguidas por la policía secreta de Colombia
y de Estados Unidos. Fabio Ochoa, de 46 años, se persignó,
cerró los ojos y cayó de rodillas, al escuchar el
fallo. Su abogado defensor, Roy Black, dijo que si bien Ochoa socializaba
con narcotraficantes, no retornó a la vida que abandonó
en 1990, cuando se acogió a la justicia colombiana.
Martha Nieves Ochoa, hermana del acusado, se mostró sorprendida
con la decisión y afirmó que Black demostró
que los testigos habían mentido, que las grabaciones que
soportaban las acusaciones habían sido manipuladas”,
lo que, según dijo, “lo admitió la fiscalía”.
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