En Colombia las leyes no permiten judicializar a los menores de las barras de fútbol.
Sólo cinco jóvenes son investigados por problemas de barras en Medellín.
Bienestar Familiar dice que falta compromiso de los padres.

Por
Jaime Herrera Correa
Medellín

La judicialización del menor es uno de los temas más complicados en la legislación colombiana. Así el país haga parte de los convenios internacionales sobre este asunto, todavía no hay una normatividad clara y eficiente que ataque los problemas de delincuencia juvenil.

Las deficiencias son tantas que en Medellín sólo hay cinco juzgados para menores, las investigaciones se demoran porque no hay abogados suficientes para representar a los adolescentes y la ciudad apenas cuenta con un sitio de rehabilitación. Las leyes internacionales no permiten el encarcelamiento de los jóvenes que todavía no tengan los 18 años de edad.

Como en Colombia el Código del Menor estipula que a los jóvenes sólo se les puede abrir investigación cuando sus conductas representen delitos como daños al bien ajeno, lesiones personales y homicidios, es difícil que la rama judicial se ocupe con detenimiento de la participación de los menores en actos de violencia protagonizados por las barras de fútbol.

Y más cuando en las leyes del país, según algunos juristas, las barras bravas todavía no están contempladas como delictivas, así infrinjan las normas sociales.

Desde que se ratificó la Convención Internacional de Derechos de los Niños con la ley 12 del 91, no se ha renovado la legislación para menores y, por consiguiente, la justicia colombiana mantiene dificultades para hacer las intervenciones inmediatas que requiere el conflicto que se vive hace ya cuatro años por el enfrentamiento entre los grupos de aficionados de los principales equipos de fútbol.

La rama judicial nacional apenas cuenta con un proyecto de ley que se basó en los modelos ingleses con los "hooligans" y hace énfasis en el "internamiento" de los jóvenes revoltosos el fin de semana.

Cuestión de modelos
La problemática que generó desde finales de los sesenta la aparición de los "hooligans" condujo a las autoridades inglesas a implementar un plan que, a finales de los 90, arrojó los primeros resultados positivos con la rebaja de los actos violentos y delictivos de los seguidores del fútbol en este país.

"La medida mundial de Servicio a la Comunidad nació en Inglaterra para frenar a los "hooligans"; ésta consiste en poner a los menores a reparar los daños ocasionados y a internarlos el fin de semana para que no hagan parte de las barras futboleras. En Colombia apenas comenzamos a adoptar ese modelo, pero todavía hay muchas falencias al respeto", dijo Luisa Eugenia Villa Giraldo, jueza del juzgado 3° de menores de Medellín.

La abogada hace énfasis en que a nivel mundial los adolescentes tienen sistemas de responsabilidad distintos a los de los adultos, porque los ingredientes formativos y retributivos están por encima del concepto de privación de la libertad.

"Para hacerle frente a los temas de delincuencia juvenil, como el generado por los enfrentamientos entre las barras, en Medellín sólo contamos con el hogar Carlos Lleras Restrepo -La Pola- y son tantas las fallas que varios jóvenes se han escapado. Estos lugares en Colombia no funcionan bien porque carecen de programas y de personal experto en pedagogía educativa y campañas de prevención de la delincuencia juvenil", indicó Villa Giraldo.

La jueza agregó que las Directrices de Riad, las reglas de las Naciones Unidas y la Convención Internacional defienden los derechos de los niños por encima de todo; de ahí que en los juzgados se abran investigaciones contra los menores, pero sin que ellas impliquen privación de la libertad y, si esta medida es necesaria, debe ser por el mínimo de tiempo posible.

"El tema de las barras bravas es tan nuevo para nosotros que el año pasado apenas cinco jóvenes fueron traídos a los juzgados porque tiraron un petardo. Hicimos la intervención y el caso todavía no se ha resuelto, porque los jueces no alcanzan a evacuar tantos problemas de delincuencia juvenil que hay en la ciudad. Esto se puede prevenir con campañas como la del buen niño que dice, si respetas los derechos de los niños ellos aprenderán los deberes", agregó la jueza.

Villa Giraldo considera que para erradicar el naciente fenómeno de barras bravas en el país con la masiva participación de menores de edad, Colombia debe resolver los vacíos que tiene en sus leyes e implementar un plan en el que participen todos los estamentos del Estado, porque con cinco juzgados por ciudad y la ausencia de abogados en los procesos, jamás se podrá detener la delincuencia juvenil que avanza a pasos agigantados.

Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Antioquia, la inclusión de los menores de edad en las barras hace parte de la falta de compromiso de los núcleos familiares que no cumplen con sus compromisos primarios y poco contribuyen en la solución del conflicto que se vive en la ciudad.

"Además de garantizarle el desarrollo y los derechos, la familia debe vigilar muy de cerca la participación de los menores de edad en grupos que generen violencia. Cuando los padres permiten que sus hijos asistan a espectáculos donde no está garantizada la seguridad y la tranquilidad lo tienen que hacer conscientes de que deben responder por los daños materiales y sociales que protagonicen, aunque en Colombia falta una política clara para judicializar la delincuencia juvenil", dijo una funcionaria de esta entidad que solicitó omitir su nombre.

La vocera de este organismo oficial considera que si el núcleo familiar no se concientiza del problema, los menores de edad tendrán que ingresar a los escenarios con una carta de autorización en la que los padres se hagan responsables de todo lo que realicen sus hijos. "Las padres deben comprometerse con este fenómeno, porque tienen que saber dónde están sus hijos y deben educarlos con base en los derechos y deberes que tienen como integrantes de la sociedad.

Sin embargo, si el Gobierno, las escuelas y los medios de comunicación elaboran, en conjunto, una campaña de capacitación, los integrantes de las barras en Medellín recapacitarán que todas las personas tienen los mismos derechos en la ciudad y que el respeto es la base del desarrollo de cualquier grupo social", finalizó la funcionaria.

EL COLOMBIANO / Marzo 13 de 2002