Entre las 7 p.m. y las 6 a.m., toque de queda en San Vicente del Caguán.
La gente no olvida su miedo por los bombardeos del 20 de febrero.
Hoy, tras un año de roto el diálogo, la gente cree que hay que volver a la mesa.

Por
Carlos Olimpo Restrepo S.
Enviado especial, San Vicente

Muchos de los vehículos, la maquinaria y las sedes que utilizó la guerrilla de las Farc mientras controló la zona desmilitarizada, en los departamentos de Caquetá y Meta, hoy permanecen quemados y en ruinas.Rodrigo Cicery, Enviado especial, diario El País, Caquetá

La agitación empezó a crecer casi al mediodía del 20 de febrero de 2002, luego de que los últimos funcionarios del Gobierno Nacional que permanecían entonces en Los Pozos se marcharan de San Vicente del Caguán en un avión oficial.

Casi de inmediato, las diferentes columnas y frentes de las Farc que se encontraban en los cinco municipios despejados del sur del país, comenzaron a retirarse ante el inminente rompimiento de los diálogos que, por tres años, sostuvieron con la administración de Andrés Pastrana.

En San Francisco de La Sombra, vereda de San Vicente, los pobladores fueron testigos de un inusual tráfico de vehículos repletos de guerrilleros, que se internaban en los Llanos del Yarí, con algunos de los principales jefes de la organización guerrillera que tenían sus viviendas a pocos kilómetros de allí, mientras duró el despeje.

"Este carro era del escolta de Alfonso Cano, lo tuvieron que dejar ahí porque se varó cuando salían los comandantes", dice una habitante del lugar, al tiempo que señala una camioneta Blazer, con una llanta pinchada y cubierta de polvo, estacionada por ironía frente al único montallantas del caserío. "En el tiempo que ha estado ahí, nadie la ha tocado", dice.

Esa noche, relata la mujer, "nos quedamos despiertos, no dejamos dormir a los tres niños por si tocaba salir a la carrera. Como a las dos de la mañana empezamos a escuchar el bombardeo, primero era muy lejano y luego dispararon contra campamentos más cercanos, pero allá no había a qué darle". Tras aclarar que a los pocos días cesó la acción de la Fuerza Aérea, sostiene que "por aquí nunca hemos visto un militar. Entraron a los pueblos pero al campo no se han metido".

Profesora y alumnos
Andrea Pineda Olaya, profesora de primero en la escuela de la vereda La Tunia, de San Vicente, no fue testigo de los primeros bombardeos que destruyeron los campamentos y parte de la infraestructura pública que el grupo guerrillero construyó en tres años de diálogo.

Su tormento comenzó tres meses después, cuando dictaba clase a su alumnos de primer grado. La zona selvática donde está ubicada la escuela se vio de pronto sacudida por el caer de las bombas y los ametrallamientos aéreos. Como pudo, corrió con los pequeños durante casi una hora, hasta salir a una carretera, donde se refugiaron en un camión viejo e inservible. "De allá salió para donde el sicólogo. Ahora está en la unidad siquiátrica de Florencia", cuenta Yesid Olaya, tío de Andrea.

La joven, de 23 años, está a punto de terminar el tratamiento. En pocos días regresará, pero su tío no sabe si volverá a dar clases en La Tunia. En Guayabero y El Rubí, veredas de La Macarena, el bombardeo provocó muchos desplazados que llegaron, en principio, al casco urbano y luego se fueron a otros municipios.

"Cuando Pastrana dijo: se acabó, pensábamos que el Ejército iba a entrar de una vez, pero pasaron cinco o seis días para ver un soldado aquí y eso lo aprovechó la guerrilla, para volver y matar a varias personas", dice indignado un poblador de La Macarena, quien asegura que esas muertes se habrían evitado si la Fuerza Pública llega antes.

Esos fueron los cinco primeros muertos de la población, tras tres años. "Es lógico, aquí no había conflicto porque estaba una sola de las partes, pero cuando entró el Ejército volvió la guerra, porque las Farc no querían perder el control tan fácil", asegura Luis Ernesto Villar, secretario de Gobierno de La Macarena. Hoy, un año después de concluido el despeje y rota una nueva esperanza de paz, varios pobladores temen que la "celebración" del grupo guerrillero los afecte, pues existen rumores de alguna acción armada en casi todos los municipios.

Ante esto, la fuerza pública decretó el toque de queda desde anoche a las 7 p.m. hasta hoy a las 6 a.m. Incrementó sus medidas de seguridad para evitar atentados o ataques y proteger a la población civil ante cualquier eventualidad.

Un habitante de San Vicente del Caguán asegura que al romper las conversaciones "el Gobierno lo único que hizo fue dejarnos metidos en un problema muy grande". Por eso, añade, "lo mejor es volver al diálogo. Por más gringos que le metan a esto y por más que les digan terroristas, esto va a seguir igual: el pueblo sufriendo".

Aunque en las administraciones locales no cuentan con estadísticas fidedignas, por los problemas de funcionamiento que han tenido, funcionarios y habitantes de San Vicente del Caguán y La Macarena reconocieron que muchas personas salieron de esas localidades o huyeron de sus veredas a las cabeceras municipales, donde la seguridad es relativamente mejor.

"Desde el mismo 20 de febrero del año pasado se fueron varias familias que no tenían nada que ver con las Farc, pero estaban atemorizadas porque les tocó alquilarles casas o negociar con ellos", sostuvo un ex funcionario de la Administración de San Vicente del Caguán, que pidió reservar su nombre. "Hace como tres meses se fueron otras personas, porque llegaron los ´paras´ con amenazas a quienes habían colaborado con ellos durante la zona del despeje", agregó.

En La Macarena, el éxodo se dio inicialmente del campo a la cabecera municipal y, ante los asesinatos de las Farc, varios habitantes salieron por vía aérea a Villavicencio o Bogotá. La gente decidió mudarse para estar a salvo.

Análisis
Ni una paz boba ni una guerra hecha con discursos

Antonio Navarro

Por
Antonio Navarro Wolf
Senador y ex militante del M-19

Ese proceso se rompió porque perdió todo el apoyo público, de manera que lo que pasó era inevitable.

Es malo que se haya roto la negociación, porque lo que se dio fue un bandazo hacia el otro extremo. Se pasó de una paz que no funcionó hacia algo que, más que una realidad de guerra, es una retórica que tiene más palabras que hechos reales, pero que ha cerrado toda posibilidad de diálogo.

Me parece muy grave que no haya una posibilidad de diálogo porque, aunque no veo que el diálogo produzca resultados en el corto plazo, también es claro que la guerra no se va a ganar ni en el corto ni el mediano plazos. Hay una polarización que es muy grave para todos.

Las Farc han respondido de una forma brutal e inaceptable. Las bombas contra la población civil son totalmente antiéticas, por fuera de todo principio de una organización guerrillera. El terrorismo es un acto absolutamente condenable. Y el ambiente general es de polarización que tiende a los extremos. Salimos de Guatemala, que era ese proceso de paz y estamos en Guatepeor.

Estamos ante dos extremos: el de todo por la paz, que fue un esquema frío y fracasado, del presidente Pastrana; y el de todo por la guerra, que también es ilusorio y que va a fracasar en la medida en que no va a poder producir como resultado la victoria del Estado.

Como tantas cosas en la vida, la verdad está en el punto medio. Aquí se necesita una política de seguridad clara, coherente y firme, pero también una disponibilidad al diálogo y a la negociación. Todo el discurso por parte del Estado y de las Farc es de confrontación. La guerrilla está en una arrogancia y una extrema tremendas.

Estamos en una especie de situación pendular porque pasamos de la paz utópica a la guerra utópica y ambas son malas. Aquí no va a haber una paz tonta ni discordia completa de ninguna parte. Hay que encontrar un punto medio en el que el Estado cumpla sus funciones de defensa, pero tenga la posibilidad de promover también conversaciones. La enseñanza que queda es que la paz no es una paz gratis y solamente voluntarista. La paz tiene que ser el resultado de una serie de circunstancias nacionales que exigen que el Estado tenga claros sus deberes y los cumpla para poder, entre otras cosas, sentarse con autoridad para negociar.

A Pastrana se lo fumaron los comandantes de las Farc en el Caguán, pero me da la impresión que a Uribe le va a pasar lo mismo pero por otro lado. Creó la ilusión de que iba a conseguir una victoria que está enredada porque este es un país con un conflicto muy difícil. Se piensa que este es un tema de echar un discurso, expresar una voluntad en palabras: esto es más complicado, como se está demostrando. Yo creo que no hay que apostarle ni a la bobería de Pastrana ni a los discursos del ministro Fernando Londoño.

Por 117 atentados se acabó el proceso

El 20 de febrero las Farc destruyeron un puente y se tomaron un avión.
Un total de 117 atentados terroristas atribuidos a las Farc, entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2002, colmaron la paciencia del entonces presidente Andrés Pastrana Arango.

A las 8:30 a.m. del 20 de febrero, las Farc desviaron el avión que cubría la ruta Florencia-Neiva-Bogotá y en el cual viajaban 25 pasajeros, entre ellos el senador Eduardo Géchem. La aeronave aterrizó en Hobo, Huila. Archivo

A las 9:00 de la noche del 20 de febrero, hoy hace un año, decidió romper las negociaciones que habían comenzado formalmente el 7 de enero de 1999, día en el que, por razones que aún se desconocen, el jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez (a. Tirofijo) no estuvo presente.

"Manuel Marulanda: yo le di mi palabra y la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no sólo a mí sino a todos los colombianos. Desde el primer día usted dejó vacía la silla del diálogo cuando yo estuve ahí custodiado por sus propios hombres, listo para hablar", recordó Pastrana al país.

Tres horas después comenzó la operación Thanatos, en la cual participaron cerca de 13.000 uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército y la Armada Nacional. En seis días la fuerza pública retornó a los cascos urbanos de San Vicente del Caguán, en Caquetá; Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa, en el departamento de Meta.

Todo sigue igual
Dos hechos graves, cometidos el 20 de febrero, llevaron al presidente a tomar la decisión de abandonar la negociación.

Esa madrugada, guerrilleros del 9 frente de las Farc, dinamitaron el puente de Danticas, en la vía San Rafael-San Carlos, en el Oriente antioqueño. Una ambulancia en la que iba Flor Emilse García, una joven de 23 años que estaba en labor de parto, se fue a la represa. Ella, su hermana Janeth, y Elvia Guarín, una auxiliar de enfermería que la estaba asistiendo, perdieron la vida.

Más tarde, a las 8:30 a.m., guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero, secuestraron el avión HK-3951 de la empresa Aires, que cubría la ruta Florencia-Neiva-Bogotá, en el que se movilizaba el presidente de la comisión de paz del Senado, Jorge Eduardo Géchem Turbay.

Cuando se conoció la noticia del plagio, el alto comisionado de Paz, Camilo Gómez Alzate, interrumpió su viaje a San Vicente del Caguán.

Su intención era continuar la discusión de los puntos pactados en el cronograma aprobado por las partes el 20 de enero, cuando los embajadores de los 12 países amigos del proceso y James Lemoyne, representante del secretario General de las Naciones Unidas, impidieron que se rompiera el proceso.

Un año después de presentarse estos hechos los familiares de Géchem Turbay no han recibido pruebas de supervivencia y el puente La Dantica, aún no ha sido reconstruido.

Promesas incumplidas
Hasta noviembre de 1998, cuando el presidente Pastrana decidió dar inicio a la llamada zona de despeje, era poco lo que se conocía de San Vicente del Caguán, en Caquetá; Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa, en el departamento de Meta.

Lo único que se sabía de estas localidades era que sumaban 42.000 kilómetros cuadrados, que tenían cerca de 120.000 habitantes, que la ganadería era la base legal de la economía, pero que los cultivos de coca se estaban abriendo paso entre los cultivos de pancoger. También se sabía que las Farc llevaban más de 30 años en sus áreas rurales y que era escasa la presencia del Estado.

El 23 de febrero de 2002, en su visita a San Vicente del Caguán, Pastrana Arango le dijo a los habitantes de la localidad que no los dejaría solos, que la inversión social en la disuelta zona desmilitarizada sería la forma de recompensar sus esfuerzos por la paz y que los jueces y fiscales llegarían a lo largo de la semana.

Un año después, la inversión social no se ha visto, los alcaldes despachan desde Bogotá y Villavicencio, y los funcionarios judiciales no han retornado por la presión de las Farc. [CIVR]

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