Reinserción de milicias dejó a la vista debilidad del Estado.
Desaparición de Asesoría de Paz y Convivencia aún levanta ampolla.
Programa de Convivencia, con apoyo BID, respira pero no despega.

Por
Clara Isabel Vélez Rincón
Medellín

Como si se tratara de camaleones que alteran su apariencia para sobrevivir ante las adversidades del medio ambiente, los grupos armados ilegales que operan en Medellín desde finales de la década de los ochenta, y sus miembros, optaron por cambiar de bando y asegurar su existencia.

En este lapso, sus integrantes no se han movido de un lado a otro de forma caprichosa. Los cambios han obedecido a una dinámica propia de la confrontación armada en medio de la cual se dan períodos en los que asoma la posibilidad de un proceso de reinserción a la vida civil, con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan.

Sin embargo, el entusiasmo que ha acompañado algunas de estas iniciativas se ha tornado en decepción recordando el refrán popular según el cual a veces la cura resulta más mala que la enfermedad. Esto sucedió en 1994 cuando las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá decidieron desmovilizarse, a instancias del Gobierno Nacional y conformar la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom).

Otros procesos, como las 26 mediaciones y los 25 pactos de no agresión acordados entre 1998 y 2000 por la Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, aunque recibieron críticas y no dieron los resultados que la comunidad y la misma Administración esperaban, constituyen un derrotero sobre el cual se puede trabajar en el futuro.

El actual gobierno municipal cerró la Asesoría de Paz y Convivencia, en una decisión que aún genera polémica: tanto la Personería Municipal como varias Ong consideran que la ciudad quedó sin políticas en la materia. Así mismo, decidió revisar el programa de Convivencia Ciudadana que se adelanta con un empréstito del BID.

No obstante, las alternativas a procesos de paz están abiertas mediante las Mesas de Trabajo Barriales, 21 de las cuales hacen parte de un convenio entre la Alcaldía y el Centro Arquidiocesano de Reconciliación. Otras operan como iniciativas de algunas parroquias.

Experiencia coja
Al comenzar la década de los 90 los grupos de milicias aseguraron no tener nexos con la guerrilla o las autodefensas ni adelantar acciones de “limpieza social” o realizar actividades ilegales como el secuestro y la extorsión. Poco a poco cambiaron su forma de operar.

El caso más evidente es el de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y de las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que el 25 de febrero de 1994 empezaron un proceso de reinserción con respaldo del Gobierno Nacional y tres meses después, el 26 de mayo, firmaron un compromiso que facilitó la formación de Coosercom.

El gran error, reconocido en 1996 por el propio director nacional de Reinserción, Tomás Concha, fue abrir a particulares el monopolio de las armas, que debe ser estatal: Coosercon conservó sus armas para adelantar “labores de vigilancia” en algunos barrios y establecimientos educativos de la zona nororiental de Medellín.

En mayo de 1995, un año después de firmarse el proceso, cerca de 100 miembros de la cooperativa murieron como consecuencia de disputas intestinas o entre ellos y ex militantes de las milicias. Luego denunciaron una campaña de exterminio. En 1997, el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo, decidió poner freno al asunto y exigió el desarme de Coosercom. Con el tiempo, algunos desmovilizados se unieron a milicias insurgentes. Muchos otros, poco a poco, terminaron al servicio de las autodefensas.

Otros pactos
Entre 1998 y 2000 la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, a cargo de Luis Guillermo Pardo, impulsó los pactos de no agresión y las mediaciones en los barrios. Estas acciones hacían parte de un trabajo a mayor escala que involucraba un componente educativo, mediante jornadas y talleres de paz; la creación de un observatorio de los pactos de no agresión y la búsqueda de alianzas entre organismos municipales y gremios económicos, tendientes a fomentar proyectos productivos.

Los jóvenes que se acogieron a los pactos de no agresión se beneficiaron con empleo de choque (por ejemplo, contratos de limpieza de quebradas para el Instituto Mi Río). A finales de 2000, algunos de los firmantes de los pactos, consideraron que el apoyo estatal era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para la totalidad de los miembros de las bandas involucradas.

Desde otros sectores, las críticas se hicieron más fuertes. Las más delicadas tuvieron que ver con la compra de armas por parte de las bandas con dinero que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el excesivo protagonismo que tomó la Mesa de Trabajo de la Cárcel de Bellavista, al punto que se dijo que eran los reclusos, y no la administración municipal, los que trazaban las directrices de paz al Municipio.

Para Luis Guillermo Pardo Cardona, ex asesor de Paz y Convivencia, las críticas son infundadas. En el caso del empleo, reconoce que si bien se trató de empleo de choque la idea era buscar la participación de la empresa privada para crear proyectos productivos.

Respecto de la compra de armas asegura que no se han abierto investigaciones sobre el tema. En cuanto al protagonismo de los reclusos de Bellavista sostiene que esta mesa de trabajo era tan importante como todas las que se crearon en la ciudad y que las directrices de convivencia siempre las dictó el Municipio.

“Sabemos que todo proceso se puede mejorar pero los logros fueron palpables, tanto que el mismo BID hizo una validación mundial de la metodología desarrollada por la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, para la atención del conflicto urbano. De ahí surgió el empréstito con el que se iba a poner en marcha el Programa de Convivencia de la ciudad y que ahora está estancado”, asegura Pardo Cardona.

Cuerda floja
El año pasado, el alcalde Luis Pérez Gutiérrez consideró que el manejo de las políticas de convivencia debía replantearse. Con tal fin ordenó el cierre de la Asesoría de Paz y Convivencia y la revisión del Programa de Convivencia Ciudadana, que se financia con un empréstito de US$15 millones pactado entre el BID y su antecesor, Juan Gómez Martínez.

Uno de los más duros críticos de la decisión fue el personero de Medellín, Jorge Rojas Otálvaro, quien en el balance de 2001 cuestionó la falta de una política oficial para la atención del conflicto urbano y las consecuencias que ésta traería a la ciudad.

Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseguró durante la presentación del informe anual de esa Ong que el incremento de un 10% en las muertes violentas en la ciudad, respecto de 2000, se debía a la falta de compromiso de la administración municipal en la búsqueda de estrategias de convivencia.

Según Jorge Enrique Vélez, secretario de Gobierno del Municipio, el cierre de la oficina de Paz y Convivencia no tiene ninguna incidencia negativa en la ciudad pues el Plan de Desarrollo del Municipio, se fundamenta en la búsqueda de la paz, mediante la inversión social.

En torno al programa de Convivencia Ciudadana, mediante recursos BID, la reformulación está en marcha y contempla siete proyectos que deberán ser evaluados por el organismo internacional: Capacitación para el trabajo, que beneficiará a cerca de 50.000 jóvenes, con edades entre los 16 y 15 años, por valor de $10.000 millones; II Fase de prevención temprana de la agresión, por $999 millones; prácticas universitarias, por $6.000 millones y que aún no está definido; creación de catorce escuelas y catorce bandas de música, por $3.700 millones; creación de once escuelas de deporte y recreación, por $3.207 millones; constitución de 40 mesas barriales para la resolución pacífica de conflictos, $2.288 millones y Observatorio de la Violencia, por $3.000 millones.

Para la actual administración el problema de violencia en Medellín está sobrediagnosticado y por lo tanto es necesario pasar de las palabras a los hechos. Mientras estos se concretan los habitantes de los sectores populares esperan que los programas sociales que, en parte, sacarían a sus hijos de la guerra comiencen lo más pronto posible.

Ellos poco entienden de la elaboración de términos de referencia de un proyecto o de las exigencias planteadas por la banca multilateral para el desembolso de recursos de cofinanciación.

Los efectos de la guerra en las calles son notorios: 3.141 homicidios y catorce masacres, entre el 1º. de enero y el 30 de noviembre de 2001. La voz y las iniciativas ciudadanas son acalladas por el ruido de las armas y los atropellos de los ilegales, crecientes, día a día, en las laderas de la ciudad.

Para 1994, época en la que comenzaron los acercamientos entre Gobierno Nacional y milicias que operaban en Medellín, los informes de la Policía Metropolitana señalaban la existencia de diez grupos que, según el DAS, contaban con 5.000 a 8.000 integrantes.

El 26 de mayo de 1994, se concretó el proceso de desmovilización de 650 integrantes de las milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las milicias Populares del Valle de Aburrá. Así nació la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom) que luego de múltiples tropiezos y críticas por su accionar, tuvo que disolverse.

Numerosos miembros de los grupos que se acogieron al programa de reinserción y otros que no lo hicieron cambiaron su accionar y se unieron, luego, a otros grupos ilegales. Sólo las Milicias Bolivarianas de las Farc son las mismas desde entonces.

Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo
Populares, La Isla, Santo Domingo y otros barrios de la zona nororiental. En 1994 participaron en un proceso de desmovilización que dio lugar a la creación de Coosercom. Parte de sus miembros integraron luego bandas de delincuencia común. Algunos militantes se unieron al Eln y otros se sumaron a los Núcleos Revolucionarios 6 y 7, absorbidos este año por las Auc. La mayoría de sus líderes murió en guerras intestinas por el poder.

Milicias Populares del Valle de Aburrá
Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa, Santa Cruz, parte de la zona centro-oriental. También se desmovilizaron en 1994 y participaron en la formación de Coosercom. Algunos de sus miembros se unieron a las Auc y a bandas de delincuencia organizada.

Milicias 6 y 7 de noviembre
Villa Turbay y Villa Lilian, Llanaditas, 13 de noviembre. Después de haberse desmovilizado, sus miembros se unieron a las Auc.

Milicias América Libre
San Javier, 20 de Julio, La Independencia y parte alta de la América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre, Aures y El Picachito. Parte de sus integrantes pasaron a las filas del Eln, otros a los Comandos Armados del Pueblo (Cap). Muchos de sus miembros en el 12 de Octubre, Aures y El Picachito, se unieron a las Auc.

Milicias Populares de Occidente
San Javier, 20 de Julio, La Independencia y parte alta de La América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre y El Picachito. Rompieron sus nexos con las Milicias Populares del Valle de Aburrá y el Bloque Popular Miliciano y evolucionaron, en parte, hasta integrarse a los Comandos Armados del Pueblo (Cap).

Milicias Populares Revolucionarias
Parte alta de la zona centroriental, barrios Versalles y Manrique. Tenían vínculos con la Corriente de Renovación Socialista. Una parte pasó a las Auc y las que operaban en el barrio 8 de marzo mantienen la influencia del Eln.

Comandos Obreros Populares (Milicias Populares de Liberación)
Castilla. Surgieron como disidencia del Epl. Algunos de sus integrantes se unieron a bandas de delincuencia común, otros a las Auc y otros a la guerrilla.

Milicias Bolivarianas de las Farc
La Iguaná y algunos sectores de la zona centroccidental. Son orgánicas de las Farc.

Milicias Pueblo Unido y Milicias El Sol
Bello. Se disolvieron. Hoy hay control casi absoluto del Bloque Metro de las Auc sobre grupos ilegales de esa localidad.

Milicias Che Guevara
Itagüí. Algunos de sus miembros se unieron a los Cap.

Implicaciones
Voces que no se apagan

La voz de la comunidad para buscar salida a sus problemas, en medio de las balas y la confrontación, no ha cesado. Las mesas barriales que operan en diferentes sectores de la ciudad son muestra de ello.

Esta iniciativa opera en 21 barrios, por medio de un convenio entre el Centro Arquidiocesano de Reconciliación y la Alcaldía de Medellín, pero en otras zonas funcionan de forma autónoma, lideradas por los sacerdotes en sus parroquias. Su propósito es fortalecer el tejido social de los barrios, acercar a sus líderes naturales, buscar alternativas de convivencia y buscar soluciones a la crisis desde la misma comunidad y no desde sectores ajenos a ella.

Los párrocos son los líderes, para lo cual buscan la participación de maestros, madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia, a quienes brindan capacitación. “No se trata de partir de cero sino de recuperar otros espacios que ya se tenían en las comunidades, recoger experiencias pasadas y buscar alternativas entre quienes realmente conocen el conflicto”, explica un vocero del Centro Arquidiocesano de Reconciliación.

Según dice, el éxito del programa consiste en que no se han creado falsas expectativas a la comunidad sobre los alcances del mismo. “No hemos hablado de repartir plata ni de crear empleos, sólo que la gente se comprometa con su barrio”.

Por eso desvirtua afirmaciones según las cuales el Centro Arquidiocesano de Reconciliación se convertiría en ejecutor del proyecto de Mesas Barriales presentado por el municipio dentro del empréstito del BID y que tiene un valor de $2.228 millones. “Brindamos asesoría a la Alcaldía en lo referente a la presentación del proyecto, pero nuestro interés no es ser contratistas. Vamos a seguir participando de las iniciativas de paz y convivencia en la ciudad, pero no de esa forma”, aclara el sacerdote.