Alerta en la Contraloría de Antioquia: 771 casos prescribirán antes de fin de año

La Contraloría de Antioquia arrancó este año con el tiempo jugando en su contra. Luego de que en enero pasado iniciara funciones el nuevo contralor, el ente destapó que 771 procesos están en riesgo de caerse sin que se alcancen a tramitar.

El dato no es menor. Según las cuentas de la institución, ese acumulado equivale al 70% de todos procesos que hay en curso.

En una cifra presentada en marzo pasado, durante un informe rendido a la Asamblea de Antioquia, la cuantía de ese arrume de casos es de $70.302 millones que estarían en riesgo de no recuperarse.

Dentro de esa gran bolsa de investigaciones que habrían avanzado a paso de tortuga hay casos que llaman la atención y ya han despertado suspicacias sobre la saliente contralora Enedith del Carmen González Hernández.

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En los corrillos políticos del departamento y dentro del mismo órgano de control muchos no se explican por qué hubo procesos a los que se les dio mayor celeridad sin que estuvieran en riesgo de prescribir y otros fueron acumulando polvo a pesar de comprometer cuantías significativas.

Uno de los procesos más sensibles se asocia a una denuncia que se remonta al periodo del exgobernador Luis Pérez, vinculada con presuntas irregularidades ocurridas en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Con el reloj en contra

Las alertas sobre esas investigaciones en riesgo de caerse ya habían sido emitidas desde el año pasado, cuando en un informe de auditoría financiera de 2024 elaborado por la Auditoría General de la República se hizo un muestreo de procesos adelantados por la Contraloría y se advirtió que había un riesgo de caducidad del 100% en toda la muestra.

De acuerdo con la información recabada en el proceso de empalme, la Contraloría le reportó a la Asamblea tener en sus cuentas un acumulado de 916 procesos en riesgo de prescripción que tenían como plazo límite el último trimestre de 2025 y 2026. La cuantía de ese conjunto de casos era de $85.333 millones.

Antes de terminar 2025, la Contraloría alcanzó a evacuar 145 procesos por un valor de $15.031 millones. Restando ese número, el ente de control arrancó el 2026 con 771 procesos en riesgo de prescribir. Sin embargo, según se alertó ante la Asamblea, durante ese periodo también se adelantaron otros 34 procesos por una cuantía de $18.719 millones, pero cuya fecha de prescripción estaba entre 2027 y 2030.

Para la Contraloría entrante, según se apuntó durante el más reciente informe de gestión, no tendría lógica que en el periodo pasado se le hubiera dado prioridad a esos procesos sobre los que se tenía mayor margen de tiempo, por encima del apremiante arrume de casos por prescribir.

Pese a que esos 34 procesos que se evacuaron representaron una cuantía significativa, una situación que ha avivado las suspicacias se asocia a los procesos que se archivaron ese año y que representaron un respiro para varios investigados.

En dicha lista aparecen por ejemplo la Alcaldía de Turbo, a la que se le archivaron siete procesos por $6.046 millones; Savia Salud, a la que se le archivaron cinco procesos por $291 millones; el municipio de Sopetrán, al que se le archivó un proceso por $8.879 millones; y el municipio de Valparaíso, al que se le archivó un proceso por $504 millones.

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Además de los procesos archivados, otros procesos que han llamado la atención son aquellos que resultaron este año a las puertas de la prescripción y que se habrían quedado durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de la Contraloría, algunos de alto impacto mediático, como uno que involucró a la Fábrica de Licores de Antioquia durante la gobernación de Luis Pérez.

Las pesquisas en la FLA

La investigación de la FLA que se quedó engavetada se asocia a un proceso de responsabilidad fiscal que se inició en noviembre de 2021, en un caso que vinculó inicialmente al exgerente de esa entidad Iván Correa Calderón, al exdirector financiero Jorge Horacio Cardona Jaramillo; y a las tres empresas privadas que hoy se mantienen como los únicos jugadores en el negocio de la distribución: Dispresco S.A.S., Interlicores Ltda y Alianza Mayorista.

Tal como lo contó este diario en aquel momento, aunque las pesquisas de la Contraloría se manejaron entonces con discreción, la indagación salió a flote cuando se filtró un oficio dirigido a la FLA, en el que se precisaba que la pesquisa ya se había abierto a través del auto 1121 de ese año y que este se había rotulado como el 645 de 2021.

A un nivel general, fuentes en el interior de la FLA señalaron entonces que el proceso se asociaba a una serie de descuentos que había aprobado la licorera durante el gobierno de Luis Pérez, con los que se buscaba impulsar las ventas.

Si bien el sentido de dichos descuentos era servir de estímulo para los distribuidores, la Contraloría de Antioquia alertó preliminarmente tener indicios de que estos se habrían aplicado sobre el total de las facturas y presuntamente se habría cometido el error de no excluir el IVA.

El cálculo preliminar entregado entonces por el ente de control fiscal apuntaba a un presunto detrimento de por lo menos $2.621 millones.

Pese a que en diciembre de ese año la Contraloría empezó a indagar por los datos personales de los implicados para que comparecieran, durante ese mismo mes la Asamblea de Antioquia eligió a un nuevo contralor para el periodo 2022-2025, proceso en el que resultó vencedora Enedith del Carmen González Hernández.

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Fue en ese mismo proceso de elección que sobre González Hernández se formularon cuestionamientos por sus presuntos vínculos políticos tanto con el exalclade de Itagüí y senador del partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo, como con el exsenador liberal Julián Bedoya, que en 2023 se lanzó a la gobernación de Antioquia y en la recta final se alió con Luis Pérez, quien buscaba la reelección.

González Hernández, quien durante todo su periodo no logró zafarse de esos señalamientos, siempre los negó y sostuvo que los procesos del ente a su cargo se regían solamente bajo criterios técnicos. Lo cierto es que, pasados cuatro años de un periodo en que esos señalamientos se profundizaron, el caso de la FLA tampoco se resolvió y es uno de los 771 en riesgo de prescribir.