¿Retaliación? Gobierno Nacional señaló otra vez a Hidroituango de irregularidades y le abrió proceso en la Anla

Luego de varios meses de polémica, Hidroituango terminó convirtiéndose en la primera central hidroeléctrica investigada formalmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en las lluvias ocurridas durante el Frente Frío.

El caso, que apenas está en proceso de notificación, aparece luego de que el presidente acusara sin pruebas a esa central de estar detrás de las inundaciones que afectaron a regiones como Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño, declaraciones que fueron desmentidas con vehemencia tanto por Empresas Públicas de Medellín (EPM), como por la Sociedad Hidroituango.

Pese a que en medio de esa controversia otros entes como la Superintendencia de Servicios Públicos y hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) visitaron el embalse siguiendo órdenes del Palacio de Nariño, ambos entes posteriormente no informaron de irregularidades.

No obstante, aludiendo a la misma discusión, fue este lunes que la ministra de Ambiente y también directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, anunció la apertura de la investigación, en medio de un pronunciamiento en el que volvió a desacreditar a Hidroituango y lo calificó como el proyecto más sancionado de la historia reciente en el país.

Los argumentos de la Anla para investigar a Hidroituango por el Frente Frío

Hasta donde se ha conocido públicamente, el proceso anunciado este lunes centra sus pesquisas en tres señalamientos centrales hacia Hidroituango: que los caudales descargados en el vertedero no serían iguales a los de entrada al embalse, que presuntamente no se habría cumplido la regla de operación –es decir, que el nivel del embalse habría subido a niveles no autorizados– y que no se habría realizado un aprovechamiento forestal y efectuado un rescate de fauna durante un ascenso que se presentó en el nivel del agua recientemente.

“Los hechos que son sujetos de investigación corresponden a un presunto incumplimiento en el control del caudal descargado aguas abajo del sitio de presa; la implementación de medidas necesarias de equilibrio en el caudal en época de sequía o estiaje respecto a aportes y descargas; y la inundación de 59,8 hectáreas al subir la cota sin el debido aprovechamiento forestal, y la protección de la fauna y de las especies protegidas y en veda”, expresó la autoridad en un comunicado, sosteniendo que dichos indicios están documentados en el Concepto Técnico 2997 de 2026, emitido por la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla.

¿Proceso con motivaciones políticas?

Los señalamientos de supuestos malos manejos ambientales a Hidroituango durante las lluvias comenzaron de parte del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de febrero, cuando en una publicación que difundió por sus redes sociales responsabilizó a esa central de las calamidades ocurridas en el país.

Según aseveró el presidente, la central supuestamente había llenado al límite su embalse y luego liberado el agua generando la emergencia.

“De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben [Sic]”, planteó entonces el primer mandatario, ordenando “de manera inmediata” a las superintendencias investigar y rendir informe.

Como en efecto ocurrió días después, la Superintendencia de Servicios Públicos atendió el llamado del presidente y visitó Hidroituango, pero luego no informó de irregularidades.

EPM no se quedó callada y luego de los señalamientos del presidente desmintió que su embalse hubiera llegado al 100%, anotando que con una capacidad que llega hasta la cota 420, Hidroituango no había superado la cota 409.

La empresa señaló que ese margen adicional ha servido para darle margen de operación al proyecto reabsorber crecientes imprevistas y así precisamente evitar inundaciones.

“La central tiene capacidad para operar mucho más arriba del nivel reportado. Hoy informamos ese 100% en la cota 409 sobre el nivel del mar porque hace falta realizar la poda de la cobertura vegetal necesaria para subir el embalse y operarlo en su condición normal, que es la cota 420. Es decir, tenemos capacidad para subir otros 11 metros más allá de ese 100 % actual para acumular agua y controlar crecientes”, expresó Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.

“Tenemos capacidad para absorber crecientes como la ocurrida el año pasado el 11 de abril, cuando llegaron alrededor de 5.000 metros cúbicos por segundo. Gracias a la amortiguación del embalse y a la operación de las compuertas, aguas abajo salieron solo 3.000 metros cúbicos por segundo. Logramos mitigar el impacto de manera significativa”, añadió el funcionario.

En medio de esa controversia, otra entidad que visitó Hidroituango fue la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que señaló no ver tampoco irregularidades.

Otro ente que se pronunció fue la Sociedad Hidroituango –entidad propietaria del proyecto, por la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín de Medellín–, siendo mucho más directa al señalar que el presidente desinformaba.

“Las declaraciones del presidente Petro frente a la sociedad, la junta directiva y la central en general son irresponsables, tendenciosas y tienen un marcado tinte político que está completamente alejado y desconoce el rigor técnico con que se ha construido y opera la central”, expresó el gerente de esa sociedad, Alejandro Arbeláez.

“La central se puede preparar para hacer un desembalse controlado de las aguas, de manera que cuando la creciente ingrese al embalse, este pueda recibirla, neutralizar y amainar las aguas, evitando tragedias aguas abajo. Esa es una labor fundamental de Ituango: actuar como un gran regulador de caudales del río Cauca, teniendo la capacidad de anticipar hasta con 30 horas cómo viene el río. Al final, lo que hace es generar seguridad para las comunidades”, agregó.

“El proceso no puede considerarse una retaliación”: dice Irene Vélez

Frente a esos señalamientos, este lunes, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que el proceso no tendría supuestamente motivaciones políticas, aprovechando no obstante para enfatizar que Hidroituango sería el proyecto más sancionado por la Anla en los últimos diez años.

“Aquí es muy importante señalar que en la última década a Hidroituango se le han abierto 20 procesos sancionatorios. Esto quiere decir que es el proyecto más sancionado durante la última década por parte de esta autoridad ambiental”, expresó la funcionaria en una entrevista en la emisora Caracol Radio, en la que desacreditó al proyecto y volvió a invocar la emergencia ocurrida en 2018.

“Después del siniestro que se generó en el año 2018, que como sabemos implicó la inundación de casa de máquinas y la salida de emergencia de al menos 5.000 trabajadores, hubo un rediseño completo de esa represa y desde nuestra perspectiva, eso ha significado un impacto posterior en términos de la operación del proyecto que ha derivado en 20 aperturas de procesos sancionatorios”, añadió.

Al ser interrogada por lo ocurrido en las visitas realizadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Superintendencia de Servicios Públicos, Vélez argumentó que el ente a su cargo tiene funciones distintas.

“El proceso sancionatorio además es largo. No es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer y, por eso mismo, no puede considerarse una retaliación, sino que es, por el contrario, un proceso de investigación que, en el caso de estos cargos, estaría hablando de presuntos hechos acontecidos durante el último año”, agregó.

Por ahora, ni EPM ni la Sociedad Hidroituango se han pronunciado sobre el nuevo proceso abierto contra el proyecto.