Ellos son los 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia este 2025
Además de los homicidios, en el primer semestre del año se registraron 97 agresiones a líderes y defensores de derechos en el departamento, según informe de Fundación Sumapaz.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Cubro temas de paz, conflicto armado, derechos humanos, niñez, género y política.
Fernanda Domicó era la jefa del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, la única mujer trans del país en tener ese cargo. Indígena y lideresa social, Fernanda era reconocida en este pueblo del Occidente antioqueño por su trabajo de servicio y en causas sociales, pero también por promover los derechos de su comunidad embera. El 25 de julio pasado, la encontraron muerta, asesinada en una finca, y el hecho causó conmoción. Autoridades locales y habitantes la despidieron con homenajes en el parque principal, la Gobernación de Antioquia ofreció recompensa por información para esclarecer su homicidio, que dejó sin liderazgo a la población étnica y LGBTIQ+ y enraizó aún más el temor en los pobladores, como suele pasar en las comunidades cuando asesinan a un líder social o defensor de derechos humanos.
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El caso de Fernanda se registró poco más de un mes después de que a Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal de San Andrés de Cuerquia, lo asesinaran en el parque principal del pueblo, por donde transitaba en su silla de ruedas. Además de ocupar una curul en el concejo de este municipio del Norte antioqueño, Juan Camilo también era reconocido por su liderazgo social. Un menor de edad, de 17 años, fue aprehendido como presunto implicado y las autoridades atribuyeron el hecho a las disidencias de las extintas Farc.
Los dos casos no son aislados. Este 2025, en Antioquia, 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según los consolidados de Indepaz, Coljuristas y otras entidades. Encabezan la lista, con seis casos, los líderes de sectores comunales y comunitarios Dianys Valderrama Tuberquia, José Francisco Romero Zamudio, William Arnulfo Marín Amaya, Eucario Callejas, Hernando Acevedo y Fabio Marín. Le siguen, con dos casos cada uno, los sindicales Jorge Enrique Cano Jaramillo y Martín Emilio Acevedo Quiceno; los políticos Federico Hull Marín y Juan Camilo Espinoza Vanegas; y los indígenas Iván Causil y Fernanda Domicó. Finalmente, con un caso cada uno, el cultural Dayiston Correa Meneses y el reconocido minero Jaime Gallego.
El de Jaime, líder minero, defensor de derechos humanos y político, fue uno de los hechos más sonados y que causó consternación porque antes de que lo encontraran asesinado estuvo desaparecido varios días. Semanas después, capturaron a un integrante del Clan del Golfo como presunto responsable del homicidio.
En el primer semestre fueron 97 agresiones contra líderes en Antioquia: Sumapaz
No son simples nombres ni, mucho menos, simples estadísticas. Estos asesinatos, que ubican a Antioquia en el segundo lugar en número de casos después de Cauca, que lleva 27 en lo corrido de este año, siguen siendo un grave problema que fractura las comunidades, porque los líderes y defensores de derechos humanos son su voz, que es apagada por los grupos armados ilegales con presencia en los territorios: Clan del Golfo, Eln, disidencias de las extintas Farc y bandas criminales.
Según el consolidado sobre los 14 casos en el departamento, el Nordeste y el Norte son las dos subregiones con mayor cantidad (4 hechos cada una), justamente en las que también persisten confrontaciones entre grupos armados, ataques a la fuerza pública y violaciones a la población civil. El segundo lugar lo ocupa el Valle de Aburrá (2 casos); mientras que el Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Occidente registran de a un caso.
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El panorama es crítico, señala César Mendoza, vocero de la Fundación Sumapaz, porque los líderes y defensores de derechos son atacados en su vida e integridad cuando hacen denuncias frente a los actores ilegales que se encuentran en los territorios: “Tenemos un número muy alto de amenazas contra líderes sociales, es así que muchos han tenido que abandonar sus territorios y llegar a Medellín para buscar protección”.
En el más reciente boletín de alerta sobre este tema en el primer semestre del año, la fundación recopiló no solo los homicidios ocurridos en Antioquia, sino también alrededor de 97 agresiones en contra de líderes y defensores, entre ellas se destacan 27 amenazas individuales, 13 casos de persecución judicial, 9 desplazamientos forzados, 9 hechos de estigmatización, 7 desapariciones forzadas y 7 secuestros.
Los grupos armados ilegales intimidan, agreden de forma física y verbal, hieren, silencian a los líderes sociales y defensores que se atreven a cuestionar o poner de manifiesto sus intereses económicos o denunciar vulneraciones a la población civil. De acuerdo con el informe de Sumapaz, estas estructuras irrumpen en hogares o propiedades, con armas, dan ultimátums, obligan a las personas a dejar sus casas o cumplir exigencias; también amenazan con panfletos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas o visitas personales; o bien, estigmatizan “a las víctimas como ‘sapos’ (delatores) o colaboradores de las autoridades”.
De esas 97 agresiones documentadas en el primer semestre en Antioquia 16 casos fueron contra líderes comunales, 13 contra líderes sociales, 12 contra defensores de derechos humanos; le siguen periodistas y sindicalistas.
A esto se suma otro dato preocupante que reveló Sumapaz en el informe, dice César Mendoza: alrededor de 90 líderes han solicitado medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), de las cuales 40 no fueron atendidas de manera efectiva, 20 están en trámite (con corte a julio) y 5 casos, incluyendo Corpades y el defensor de derechos humanos Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz de la Alcaldía de Medellín, sufrieron peligrosos desmontes de sus medidas de protección.
Ante el riesgo que siguen corriendo los líderes sociales, Sumapaz reitera el llamado a implementar acciones como disminuir el tiempo de análisis de una solicitud a la UNP, mejorar la articulación de autoridades departamentales y nacionales, tener una judicialización efectiva en los casos denunciados, brindar apoyo psicosocial y económico en comunidades afectadas por desplazamientos y pérdida de líderes, fortalecer las organizaciones comunitarias y formar en derechos humanos.
La Gobernación de Antioquia tiene entre sus acciones para proteger a los líderes y defensores una ruta de atención temporal, con apoyo económico por tres meses, asistencia psicológica y albergues cuando se presentan amenazas. También se avanza en un proyecto de prevención y fortalecimiento institucional que para este 2025 se proyectaba estar en 82 municipios.
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