¿Por qué activó RTVC su maquinaria contra el gobernador de Antioquia?
En medio de la fuerte controversia por los archivos de Calarcá, el sistema de medios públicos comenzó a publicar informaciones contra el gobernador de Antioquia.
El aparato mediático del Gobierno Nacional tiene otra vez en la mira al gobernador de Antioquia. Desde la semana pasada, el sistema de medios RTVC reanudó una ofensiva en contra del mandatario seccional que no solo ha llamado la atención por estar financiada con recursos públicos, sino por coincidir con uno de los momentos más álgidos en las relaciones entre la Casa de Nariño y Antioquia.
A finales de la semana pasada, justo cuando el Gobierno le hacía frente al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado, los informativos de RTVC comenzaron a mover por sus canales la versión de que el gobernador Andrés Julián Rendón estaba a pocas horas de ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por el caso de los CAI de Rionegro.
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El contenido no solamente fue publicado en la franja matutina del canal, sino en los informativos de Radio Nacional de Colombia de la tarde, generando a su vez una oleada de publicaciones en otros medios.
Sin entrar en mayores detalles, las noticias mencionaban de forma genérica que la imputación ya sería un hecho y hasta anticipaban que sería por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
Lo curioso del caso es que, aunque la noticia comenzó a moverse desde el pasado 27 de noviembre, en los registros de la Rama Judicial todavía no aparecía –ni aparece hasta el momento de la publicación de este artículo– novedad alguna en el caso de Rendón.
Apenas un día después, el medio Aguijón – autorotulado como “alternativo”, pero que también ha estado bajo la lupa pública desde tiempo atrás por participar en estrategias comunicativas afines a grupos políticos del exalcalde Daniel Quintero– se sumó a las publicaciones y comenzó a mover contenidos sobre una supuesta red de exmilitares que estarían al servicio de Rendón para “desestabilizar” al Gobierno Nacional.
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Este último medio, en una nota de seis párrafos, buscaba darle el giro al escándalo de la caravana de la UNP detenida el año pasado en Antioquia y en la que viajaba alias Calarcá, este último capturado por la Fuerza Pública y después liberado por orden de la Fiscalía al ser nombrado gestor de paz por la Nación.
En dicho contenido, sin aportar ninguna prueba, se aseveraba la existencia de una supuesta red de exmilitares en Antioquia que estarían incidiendo en dicho caso para afectar la imagen del presidente Gustavo Petro.
Otro contenido que complementó la ofensiva se publicó durante la noche del pasado domingo en Señal Colombia, en donde se publicó un informe especial de media hora en el que se reseñaba un proceso judicial contra varios militares de Frontino ante lo que sería un falso positivo ocurrido en dicho municipio.
Pese a que el grueso del informe televisivo consistió en un recuento minucioso de un informe de la Fiscalía en el que se plasmó dicho caso, y en el que incluso se sugería –según los apartes publicados por el mismo medio– que los militares involucrados habrían presuntamente actuado haciendo caso omiso a órdenes de sus superiores, el medio relacionó al gobernador de Antioquia.
Luego de sacar en limpio tanto al Ministerio de Defensa como al presidente Gustavo Petro por lo ocurrido, publicando trinos en los que ambos aseguraban haber pedido investigaciones, el programa de Señal Colombia amplificó el testimonio de un abogado de una ONG para atribuir ese hecho y otras denuncias de falsos positivos al gobernador Rendón.
Si bien el mandatario local no hace parte de la línea de mando y no tiene injerencia en el manejo de las Fuerzas Armadas –rol de resorte exclusivo del Gobierno Nacional–, la información sugería que la responsabilidad de dichos casos sería atribuible a la Gobernación de Antioquia.
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Partiendo del hecho de que desde 2024 Rendón ha sido una de las voces más críticas por la situación de orden público en Antioquia y el país –por cuenta de sus críticas insistentes a la falta de iniciativa del Gobierno Nacional para confrontar a los grupos armados y el escaso pie de fuerza en Antioquia–, el medio amplificó una versión según la cual dichos llamados serían una “presión operativa”, a su vez culpable de dichos falsos positivos.
Este lunes, el informativo sacó otra pieza citando a un exmilitar que planteaba que las investigaciones del archivo de Calarcá publicadas por Caracol se tratarían de un supuesto complot orquestado por los gobernadores de Antioquia y Santander, generales en retiro y un candidato presidencial.
¿Una ofensiva coordinada?
Más allá de dichas inconsistencias y contradicciones, la aparición de esas publicaciones han llamado la atención por coincidir con uno de los momentos más álgidos en la relación entre Petro y Rendón.
Los choques más recientes ocurrieron a raíz de una investigación periodística publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en la que se reveló un expediente en poder de la Fiscalía General de la Nación con información altamente sensible que apuntaría a una presunta infiltración por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, a los organismos de inteligencia del Estado.
Calarcá ya había ocupado los titulares nacionales el año pasado cuando precisamente hizo parte de una caravana de vehículos de la UNP que fue detenida por el Ejército en Antioquia y que denunció el gobernador Rendón.
Pese a que durante dicho escándalo las Fuerzas Militares encontraron armas, dinero en efectivo y hasta oro en poder de los detenidos, capturándolos en el acto, fue por cuenta de la política de Paz Total que la Fiscalía General de la Nación ordenó liberar a Calarcá, en una decisión que fue criticada fuertemente por Rendón.
El pasado 24 de noviembre, poco antes de dichas publicaciones, Rendón había elevado el tono de sus cuestionamientos, planteando que las autoridades deberían investigar al alto gobierno y a la misma Fiscal General por dicho entramado, considerando que incluso podría configurar un presunto concierto para delinquir.
Al margen de ese choque, para muchos la pregunta que volvió a quedar en el aire son los criterios con los que no solo se define la agenda informativa del sistema de medios oficial, sino cómo se ejecutan los recursos públicos que lo financian. ¿Cuánto gasta RTVC en intimidar a las voces críticas del Gobierno?