De la Espriella sostuvo su primera reunión con las altas cortes como presidente electo, ¿de qué hablaron?

El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo en las altas cortes este 25 de junio. Parece ser un acercamiento para tender puentes tras una relación crispada entre la rama judicial y el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella llegó al Palacio de Justicia, donde fue recibido por funcionarios y trabajadores del edificio. Además, tuvo una reunión informal con el magistrado Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y otras con los presidentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; Paola Meneses y Alberto Montaña, respectivamente.

Según informó la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales, De la Espriella “expresó su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público”.

Los 90 decretos

De la Espriella entraría al gobierno con propuestas que posiblemente serán revisadas por las altas cortes, como la de firmar 90 decretos de los que, hasta ahora, no se tienen detalles.

La apuesta, dijo, tocaría temas como seguridad, economía, salud y educación. La idea es que, mientras su equipo arma la agenda legislativa y teje acuerdos en el Congreso, esos decretos sirvan como la primera señal de hacia dónde quiere llevar el país.

Uno de los frentes en los que más énfasis puso fue el de la lucha contra los cultivos ilícitos. De la Espriella aseguró que una de sus prioridades será intervenir las cerca de 330.000 hectáreas de coca que, a su juicio, se han convertido en la principal fuente de financiación de los grupos armados y de buena parte de la violencia que golpea a Colombia.

Su fórmula para enfrentar ese problema combinaría fumigación aérea, drones y erradicación manual. Pero precisó que no recurriría al glifosato. En su lugar, planteó el uso de bioherbicidas, insistiendo en que su estrategia respetaría las restricciones impuestas por la Corte Constitucional y el marco legal vigente.

“La agenda legislativa la empezaremos a construir tan pronto salgamos de la elección del próximo domingo. Con el vicepresidente tendremos una semana de trabajo con ese propósito. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la Presidencia”, dijo antes de las elecciones.

Las reuniones de hoy pueden verse como una manera de tantear el terreno para el planteamiento de esa agenda legislativa en términos legales; por ejemplo, de controles de constitucionalidad. Es decir, que las leyes que proponga su gobierno sí sean realizables según los estándares de la Constitución de 1991.

Habla experto

En esa línea estuvo la explicación de Sergio Morales, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana.

“Los primeros acercamientos entre el presidente electo y las altas cortes evidencian un reconocimiento de que buena parte de sus principales propuestas están coordinadas por el diseño institucional previsto en la Constitución de 1991”, dijo el experto a EL COLOMBIANO.

“Estos encuentros también deben entenderse a la luz del principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público (artículo 113 de la Constitución). Aunque hay separación de poderes, las ramas colaboran armónicamente para la realización de los fines del Estado. Pero esto no implica subordinación, las cortes ejercen su control con plena independencia”, agregó.

Le puede interesar: CNE certifica a Abelardo como presidente electo mientras Cepeda acepta derrota y anuncia oposición

Conversación con la Corte Constitucional

Morales destacó las conversaciones con las diferentes altas cortes. En cuanto a la Corte Constitucional, dijo que “la conversación con la presidenta de la Corte Constitucional es relevante porque varias de las propuestas anunciadas por el presidente electo podrían ser examinadas por este tribunal”.

Sin embargo, dijo Morales, “no todos los decretos por el presidente son revisados automáticamente allí. Ese control automático solo existe para los decretos que la Constitución establece, como los legislativos expedidos durante los estados de excepción y estado de emergencia económica, social y ecológica”.

Ese control de la Corte puede ser demorado. Por ejemplo, este 24 de junio, la Corte Constitucional avaló la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno Petro a comienzos de 2026, para atender las graves afectaciones causadas por la temporada de lluvias.

No obstante, el alto tribunal impuso varias condiciones; restringió el alcance territorial de la medida y eliminó algunos temas que consideró ajenos a la crisis climática que motivó el estado de excepción.

Volviendo al experto, dijo: “si el presidente De la Espriella expide un paquete amplio de decretos para desarrollar su programa de gobierno, la mayoría no llegaría automáticamente a la Corte Constitucional. Podrían ser objeto de distintos tipos de control”. Algunos podrían llegar, por ejemplo, al Consejo de Estado.

Le puede interesar: El laberinto que le espera a De la Espriella en el Congreso ante la oposición

Reunión con el Consejo Superior de la Judicatura y las mega cárceles

Frente a la reunión con el Consejo Nacional de la Judicatura, el profesor Morales explicó que “este no hace control de constitucionalidad sobre actos del presidente, pero sí tiene funciones esenciales para administrar la rama judicial, como la planeación, administración, gestión de la infraestructura judicial, entre otras”.

A renglón seguido, habló de cómo esto es relevante para propuestas polémicas de De la Espriella, como la construcción de diez megacárceles.

“Si el nuevo gobierno pretende desarrollar una política criminal más fuerte, que incluya construir nuevas cárceles o impulsar reformas del sistema judicial, la coordinación institucional con el CSJ será muy importante para garantizar la capacidad operativa del aparato judicial”, dijo Morales.

Reunión con la Corte Suprema de Justicia

Se recuerda que la foto más conocida de los encuentros fue con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero.

“La Corte Suprema de Justicia conoce los procesos penales contra altos funcionarios aforados, unifica jurisprudencia y tiene un papel importante en la protección de derechos fundamentales. Esto, dentro de la justicia ordinaria. Además, participa en el sistema de pesos y contrapesos con la nominación de magistrados como la Corte Constitucional”, explicó Morales de esa reunión.

Una vez más, esta relación cobra aún más relevancia en un gobierno que promete una “Seguridad Democrática 2.0” y tiene propuestas como la de las megacárceles. “La relación institucional con la Corte Suprema será muy relevante con eventuales reformas en materia penal y de política criminal que impulse el gobierno”, dijo el experto.

Siga leyendo: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

Preguntas y respuestas

¿Con cuáles magistrados se reunió Abelardo de la Espriella?

Se reunió con Hugo Quintero (vicepresidente de la Corte Suprema), Paola Meneses (presidenta de la Corte Constitucional) y Alberto Montaña (presidente del Consejo de Estado), buscando restablecer relaciones armónicas de cara a su posesión presidencial.

¿Cómo erradicará el gobierno de De la Espriella los cultivos ilícitos?

El plan contempla intervenir 330.000 hectáreas de coca combinando fumigación aérea con drones y erradicación manual. Se descartó el uso de glifosato, sustituyéndolo por bioherbicidas para cumplir con las directrices de la Corte Constitucional.

¿Qué viabilidad jurídica tienen las megacárceles propuestas?

La viabilidad operativa y de infraestructura de las 10 megacárceles planeadas bajo su estrategia de “Seguridad Democrática 2.0” dependerá de la coordinación presupuestal y de gestión con el Consejo Superior de la Judicatura.