A prisión presunto integrante de disidencias señalado de planear el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana
Casi un año después del atentado que dejó heridos al periodista Gustavo Chicangana y a su esposa en San José del Guaviare, la Fiscalía envió a prisión a Campo Elías Castañeda Valencia, alias Morocho.
Un juez de control de garantías de Villavicencio envió a prisión a Campo Elías Castañeda Valencia, conocido con los alias de “Morocho”, “Chuchi” o “Empatía”, señalado por la Fiscalía de participar en la planeación y coordinación del atentado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, ocurrido el 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare.
Según la investigación, Castañeda Valencia, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, habría desempeñado un papel clave en la estructura que ejecutó el ataque armado. De acuerdo con el ente acusador, fue el enlace entre quienes ordenaron el atentado y quienes lo llevaron a cabo.
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La Fiscalía sostiene que alias “Morocho” habría participado en la planeación del crimen y en las labores de inteligencia previas contra la víctima. “Asimismo, es señalado de planear, dirigir y coordinar las vigilancias y seguimientos previos a la víctima, y alertar el momento en el que debían dispararle, exactamente cuando salió de la casa sin esquema de protección”, detalló la entidad.
Las autoridades también establecieron que el día del atentado habría mantenido contacto con las personas encargadas de ejecutar el ataque. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo una orden de captura en su contra, que fue materializada por uniformados de la Policía durante un procedimiento de verificación de antecedentes en vía pública en Villavicencio.
Tras su captura, fue presentado ante un juez e imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado. Aunque la Fiscalía expuso los elementos de prueba recolectados, el procesado no aceptó los cargos.
Con esta decisión judicial ya son cuatro las personas procesadas por el atentado que estremeció al periodismo regional y reavivó las alertas sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas con presencia de grupos armados ilegales.
El ataque que buscó silenciar una voz del Guaviare
Como informó EL COLOMBIANO en su momento, Gustavo Chicangana Álvarez, conocido en San José del Guaviare como Gustavo Chica, fue atacado la noche del 5 de julio del 2025 cuando salía de su vivienda junto a su esposa, Ana Milena Torres.
Pasadas las 8:00 p.m., la pareja abandonaba su casa, ubicada en el barrio El Dorado, con destino al Parque de la Vida. En ese momento, un hombre armado ingresó al predio y abrió fuego. Chicangana recibió varios impactos de bala, mientras que su esposa también resultó herida.
Vecinos del sector auxiliaron a las víctimas y las trasladaron inicialmente al hospital departamental. Posteriormente fueron remitidas a Bogotá para continuar su recuperación. El periodista sufrió heridas en el hombro, cuello y tórax.
Las investigaciones posteriores permitieron la captura de otros presuntos implicados. Entre ellos figura Alberto Antonio Araújo Rivera, ciudadano venezolano señalado de haber contactado al sicario que disparó contra la pareja, entregarle el arma utilizada y facilitar su huida tras el ataque.
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Amenazas previas y preocupación por la libertad de prensa
El atentado ocurrió en medio de un contexto de amenazas que ya había encendido las alarmas. Desde 2023, Chicangana contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a intimidaciones relacionadas con su trabajo periodístico.
Días antes del ataque, un panfleto atribuido al grupo armado Renacer ERPAC declaró objetivo militar a varios comunicadores de la región. En el mensaje se advertía: “Están muy contentos publicando nuestras noticias, los declaramos objetivo militar”.
Tras el atentado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los hechos y recordó que el director de Guaviare Estéreo, emisora afiliada a Caracol Radio e integrante de la Red de Corresponsales de la organización, había denunciado reiteradamente actividades ilegales y la presencia de estructuras armadas en el departamento.
La FLIP también había advertido que Guaviare era uno de los territorios más complejos para ejercer el periodismo. En ese entonces, entre enero y junio de 2025 se registraron 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales el 42 % correspondieron a amenazas. En ese escenario, señaló que la información en esa región “se ha convertido en un campo de batalla, donde periodistas enfrentan presiones, intimidaciones y vigilancia”.
La realidad es que a hoy, el panorama no ha cambiado. Según el reporte más reciente de la FLIP, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se documentaron 150 agresiones contra la prensa colombiana, una cifra que refleja el complejo de inseguridad que enfrentan los periodistas en el país.
Dentro de esos casos, la organización registró 46 amenazas, 24 obstrucciones al trabajo periodístico, 20 estigmatizaciones, 16 acciones arbitrarias en redes sociales y 15 hechos de acoso, entre otras formas de agresión contra comunicadores y medios de comunicación.
En cuanto a las amenazas el organismo confirmó que es la modalidad de agresión más frecuente contra la prensa en Colombia durante 2026. Además, en lo corrido del año, la organización ha rechazado varios hechos graves contra periodistas, entre ellos los asesinatos de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera Nariño, casos que han conmovido al país y han sido señalados como graves afectaciones a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico.
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