Otro lío para el Pacto Histórico: denuncian que su consulta al Senado se habría volado los topes
Así lo dio a conocer este miércoles el medio La Silla Vacía, que indicó que “hubo precandidatos que sextuplicaron” el tope legal en la consulta interna de ese partido para definir el orden de lista al Senado.
El nombre del Pacto Histórico sigue siendo objeto de críticas en medio de la campaña presidencial y a la vuelta de la esquina de las elecciones al Congreso de la República. A los cuestionamientos de los apoyos económicos a las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, ahora se suman nuevas denuncias sobre posible violación de topes en la consulta interna de ese partido para definir el orden de la lista cerrada al Senado.
En el caso de Iván Cepeda el principal cuestionamiento es que la empresa Samset Publicidad, de Barranquilla, figura como donante de su campaña con un poco más de $609 millones, junto a otro aporte registrado a nombre de Javier Pérez, representante legal de esa microempresa que funciona en un modesto negocio en esa ciudad.
En total, al candidato del oficialismo le figuran contribuciones de ambas partes por $725 millones, lo que ha sigo negado en diálogos con EL COLOMBIANO por el dueño del negocio en la capital del Atlántico y Saúl Garzón, el gerente de la campaña de Cepeda para la consulta, quien dijo que “fue un crédito”.
Sigue sin ‘escampar’ en el Pacto. La Silla Vacía denunció que en la consulta interna de ese partido para definir los aspirantes al Senado en este 2026 hubo posibles violaciones de topes legales de campaña. El medio muestra que, en lo revisado en Cuentas Claras, del CNE, detectaron que “hubo precandidatos que sextuplicaron” lo definido por ley: $60 millones por cada aspirante.
“Otros que, al parecer, maquillaron gastos para no pasarlo. Y unos más que no registraron todos los movimientos por los líos que tuvieron para abrir las cuentas bancarias exigidas por ley”, enfatizaron desde la Silla.
En el último escenario descrito estaría el caso de Pedro Florez, quien reportó solo $39 millones aunque reportó grandes eventos de campaña, mientras que Patricia Caicedo, que sacó menos de la mitad de los votos que él, reportó $360 millones en gastos.
Los cuatro partidos que integraron la consulta —Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica y Progresistas— dejaron en manos de cada uno de los precandidatos la decisión sobre cuánto gastar y qué tanto reportar. El control interno se limitó, en la práctica, a verificar la entrega formal de los documentos, que en conjunto acreditan un gasto de 3.705 millones de pesos.
Al CNE ya han comenzado a llegar denuncias que advierten sobre esas anomalías. Los señalamientos coinciden con los que se han hecho públicos alrededor de los informes de ingresos y gastos de la consulta presidencial entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes hasta ahora han respondido de manera escueta frente a los cuestionamientos.
El candidato Cepeda salió a decir que eran “rumores” en medio de “campaña de desinformación” impulsada por la “angustia de sus adversarios”. Además aseguró que goza de buena salud y continuará con su agenda de actos multitudinarios como candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de este año.
Por su parte, Corcho ha entregado explicaciones más amplias pero sin fondo. Calificó de “falsas y mentirosas” las denuncias de un préstamo por $742 millones a su campaña por parte de un restaurante de corrientazos llamado cuya sede no existe en Bogotá, como lo denunció la congresista Cathy Juvinao.
”Fuimos al restaurante Gusteau Chefcito, que le prestó $742 millones para su campaña de la consulta, y resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo”, denunció Juvinao hace unos días.
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Hay que recordar que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 fue sancionada por el CNE, mientras que la del Senado enfrenta hoy embargos y procesos judiciales en curso.
Dicha decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral que concluyó que la campaña “Petro Presidente 2022–2026” incurrió en violaciones al régimen de financiación —en especial, exceso de topes y omisiones en reportes— y por eso impuso multas a responsables financieros y a partidos vinculados.
El CNE, en una decisión de seis votos a favor y tres en contra, determinó que la campaña superó los topes legales de financiación por más de $5.300 millones entre primera y segunda vuelta.
Enlace con empresa de Barranquilla es gerente de la campaña de Cepeda
El equipo político de Iván Cepeda sigue bajo escrutinio. EL COLOMBIANO confirmó con Saúl Garzón, quien gerenció la candidatura de Cepeda en la consulta del Pacto, que Antonio Peñaloza es el actual gerente general de esa candidatura y fue el intermediario entre Samset Publicidad y el equipo del político en las polémicas donaciones en Barranquilla que suman $725 millones.
Garzón dijo que Peñaloza asumió la gerencia de la campaña del candidato del Pacto Histórico tras la el fin de la consulta partidista de ese movimiento.
Peñaloza es señalado como el enlace directo que abrió la puerta para que el microempresario Javier Pérez, dueño de la imprenta en Barranquilla que figura con un aporte de la campaña de Cepeda de $609 millones y uno particular de él por $116 millones, obtuviera el contrato de impresión de periódicos y volantes del político de izquierda.
Mientras que el exgerente Saúl Garzón defiende que se trata de un “problema aritmético” y que los dos millonarios montos son “un crédito” con la imprenta, y no a una donación, el nombre de Antonio Peñaloza emerge como la figura clave que hizo posible este acuerdo basado en la militancia y la confianza histórica entre las partes.
Las versiones a EL COLOMBIANO, tanto Javier Pérez, dueño de la imprenta, como Saúl Garzón, anterior gerente de campaña de Cepeda, coinciden en que fue Peñaloza quien “llevó” la propuesta de la imprenta al corazón de la campaña.
Su intervención resultó decisiva por, al menos, tres factores. Primero, una relación de confianza construida durante casi tres décadas. Javier sostiene que conoce a Peñaloza desde 1996 y que fue él quien lo recomendó bajo una premisa simple: “Siempre le he trabajado y nunca le he quedado mal”.
Segundo, una identidad política compartida. En diálogo exclusivo, Saúl Garzón confirmó que la elección del proveedor no respondió a una búsqueda abierta en el mercado, sino a un vínculo partidista: Peñaloza, Javier y parte del equipo de campaña militan desde hace años en el Polo Democrático. “Somos del partido... por eso la contratamos”, explicó Garzón.
Y tercero, la gestión de una producción a gran escala. Bajo la coordinación de Peñaloza se ordenó la impresión de periódicos y “chapolas” a color —volantes de distribución nacional— cuyo costo unitario ronda los “doscientos y pico” pesos, como se lo dijo a este diario Javier Pérez, pero que, multiplicados por miles de ejemplares, elevaron el contrato a cifras millonarias.
Con el avance del proceso electoral, el rol de Peñaloza se consolidó. De intermediario comercial pasó a ocupar formalmente la gerencia de la campaña, con la responsabilidad directa sobre los reportes financieros y la documentación presentada ante las autoridades electorales de cara a la contienda de este 2026.
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Raúl Garzón sostiene que este vínculo de confianza fue clave para pactar un crédito comercial, una modalidad de pago que solo se concede cuando existe respaldo personal entre las partes.
La presencia de Peñaloza también explica por qué una campaña de alcance nacional concentró buena parte de su producción gráfica en una microempresa barranquillera. La decisión no surgió de un proceso de licitación ni de una comparación abierta de proveedores, sino de una red de lealtades construida durante años al interior del partido.
¿Iván Cepeda está inhabilitado?
El 31 de enero próximo arranca formalmente la campaña presidencial en Colombia con el inicio del periodo de inscripción de candidatos, según el calendario de la Registraduría. La fecha marca el punto de partida hacia el 8 de marzo, cuando, en paralelo con las elecciones al Congreso, se realizarán las consultas interpartidistas. En medio de ese arranque, otro interrogante domina la arena política: si Iván Cepeda está o no habilitado para participar en la consulta del llamado Frente Amplio.
El senador del Pacto Histórico, hoy segundo en intención de voto con 26,5 %, según la firma AtlasIntel, llega a este momento envuelto en un debate jurídico que amenaza con alterar la competencia.
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La controversia se origina en la cuestionada consulta del pasado 26 de octubre, en la que Cepeda se impuso a la exministra Carolina Corcho y en la que también participó —sin éxito— el exalcalde Daniel Quintero.
Aunque el petrismo sostiene que se trató de una consulta interna, sectores jurídicos advierten que pudo tener carácter interpartidista, lo que impediría a Cepeda participar en una segunda consulta dentro del mismo certamen electoral. De confirmarse esa interpretación, el Frente Amplio podría quedar sin uno de sus principales referentes políticos y electorales.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿El Pacto Histórico violó los topes de campaña?
- Aún no hay fallo. Existen denuncias y reportes que señalan posibles excesos y omisiones que están siendo revisados por el CNE.
- ¿Cuál es el tope legal para una consulta interna al Senado?
- La ley fija un máximo aproximado de $60 millones por precandidato en este tipo de consultas.
- ¿Por qué cuestionan la financiación de Iván Cepeda?
- Por aportes y contratos con una microempresa de Barranquilla que superan los $700 millones y que la campaña califica como un “crédito”.