Contraloría emite alerta por retrasos y riesgos financieros en el nuevo modelo de pasaportes

La supervisión fiscal volvió a encender las alarmas alrededor del convulsionado proceso para renovar el sistema de pasaportes en Colombia. La Contraloría General emitió dos advertencias que ponen en entredicho la viabilidad del nuevo modelo, previsto para entrar en operación en abril de 2026, cuando termina la prórroga del contrato actual con Thomas Greg & Sons.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el proyecto presenta atrasos críticos y posibles fallas administrativas que podrían derivar en un daño patrimonial millonario.

El ente de control envió las alertas al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE) y a la Imprenta Nacional, responsables de implementar la transición hacia el nuevo esquema de producción y personalización de pasaportes.

La primera alerta se enfoca en el componente financiero del proyecto. Según la Contraloría, hay inconsistencias en el trámite de vigencias futuras y en la asunción de compromisos presupuestales por parte de la Imprenta Nacional que no corresponden a su misión institucional.

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El monto señalado asciende a 1,3 billones de pesos, recursos esenciales para garantizar que el país no quede sin capacidad para emitir pasaportes.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE) —unidad ejecutora y recaudadora de las tarifas del servicio— tampoco habría adelantado los trámites necesarios para asegurar la financiación del modelo.

Para el organismo de control, esta falta de anticipación amenaza la continuidad del servicio, cuya demanda supera ampliamente la capacidad operativa del país cuando se presentan retrasos o fallas, como ocurrió en 2023.

La segunda alerta apunta a un riesgo operacional inminente: el atraso en los trámites aduaneros y logísticos para importar la maquinaria que permitirá imprimir los nuevos pasaportes.

Entre los pendientes más preocupantes están:

- La definición del importador de los equipos y del responsable de los impuestos y tasas aduaneras.

- La formalización del acto jurídico que permitiría al FRMRE pagar por bienes que no son de su propiedad, si la Imprenta Nacional —como indica la norma— resulta siendo la importadora.

- La falta de cálculo del valor de la maquinaria, los tributos y el costo del agente de aduanas, insumos clave para habilitar los recursos presupuestales.

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El plazo más urgente vence el 8 de diciembre de 2025, fecha límite para iniciar el transporte internacional del equipo tecnológico. Desde ese día entra en vigor la Ley de Garantías, que restringiría trámites y contrataciones.

Si no se cumple el cronograma, el convenio internacional con la Casa de la Moneda de Portugal podría quedar en riesgo, al punto de activar una garantía de primer requerimiento por 6,3 millones de euros contra la Imprenta Nacional.

El lío con los pasaportes en Colombia

El turbulento camino hacia un nuevo modelo de pasaportes comenzó en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación, una decisión que desencadenó investigaciones y sanciones por presuntas irregularidades y favorecimiento a Thomas Greg, firma que durante 17 años manejó el contrato.

Aunque el Gobierno intentó modificar el sistema varias veces, las iniciativas fracasaron. Finalmente, se firmó un convenio para que la Imprenta Nacional asumiera la producción, con apoyo tecnológico de Portugal.

Sin embargo, expertos han advertido que la Imprenta aún no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para enfrentar el desafío. Por esa razón, el contrato con Thomas Greg fue prorrogado hasta abril de 2026.

El contexto político también ha añadido presión al proceso. La Comisión de Investigación y Acusación abrió en noviembre una investigación previa tras una denuncia del abogado Abelardo de la Espriella, quien acusa al presidente Gustavo Petro de un presunto “abuso de función pública” por intervenir, supuestamente, en decisiones relacionadas con el caso de los pasaportes.

El auto judicial aclara que estas diligencias son exclusivamente verificatorias y no implican imputación alguna, limitándose a establecer si existe o no mérito para avanzar hacia una acción penal.

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La Contraloría insistió en que los retrasos, la falta de decisiones y las inconsistencias presupuestales deben corregirse de manera inmediata.

De lo contrario, el país podría enfrentar una crisis en la expedición de pasaportes justo en un momento en que el servicio registra una alta demanda y en el que cualquier suspensión tendría un fuerte impacto social y económico.

El organismo aseguró que continuará vigilando el proceso como parte de su control fiscal preventivo, con el fin de evitar que la improvisación o la falta de gestión terminen por bloquear un servicio esencial para millones de colombianos.

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