No cesan las noticias relacionadas con el futuro incierto de la fabricación de los pasaportes. A pesar de que el Gobierno anunció la firma de un convenio entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal (que no se conoce completo aún), hay varios líos y presuntas irregularidades que rondan este nuevo modelo.
Este miércoles, la Procuraduría visitó las oficinas de la Imprenta Nacional y encontró “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes (...) de parte de funcionarios de la Imprenta Nacional sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre Cancillería y Portugal, para fabricación y suministro de pasaportes”, según informó en un comunicado.
En visita realizada a la Imprenta, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública “encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”.
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El Ministerio Público explica que, por ejemplo, en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos, se dieron cuenta de que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, como lo señala la ley. “Lo anterior, sumado a que no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”, dijo la Procuraduría en un comunicado.
La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, “no dio respuestas claras ni satisfactorias”. Todo esto, agrega la Procuraduría, “además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.
La improvisación del Gobierno —Presidencia, Cancillería, Imprenta Nacional— con este asunto se refleja en varios frentes, no solo a nivel jurídico sino práctico. Por ejemplo, la planta de producción no estaría habilitada, que es uno de los requisitos mínimos que había pedido Portugal, con el acompañamiento de funcionarios de la embajada de Francia, desde hace meses. Entre las entidades gubernamentales se pasan la pelota para responder preguntas clave sobre infraestructura, tecnología, capacidad instalada y cronograma de operación.
Firma de nuevo convenio quedó en manos de Saade y una amiga suya de la infancia
La persona encargada del convenio de cooperación que el Gobierno colombiano firmó con Portugal se llama Elvira Sanabria Salazar.
Este diario reveló que Sanabria es amiga de infancia del polémico jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade.
Se trata de una ingeniera con varios estudios de posgrado que había trabajado antes en el sector público. Es una cuota de Saade en la Cancillería y una de las personas que mantiene vigilado que el poder de la Casa de Nariño se ejerza en el Ministerio, tras la salida de Sarabia. La firma del convenio con Portugal es de primordialmente la de la secretaria general. “Es una mujer que creció muy cerca a Saade, se conocen de toda la vida. Son amigos desde el colegio en Valledupar”, dijo una fuente que conoce la relación de cerca.
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Sanabria Salazar tuvo varios cargos en esa ciudad, en donde Saade quiso ser concejal y alcalde con el Centro Democrático y Cambio Radical. Es una persona de toda su confianza. Su nombramiento demuestra que el presidente decidió darle un marco de maniobra con cargos en varias entidades porque lo considera un aliado leal, sin importar sus posiciones más extremas, que se repiten en otros miembros del Gobierno en el último año.
Esto significa que la planeación y estructuración de uno de los servicios más importantes del Estado con los ciudadanos que es a su vez un derecho fundamental para la libre movilidad quedó en manos de Saade y una amiga personal de su infancia que en un mes se sentaron con un país aliado sin conocer previamente con detalle el proceso de producción de pasaportes, lo que demanda un conocimiento técnico.
La apuesta del Gobierno se verá realmente dentro de siete meses. Por ahora Thomas Greg sigue en conversaciones con el Gobierno, pues la decisión fue unilateral y en el pasado hubo una presentación de una demanda por más de 100.000 millones tras la anulación del contrato a esa compañía.
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A pesar de lo anunciado por Saade, aún no hay claridad sobre los detalles del convenio. Lo que se sabe es que el convenio empezaría a regir el 1 de abril de 2026, es decir, siete meses de transición bajo la figura contractual de “urgencia manifiesta” con Thomas Greg & Sons (TGAS), la empresa que viene realizando esa labor en los últimos 17 años.
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