Fiscalía alistaría imputación contra Laura Sarabia por caso del polígrafo a Marelbys Meza: ella responde

Tres años después del polémico polígrafo practicado a Marelbys Meza, la Fiscalía General de la Nación prepara una solicitud para que un juez de control de garantías defina la imputación de cargos contra Laura Sarabia. De acuerdo con la información revelada por CAMBIO sobre el expediente, los delitos que el ente acusador pretende atribuirle son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.

Según la Revista, a esta posible imputación se se llegará después de que quedaran sin efecto las conversaciones que buscaban encontrar una salida anticipada al proceso. Durante los últimos meses, las defensas de Sarabia y Meza habían sostenido acercamientos con el ente investigador para explorar alternativas como preacuerdos, principios de oportunidad y mecanismos de justicia restaurativa.

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Ante el nuevo escenario judicial, Laura Sarabia se refirió públicamente al proceso y aseguró que serán sus abogados quienes se encarguen de explicar las decisiones jurídicas que se adopten.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) afirmó que respeta el trabajo de las autoridades y que espera que el caso también pueda cerrarse para Marelbys Meza. “Mi deseo”, señaló, es que la exempleada pueda recuperar la tranquilidad, retomar su vida y avanzar. Sarabia agregó que ella también quiere dejar atrás el episodio.

La respuesta se produjo luego de conocerse el inminente avance de la Fiscalía. Sarabia, quien para el momento de los hechos era una de las funcionarias más cercanas al entonces presidente Gustavo Petro, posteriormente dirigió el Dapre y fue enviada como embajadora de Colombia en Reino Unido.

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Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando fue reportada la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia y su esposo, Andrés Fernando Parra. El monto habría estado entre los 4.000 y 7.000 dólares.

Las sospechas recayeron sobre Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia. En medio de las indagaciones, Meza fue trasladada hasta una instalación de inteligencia situada frente a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo.

El procedimiento terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor que la investigación inicial por el dinero. Al expediente se sumaron interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Meza y de otra empleada de Sarabia, Fabiola Perea, además de investigaciones contra integrantes de la Policía y otros funcionarios relacionados con el operativo.

El escándalo también quedó marcado por la muerte del policía Óscar Dávila y por los procesos contra uniformados señalados de intervenir en las interceptaciones y en el procedimiento aplicado a Meza.

El expediente tuvo un movimiento importante a finales de julio. El 29 de ese mes, Sarabia cambió de abogado y el exfiscal general Mario Iguarán asumió su defensa. El relevo coincidió con modificaciones dentro de la propia Fiscalía: la investigación había estado a cargo de la fiscal Cindy Hernández desde marzo de 2023, pero su promoción a un cargo como fiscal delegada ante jueces de circuito especializados produjo el traslado del expediente.

En paralelo, la investigación sumó el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien obtuvo un principio de oportunidad y aceptó colaborar con la Fiscalía. Mojica reconoció su participación en la elaboración de informes y documentos utilizados para tramitar las interceptaciones de Meza y Perea. Como parte del acuerdo, la Fiscalía suspendió durante 12 meses la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

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Según la información incorporada al expediente, Mojica habría sostenido que Sarabia dio la instrucción para practicarle el polígrafo a Meza. Su declaración se convirtió así en uno de los elementos que analiza la Fiscalía dentro de las actuaciones derivadas del caso.

El capitán también estaba vinculado a la investigación por el robo denunciado por Sarabia y su esposo. En ese momento dirigía el grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín en Bogotá.

El caso de Meza ya ha producido condenas contra varios integrantes de la Policía. En septiembre de 2024, la juez 53 del Circuito de Bogotá condenó al intendente Alfonso Quinchanegua y a la patrullera Dana Canizales a 10 años de prisión domiciliaria por las interceptaciones ilegales. Ambos aceptaron cargos por fraude procesal y falsificación de documento público y aseguraron que actuaron siguiendo instrucciones de superiores.

La investigación posteriormente alcanzó a otros uniformados. En octubre de 2025, el mismo despacho judicial condenó al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredy Morales, señalados de insistir ante el fiscal Óscar Gutiérrez Zapata para que autorizara las interceptaciones contra Meza y Perea.

Las declaraciones de los policías condenados y de quienes han buscado beneficios judiciales han apuntado a la participación de más funcionarios en el entramado. En el caso de Meza, además, permanece una acusación central: ella ha sostenido que nunca se apropió del dinero cuya desaparición desencadenó todo el operativo.

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La propia Meza ha relatado que las actuaciones posteriores afectaron profundamente su vida y su salud. Ahora, la Fiscalía busca llevar la investigación contra Sarabia a una nueva etapa.