Más de 23 solicitudes sin respuesta en el caso Miguel Uribe: las omisiones por las que será imputado el director de la UNP
El actual director de la Unidad Nacional de Protección es señalado de presuntas omisiones y descuidos en la seguridad del candidato. Ya hay fecha para la diligencia.
Este lunes se conoció que, en el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que tendría que responder el funcionario sería prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025.
La solicitud de imputación fue realizada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá. Según el ente investigador, “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato”.
En su momento, el funcionario reconoció que “hubo insuficiencia” respecto a número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.
Por estos hechos, el abogado Víctor Mosquera radicó una denuncia formal contra Augusto Rodríguez por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado.
El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.
No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.
Por su parte, desde 2023 el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad “sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos”.
Audiencia contra director de la UNP será el 11 de febrero próximo
La defensa de la familia del precandidato presidencial asesinado aplaudió la decisión de la Fiscalía de avanzar hacia la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, una determinación que —según los abogados de la familia del congresista— responde directamente a la denuncia penal radicada por el abogado Víctor Mosquera.
En un comunicado divulgado este lunes, la firma confirmó que para el 11 de febrero de 2026 fue fijada la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la UNP, dentro del proceso penal que investiga las presuntas fallas en los esquemas de seguridad que rodeaban al dirigente político al momento de su asesinato.
“Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de verdad y justicia”, indicó la firma, al subrayar que los hechos denunciados ya están siendo evaluados por la justicia bajo las garantías del debido proceso.
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La representación legal de las víctimas insistió en que el proceso no solo debe apuntar a establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales por omisión, sino también a determinar el papel de quienes habrían ejecutado, instigado o facilitado los hechos que derivaron en el crimen del precandidato presidencial.
En esa línea, el equipo jurídico reiteró su compromiso de acompañar el proceso hasta el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y de impulsar la judicialización de todas las conductas que hayan contribuido al desenlace fatal. “Continuaremos avanzando con firmeza y rigor jurídico”, informó el abogado Víctor Mosquera a través de un comunicado.
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Finalmente, la firma de abogados manifestó su confianza en el trabajo de la Fiscalía y en el funcionamiento de la administración de justicia, al tiempo que ratificaron que mantendrán una representación activa, técnica y permanente durante todas las etapas del proceso penal.