Así fue la inédita imputación de la Fiscalía a disidentes conectados desde la selva
Tres jefes de las disidencias de las Farc escucharon desde la selva cómo la Fiscalía les imputaba cargos por homicidios, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado en el Catatumbo.
En un hecho sin precedentes en la justicia colombiana, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres altos mandos de las disidencias de las Farc que permanecen en armas y conectados desde la clandestinidad.
La audiencia se realizó de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta. En las imágenes se observa a los comandantes sentados, atentos, con audífonos y vistiendo prendas de camuflaje y pañoletas, mientras escuchaban la imputación desde lo que sería un campamento en la selva.
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Los citados fueron el cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, conocido como alias “Jhon Mechas”, y los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”, y Farby Edison Parra Parra, alias “Richard”.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que estos comandantes habrían impartido una directriz a sus estructuras armadas para confrontar al ELN y tomar control territorial absoluto en varios municipios del Catatumbo. Esa orden, desató una grave situación de orden público y el desplazamiento de más de 60 mil personas en enero de 2025.
El objetivo, según el ente acusador, era consolidar dominio mediante el uso de armas y el control de economías ilegales en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander.
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Como consecuencia de esa estrategia armada, las autoridades documentaron graves afectaciones a la población. Entre enero y abril de 2025 se registraron 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y desplazamiento forzado, hechos que generaron miedo y zozobra en la región.
Con base en esos elementos probatorios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres cabecillas los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los cargos.
“La actuación se enmarca en la Directiva 003 de 2025, que permite avanzar en procesos judiciales contra integrantes de grupos armados, incluso cuando tengan suspendidas órdenes de captura en el marco de acercamientos de paz”, informó la Fiscalía.
Según explicó la entidad, los investigados pueden ser citados a audiencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sin que ello implique afectar su libertad personal, mientras los fiscales continúan con las investigaciones y trámites judiciales.