Fiscalía echó para atrás imputación contra el director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe

En el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, este lunes se conoció que la Fiscalía iba a imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Pero horas después, se echó para atrás la decisión.

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Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que iba a responder el funcionario era prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025.

La solicitud de imputación había sido realizada por una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá. Según esa fiscal, Rodriguez “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato”.

Sin embargo, según explicó Fiscalía, la fiscal había omitido “por error” que la investigación del caso había sido asignada a un grupo de tareas especiales y no a su despacho.

“La fiscal 295 adoptó la determinación (de echar para atrás la imputación) para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el ‘Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay’”, dice la Fiscalía en su comunicado.

En su momento, el funcionario reconoció que “hubo insuficiencia” respecto a número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.

“Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera personal su proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”, dijo Rodríguez en una entrevista días después al atentado.

Por estos hechos, pero antes de conocerse que se echaba para atrás la imputación, el abogado Víctor Mosquera radicó una denuncia formal contra Augusto Rodríguez por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado.

El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.

No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.

Por su parte, desde 2023 el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad “sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos”.

De acuerdo con el Código Penal, si hubiera sido imputado y luego juzgado, Rodríguez habría podido enfrentar a una pena de hasta siete años y medio de prisión por el delito de prevaricato por omisión y también tendría consecuencias disciplinarias, es decir, no podría ocupar cargos públicos; incluso podría tener efectos económicos, si así lo determina un juez.

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Audiencia contra director de la UNP será el 11 de febrero próximo

La defensa de la familia del precandidato presidencial asesinado había aplaudido la decisión de la Fiscalía de avanzar hacia la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, una determinación que —según los abogados de la familia del congresista— responde directamente a la denuncia penal radicada por el abogado Víctor Mosquera.

En un comunicado divulgado este lunes, la firma confirmó que para el 11 de febrero de 2026 había sido fijada la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la UNP, dentro del proceso penal que investiga las presuntas fallas en los esquemas de seguridad que rodeaban al dirigente político al momento de su asesinato.

“Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de verdad y justicia”, indicó la firma, al subrayar que los hechos denunciados ya están siendo evaluados por la justicia bajo las garantías del debido proceso.

La representación legal de las víctimas insistió en que el proceso no solo debe apuntar a establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales por omisión, sino también a determinar el papel de quienes habrían ejecutado, instigado o facilitado los hechos que derivaron en el crimen del precandidato presidencial.

En esa línea, el equipo jurídico reiteró su compromiso de acompañar el proceso hasta el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y de impulsar la judicialización de todas las conductas que hayan contribuido al desenlace fatal. “Continuaremos avanzando con firmeza y rigor jurídico”, informó el abogado Víctor Mosquera a través de un comunicado.

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