Los cambios en vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué que la Corte Suprema pidió revisar en la campaña Petro
Bitácoras de vuelo, facturas alteradas y contratos aéreos marcan las nuevas revelaciones sobre la campaña de Gustavo Petro en 2022. La Corte Suprema compulsó copias contra Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por su presunta responsabilidad en estas maniobras.
La financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 sigue siendo una herida abierta en el panorama político colombiano. Aunque el mandatario avanza en el último año de su gobierno, la justicia y los órganos de control siguen escarbando en las cuentas de su llegada al poder. Una investigación exclusiva de la Revista CAMBIO reveló que la Corte Suprema de Justicia encontró una compleja red de maniobras contables en la precampaña de Petro y en la lista del Pacto Histórico al Senado, que habrían servido para ocultar gastos reales, evadir los topes legales y maquillar balances. A partir de estos hallazgos, el alto tribunal compulsará copias contra dos de los hombres más cercanos al presidente: Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
¿Qué encontró CAMBIO?
El corazón de la trama está en los contratos con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), firmados en febrero de 2022. Según documentó CAMBIO, la campaña al Senado, con Jaramillo como gerente, y la precampaña de Petro, con Roa como responsable, contrataron vuelos para movilizar a sus equipos durante la consulta del Pacto Histórico. Sin embargo, la Corte estableció que casi todos los servicios contratados con cargo a la campaña legislativa fueron usados exclusivamente por Petro, su familia y su círculo más cercano.
Las pruebas recopiladas incluyen bitácoras de vuelo, testimonios de la coordinadora de SADI, chats entre asesores y facturas alteradas. En todos los documentos aparece un patrón: los desplazamientos aéreos beneficiaban al candidato presidencial, mientras que los aspirantes al Senado apenas figuran de manera marginal. De hecho, de 27 vuelos, solo en dos aparecen nombres de congresistas, y ninguno de ellos voló sin la presencia de Petro.
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Para ocultar estos gastos, por más de $1.215 millones, se realizaron maniobras contables como cambiar las planillas de vuelo, dividir los costos entre los 20 senadores elegidos y reportar la suma como “tiquetes aéreos”. Esto permitió maquillar los balances, justificar reposiciones de gastos y evitar que apareciera un exceso frente a los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Corte archivó la investigación contra los congresistas del Pacto Histórico, alegando que su responsabilidad fue más de negligencia que de dolo: muchos firmaron reportes sin leerlos, aunque sí cobraron las reposiciones. No obstante, la Sala de Instrucción compulsará copias a la Fiscalía contra Jaramillo y Roa, a quienes considera responsables directos de la maniobra.
Posible delitos y consecuencias
Los delitos que se desprenden de estas actuaciones van desde fraude procesal hasta falsedad en documento privado y un posible desfalco al CNE, pues el Estado giró reposiciones de gastos con base en información falseada. Para la Corte, no se trató de un simple error administrativo, sino de una estrategia deliberada para salvarle el pellejo a la campaña de Petro.
El señalamiento más grave es que, si se suman esos $1.215 millones a los casi $9.000 millones reportados por Petro, la campaña habría violado los topes de la consulta interpartidista. La cifra máxima permitida era de $14.268 millones, y la sumatoria de gastos registrada coincidió sospechosamente con ese número exacto, lo que refuerza la hipótesis de manipulación contable.
En contexto
Los hallazgos de la Corte Suprema se suman a lo que ya había documentado el CNE en sus propias investigaciones. De acuerdo con ese órgano, la campaña Petro Presidente superó los topes en más de $3.500 millones y recibió aportes prohibidos de organizaciones como Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y el Polo Democrático. También se omitieron reportes de propaganda y gastos en testigos electorales, lo que lleva el monto total de irregularidades a más de $5.300 millones.
En abril de 2025, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el proceso contra Petro en el CNE, argumentando la necesidad de proteger el fuero presidencial. A pesar de ello, esa medida no cobija a otros implicados como Roa, Mogollón o Soto, ni a los partidos de la coalición. De hecho, una ponencia en el CNE propone sanciones administrativas contra Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y contra los movimientos Colombia Humana y la UP.
La ley es clara: si se comprueba que un candidato presidencial violó los topes de gastos, la sanción máxima es un juicio político en el Congreso. En la práctica, ningún mandatario en ejercicio ha perdido el cargo por esa razón, pero los antecedentes de Ernesto Samper, Juan Manuel Santos e Iván Duque muestran que los cuestionamientos por financiación irregular pueden marcar un Gobierno.
¿Un golpe político en el último año de Petro?
El caso estalla cuando al presidente le resta apenas un año de mandato y su coalición afronta tensiones internas. Aunque la Corte Suprema centró sus decisiones en los responsables directos de la contratación y manipulación de facturas, las revelaciones dejan mal parado al jefe de Estado, cuyo nombre aparece de manera constante en las bitácoras de vuelo y en los reportes internos de la campaña.
Más allá de las posibles sanciones judiciales y administrativas, el escándalo impacta en la legitimidad del proyecto político que llevó al poder al primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia. La narrativa de transparencia y cambio que enarboló el Pacto Histórico se ve ahora opacada por acusaciones de maniobras contables, vuelos irregulares y reposiciones millonarias al Estado.
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¿Y ahora qué?
Con la compulsa de copias, la Fiscalía deberá investigar si Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa incurrieron en delitos durante la campaña. A su vez, el CNE deberá decidir si impone sanciones a los partidos y a los responsables financieros.
El proceso ahora sigue en manos del CNE, que deberá definir en resolución formal las sanciones a los responsables financieros y políticos de la campaña. Mientras tanto, la Corte Constitucional revisa las competencias de la entidad para investigar al presidente de la República, lo que podría marcar los alcances de este caso en materia de control electoral.
Con información de REVISTA CAMBIO.*