El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que él mismo está en capacidad de demostrar que la información sobre el supuesto soborno relacionado con el caso Odebrecht que él habría recibido es falso.
El dos veces mandatario (2010 - 2018) respondió a los cuestionamientos que han surgido de cuenta de la multa que Grupo Aval pagó a la justicia de Estados Unidos por su incidencia en las irregularidades que envolvieron a la concesión de la Ruta del Sol, un brazo del caso de corrupción Lava Jato en Colombia.
Esa determinación de grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya banca de inversión es Corficolombia, hizo que el presidente Gustavo Petro le solicitara a la Fiscalía reabrir los casos que estén cerrados sobre las posible incidencia del caso Lava Jato en el país.
Y fue, en medio de la discusión por esa solicitud, que se terminó hablando de las campañas a la Presidencia de 2014, mencionadas por la posible entrada de sobornos a estas y el qué tanto avanzaron esas pesquisas mientras el exfiscal Néstor Humberto Martínez estuvo a cargo del ente acusador.
Entonces, dice el expresidente Santos que: “Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”.
El presidente Petro le solicitó a los partidos “devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos”.
El requerimiento fue hecho el pasado lunes (13 de agosto), instándoles a revisar “cuales de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol II como en la Fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina”.
La cuestión es que Santos ejercía como jefe de Estado durante el periodo que estalló el escándalo por Odebrecht que salpicó a su campaña a la reelección de 2014 y a la de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático.
Ese escándalo tiene dos elementos clave: la posible financiación de la constructora a las campañas que participaron en las elecciones presidenciales de 2014 (un asunto por el que la Procuraduría ya inhabilitó a Roberto Prieto, el gerente de la campaña Santos) y la firma de un contrato de estabilidad jurídica entre el Estado colombiano y la concesión.
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