¿Cómo fueron los supuestos pactos de no agresión y las empresas fachada entre militares y disidencias?
Los testimonios y archivos incautados a las disidencias de alias Calarcá describen un entramado clandestino que habría involucrado a oficiales del Ejército y a un alto funcionario de la DNI en acuerdos para evitar operaciones militares.
En medio de los cuestionamientos por el orden público cada vez más crítico en amplias zonas del país, un informe revelado en las últimas horas por Noticias Caracol destapó la existencia de presuntos pactos de no agresión y acuerdos clandestinos entre altos funcionarios del Estado y jefes de las disidencias de las Farc.
Las revelaciones, que han marcado la agenda pública desde la mañana, comprometen al general Juan Miguel Huertas, actual jefe del comando de personal del Ejército Nacional, a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y a cabecillas disidentes como alias Calarcá.
Según el informe, lo descrito constituiría uno de los episodios más graves de cooperación entre estructuras estatales y grupos armados ilegales en años recientes.
Una de las primeras revelaciones provino del alto mando disidente cercano a alias Calarcá, quien aseguró que Wilmar Mejía mantenía una estrecha relación con esa facción guerrillera. Según el testigo, Mejía, a quien apodan “el Chulo”, sería el encargado de tender puentes entre organizaciones criminales y miembros de la fuerza pública.
De acuerdo con ese relato, uno de sus acercamientos fue precisamente con el general Juan Miguel Huertas, cuando este se encontraba retirado del Ejército. Huertas habría facilitado la movilización de guerrilleros con órdenes de captura y, además, habría viajado a Venezuela para reunirse con uno de los jefes más poderosos de las disidencias, alias Richard Catatumbo.
Ocho días después de ese viaje, los cabecillas disidentes se reunieron nuevamente en territorio venezolano para discutir los detalles de la empresa de seguridad fachada. A ese segundo encuentro habría asistido Wilmar Mejía.
Las revelaciones no se detienen ahí. El informe detalla que en al menos dos reuniones celebradas en Bogotá habrían participado Huertas, Mejía y oficiales del Ejército vestidos de civil para coordinar un pacto de no agresión con las disidencias.
Ese acuerdo, que cobijaba zonas altamente estratégicas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, buscaba evitar enfrentamientos entre las tropas y los grupos armados. Para permitir la implementación de ese pacto, los oficiales habrían entregado información clasificada como códigos secretos de las frecuencias radiales del Ejército y los contactos de las principales unidades militares, lo que permitía a los disidentes anticipar operaciones.
Un guerrillero confirmó que recibieron “correos e frecuencias de radio” y explicó que, aunque sufrieron algunas capturas por labores de inteligencia, estas no se debieron a falta de avisos previos.
La segunda parte del esquema descrito consiste en una operación más sofisticada. La creación de empresas de seguridad fachada para legalizar el movimiento y el armamento de las disidencias. Según el informe, la propuesta fue planteada por el general retirado Huertas, quien operaba como asesor informal en despachos del Ministerio de Defensa y de la DNI.
El mecanismo consistía en montar una empresa legal que justificara el porte de armas y el uso de vehículos blindados por parte de los hombres de las disidencias. De acuerdo con lo expuesto, Huertas ofreció un modelo “mitad y mitad”: él conseguiría los permisos y las autorizaciones legales, mientras los disidentes pondrían el personal y el armamento.
El general habría explicado que era una inversión estratégica a largo plazo. Si las negociaciones con el Gobierno fracasaban, las disidencias ya contarían con hombres “legalizados” y con capacidad de operación formal bajo el paraguas de una empresa de seguridad.
Aunque la propuesta era presentada como un esquema para proteger a líderes sociales, analistas señalan que recuerda peligrosamente al modelo de los convivir y a los departamentos de seguridad creados por los paramilitares en los años noventa, estructuras que terminaron alimentando su expansión territorial y su poder armado.
Para expertos en seguridad, sentarse con grupos ilegales que no buscan desmovilizarse para planear empresas fachada constituye un hecho inédito y extremadamente alarmante.
El informe también describe que Huertas habría ofrecido protección personal para los traslados de los disidentes, afirmando que, si él estaba presente en un retén, no se podría requisar ningún vehículo sin una orden superior.
En el relato también se menciona que una supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro permitiría mover a jefes disidentes con órdenes de “no parar” en carretera.
En otra reunión posterior, en la que habrían participado Huertas, Mejía y el director de Indumil, se discutió la compra del armamento necesario para la empresa fachada, con una proyección inicial de alrededor de 80 pistolas y fusiles.
Tanto el general Huertas como Wilmar Mejía rechazaron todos los señalamientos. Huertas negó haberse reunido con disidentes, tener contacto con la Superintendencia de Vigilancia o haber cruzado a Venezuela, y calificó toda la información como un montaje. Mejía también negó haber viajado, haberse reunido con jefes de las disidencias o haber participado en gestiones para crear empresas de seguridad, asegurando que se trata de una retaliación en su contra.
El fondo del escándalo radica en que ninguno de los mencionados pertenece a equipos oficiales de negociación ni a canales autorizados para acercamientos con grupos armados. Si lo revelado es cierto, se trataría de acuerdos clandestinos con organizaciones que han declarado públicamente que no entregarán las armas.
Por ahora, y tras conocerse la información, solo la Procuraduría anunció el inicio de investigaciones.