Tras el escándalo que dejó al descubierto una presunta alianza entre el actual jefe del Comando de Personal del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de las Farc, se conoció que la Procuraduría iniciaría una investigación.
Se trataría de una investigación disciplinaria contra el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de DNI, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunta relación con el grupo armado ilegal para conformar empresas fachada de seguridad privada y entregar información sensible sobre operaciones militares.
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Esto se conoce luego de que Noticias Caracol revelara explosivas evidencias sobre una serie de correos electrónicos, conversaciones de chat y archivos digitales recuperados de dispositivos electrónicos incautados a las disidencias de las Farc.
La Fiscalía General de la Nación tendría en su poder este material probatorio desde hace más de un año.
El escándalo surgió tras el análisis de los elementos decomisados el pasado 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia. En esa fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar mientras transportaba a siete jefes de las disidencias del Estado Mayor Central.
Aunque los cabecillas, incluido alias Ramiro, portaban elementos que sugerían la comisión de delitos en flagrancia, la Fiscalía ordenó su liberación inmediata bajo el argumento de que fungían como gestores de paz y tenían suspendidas las órdenes de captura.
Sin embargo, las autoridades lograron incautar computadores, celulares y memorias USB que quedaron en cadena de custodia y cuyo contenido fue revelado recientemente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
La información hallada en los dispositivos expuso conversaciones directas sobre un plan para constituir una empresa de seguridad legal utilizando recursos y personal del grupo armado.
En una carta fechada el 8 de febrero de 2024, un integrante del grupo ilegal le informó a sus superiores sobre una reunión sostenida en Bogotá con el general Juan Miguel Huertas.
El texto relató que el oficial generó confianza y propuso montar el negocio mitad y mitad, donde él se encargaría de conseguir los permisos necesarios y la organización pondría los hombres y las armas.
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Según el documento, el general explicó que era una buena inversión para asegurar el futuro de los combatientes en caso de que los procesos de paz con el Gobierno fallaran.
El plan detallado en las comunicaciones sugería iniciar con una compañía de máximo 20 hombres. El oficial presuntamente se comprometió a obtener primero los permisos para el porte de pistolas y posteriormente gestionar las autorizaciones para que el personal pudiera circular legalmente con fusiles.
Los documentos también indicaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos de los disidentes. En la correspondencia se afirmó que el oficial aseguró que su vínculo con el presidente de la República le permitía movilizarlos con la orden específica de que no fueran detenidos en ningún puesto de control.
Además del alto oficial del Ejército, la investigación periodística señaló a Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, como otro presunto colaborador de las disidencias.
Testimonios de jefes guerrilleros, que confirmaron la veracidad de los archivos bajo anonimato, indicaron que gracias a la relación con estos funcionarios, los bloques que operan en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar obtuvieron información clasificada y privilegiada.
Estos datos permitieron a los grupos ilegales esquivar operativos militares y anticipar los movimientos de la Fuerza Pública en sus zonas de influencia.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué funcionarios son investigados por la Procuraduría?
- El general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, directivo del DNI, por presuntos nexos con disidencias de las Farc.
- ¿Qué planeaban las disidencias y los funcionarios, según la investigación?
- Crear una empresa de seguridad fachada para legalizar personal armado y facilitar operaciones encubiertas.
- ¿Por qué la Fiscalía está bajo cuestionamientos?
- Porque habría tenido los archivos durante un año sin abrir una investigación formal.
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