En plena crisis, MinSalud dio vía libre a sus funcionarios para asistir a marchas sobre salario mínimo
Según la cartera, la medida se tomó para garantizar el derecho a la reunión y la protesta de sus trabajadores. Sin embargo, el anuncio generó críticas e indignación en la opinión pública, que aún espera respuestas por la muerte de Kevin Acosta o, incluso, respuestas sobre sus propios tratamientos médicos y medicamentos.
De todas las críticas que ha afrontado este Gobierno, una de las más preocupantes es la crisis en el sistema de salud. Según la Superintendencia de Salud, durante 2025 se presentaron 2’048.435 quejas por asuntos que van desde la falta de medicamentos, líos en materia de atención y prestación del servicio, o brechas para el acceso oportuno a tratamientos.
En medio de esta coyuntura, y de la muerte del menor Kevin Acosta tras no recibir una atención oportuna por parte de Nueva EPS (entidad a cargo del Gobierno Nacional), la circular interna número 000010 del 18 de febrero de 2026 generó indignación: en ella el Ministerio de Salud dio vía libre a sus funcionarios para que asistieran a las manifestaciones que convocó el Gobierno en defensa del salario mínimo que definieron por decreto.
Según el ministerio, la circular y el “permiso” para salir a las calles se dio con el fin de cumplir a cabalidad lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Política, que establece que todo ciudadano puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente “sin que ello pueda dar lugar a restricciones, sanciones, descuentos salariales, ni ningún tipo de represalia por parte de los empleadores”, dijeron desde la cartera.
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Al final de la circular, la cartera de Salud aseguró que “los funcionarios que no participen en la movilización en los días programados, deberán ejecutar las labores asignadas, con normalidad y dentro de los parámetros señalados frente a su empleo o las actividades designadas”.
La medida generó indignación en varios sectores. Hannah Escobar, activista sobre temas en salud y candidata al congreso, aseguró: “Llenando marchas de contratistas del gobierno a los que ni ellos mismos les respetan sus condiciones laborales. Un asco”.
Otros comentarios sobre la medida que llegaron a través de redes sociales incluyen: “Primero las marchas. Ya luego se piensa en los medicamentos para los niños”; “desgraciados” y “¿cuáles son las prioridades?”.
Y es que, la muerte de Kevin Acosta (que hoy indigna al país y acapara titulares) es apenas un caso en un mar de miles en los que ciudadanos mueren esperando atención. Mientras tanto, tanto el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, como el presidente Gustavo Petro han insistido en restarle importancia a la crisis.
En los últimos consejos de ministros en los que analizaron el tema de salud, ambos funcionarios aseguraron que durante su Gobierno mejoró la atención, algo que se tradujo en reducir la mortalidad infantil. Sin embargo, el balance general es diferente.
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En promedio, durante el año pasado, cada día se radicaron al menos 5.612 quejas. Es decir, 233 cada hora o 3 cada minuto. Frente a 2024, cuando se contaban 1.604.965, las cifras indican que el año pasado hubo 443.470 quejas más.
Los números indican además que más de 1,9 millones de reclamos fueron por barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud; es decir, citas médicas y medicamentos. Adicionalmente, se presentaron 114.206 quejas por insatisfacción con el proceso administrativo; 29.618 por insatisfacción relacionada con la atención de salud, e insatisfacción con la infraestructura y logística (1.228).
De hecho, en medio de la coyuntura, el procurador Gregorio Eljach elevó un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que actúen con sensibilidad y ponderación frente a la crisis en salud y la muerte de Acosta.
“Hago un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección del Estado –para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República–, para que actúen con un sentido de sensibilidad, consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos”, reclamó Eljach, advirtiendo que con sus expresiones ambos funcionarios “han indignado y ofendido a los colombianos”.
Según el procurador, el presidente debe representar la unidad nacional, que es el mandato de la Constitución: “que considere que Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige consideración y ponderación con los demás connacionales en las actuaciones y expresiones de los altos mandos del Estado”, indicó.
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