Nicolás Petro tenía pensado irse del país, según chats revelados por la Fiscalía

En las últimas semanas, los dos procesos en contra de Nicolás Petro —hijo del presidente Gustavo Petro— han avanzado más rápido que antes. El primero se desarrolla por hechos relacionados con corrupción e irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico a través de Fucoso en los que el hijo del mandatario tendría participación; el otro es por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionado con el origen de su patrimonio.

Durante la mañana del 2 de diciembre se llevó a cabo una audiencia relacionada con el primer caso mencionado. Allí, la Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento intramural para el acusado.

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La petición no es en vano: el ente acusador presentó pruebas en las que Nicolás Petro hablaba con su esposa Laura Ojeda acerca de huir del país para evadir a la justicia.

Cabe resaltar que, en este proceso, Petro enfrenta cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Las pruebas del presunto plan de huida fueron encontradas en el celular de Ojeda. Aquel dispositivo fue admitido como prueba por un juez el pasado 7 de noviembre. En aquella ocasión, el juez también admitió que se hicieran interceptaciones, no solo al celular de Ojeda, sino también al de Petro y su exesposa Daysuris Vásquez.

Y es que, según el juez, la revisión de los tres dispositivos sería clave para demostrar que, presuntamente, Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.

En busca de chats y documentos que comprueben aquella tesis, la Fiscalía encontró un mensaje enviado por Petro hacia Ojeda, incluso antes de que el país conociera los hechos por los que ahora le imputan cargos.

“Es una conversación del 5 de diciembre de 2022 donde dice: ‘El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones, negociar con ella o irnos del país, le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacer lo del pasaporte’, dice literalmente”, explicó la Fiscalía.

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En ente acusador agregó que Nicolás Petro también habría hablado con su madre, Katia Burgos, acerca de su plan y los trámites para conseguir el pasaporte.

Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde —quien ha denunciado presiones indebidas sobre su independencia para investigar el caso— reforzó su petición de medida de aseguramiento, citando las irregularidades encontradas en la documentación del exdiputado.

Señaló que existen inconsistencias tanto en la hoja de vida como en la declaración de renta del procesado, aspectos que, según expone la fiscal, justifican plenamente la imposición de una medida restrictiva de la libertad.

Por ahora, el juez no ha decretado la medida de aseguramiento, sin embargo, Laborde también fue incisiva en que, según la revisión de conversaciones, Petro habría sido consciente todo el tiempo de las irregularidades que, presuntamente, cometió. El acusado insiste en su inocencia.

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¿En qué va el caso de Nicolás Petro?

El 15 de noviembre, la Fiscalía le atribuyó seis delitos a Nicolás Petro: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, y falso testimonio.

Durante la audiencia, el juez le pidió a Nicolás Petro responder uno por uno si aceptaba o no los delitos que la Fiscalía le atribuye.

El hijo del presidente rechazó todos los cargos. Frente a los dos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, dijo “no acepto”. También negó ambos señalamientos de peculado por apropiación, así como los dos casos de tráfico de influencias relacionados con presuntas presiones a la entonces gobernadora y al secretario general del Atlántico.

En los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, imputados en calidad de autor, igualmente respondió “no acepto”. La audiencia dejó constancia de que Petro Burgos no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalía.

La Fiscalía retiró el cargo de falso testimonio al considerar que había un concurso aparente de tipos y que toda la conducta quedaba subsumida en la falsedad ideológica en documento público, que era la calificación más específica.

El juez confirmó esa decisión en audiencia. Nicolás Petro también lo mencionó, señalando que la Fiscalía “retiró por completo el delito de falso testimonio” y que hubo una “renuncia a un delito completo”.

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Según detalló la fiscal Laborde durante la imputación, presuntamente Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.

La Fiscalía sostiene que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la Fundación FUCOSO.

Aunque como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer su influencia política —respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación— le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.

De acuerdo con la imputación, Petro habría usado su investidura y sus contactos para direccionar los convenios y garantizar que FUCOSO fuera seleccionada directamente, no por mérito ni por licitación, sino por su influencia. El propósito, según la Fiscalía, no era beneficiar a los adultos mayores a los que estaban dirigidos los programas, sino obtener dinero para sí mismo, su entonces esposa Day Vásquez y otras personas cercanas.

El interés indebido no se limitó a la adjudicación de contratos, sino que se extendió a su ejecución, en un esquema que habría permitido apropiarse de los anticipos y repartir fondos públicos entre los involucrados.

En palabras del ente acusador, todo formó parte de un “acuerdo corrupto” para desviar recursos del Estado. Según el ente, para que Petro se hiciera a los anticipos y a parte del contrato en sí, “se habrían canalizado recursos mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”.

Según la investigación, la influencia de Petro no fue económica, sino política. Su cargo como diputado le otorgaba un peso considerable en el escenario departamental y una capacidad real de incidencia en las decisiones de la Gobernación. Esa reputación, que combinaba poder electoral y visibilidad pública, amplió su margen de acción frente a los funcionarios del despacho.

La Fiscalía sostiene que utilizó esa influencia en dos niveles: sobre la gobernadora, para asegurar la entrega de los contratos y aumentar el valor del segundo —de 400 a 572 millones de pesos—, y sobre el secretario general, Lacouture Daza, para acelerar pagos y mejorar las condiciones de ejecución.

A través de su entonces esposa, Day Vásquez, habría dado instrucciones directas para gestionar los anticipos, en gestiones que, según el ente acusador, solo fueron posibles por su estatus político y su influencia. La Fiscalía aclaró que el tráfico de influencias fue el medio y el interés indebido, la motivación; se habría usado el poder para obtener beneficios.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro?

Por riesgo de fuga, basado en chats donde habría hablado de salir del país, y por presuntas irregularidades en contratos con Fucoso.

¿Qué delitos enfrenta Nicolás Petro?

Interés indebido en contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?

Mensajes, interceptaciones autorizadas y documentos que mostrarían irregularidades en contratos y en su información financiera