¿Qué va a pasar con los pimpineros?

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos no aprobó la convocatoria de una cumbre extraordinaria de cancilleres para analizar la situación fronteriza entre Colombia y Venezuela. Colombia obtuvo 17 votos a favor para convocar la reunión. Sin embargo, necesitaba 18 para que la OEA aprobara el mecanismo. Cinco representantes de otros países votaron en contra y 11 se abstuvieron.

El eje de la discusión en el Consejo que adelantó la OEA fue el operativo de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, que provocó la deportación de cerca de 2.600 familias que habitaban en San Antonio del Táchira, Venezuela.

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La canciller María Ángela Holguín lamentó la decisión del Consejo, al considerar que “el continente perdió la posibilidad de conocer lo que está ocurriendo en la frontera”.

Para el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, “el contrabando no se resuelve deportando a gente humilde”. Lo que ha hecho el Gobierno de Maduro, dijo, es “inaceptable”. E ilustró su argumento al señalar que “una señora que lleva un niño en sus brazos no es una paramilitar”. Añadió que desplazar “a los habitantes, a las familias, y marcar las casas para luego derribarlas, son episodios que no pueden repetirse y menos en el nuevo mundo de la democracia y de los derechos humanos”. Invitó al gobierno venezolano a dialogar y a utilizar los mecanismos diplomáticos.

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Mientras tanto, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, se defendió señalando que en Venezuela habitan cerca de cinco millones de colombianos a los cuales, dijo, se les han garantizado sus derechos. “Narcotráfico, sicariato, robo de carros o aviones. Todos vienen desde Colombia”. El diplomático repitió los argumentos que ha esgrimido Maduro en las últimas semanas y dijo, además, que la solución debe discutirse entre los cancilleres de ambos países. Sobre el Consejo de la OEA, dijo que “en lugar de hacerlo bilateral, armamos un circo mediático. Nadie gana con este tipo de situaciones”.

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¿Legalizar pimpineros?

Y mientras la diplomacia no funciona, el drama social no para. Los últimos 11 días han sido difíciles para los 6.000 pimpineros que trabajan en Norte de Santander. El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela no les ha permitido comerciar la gasolina de contrabando que es traída desde Táchira o San Cristóbal. Esta parálisis también ha generado problemas de abastecimiento para los 100.000 automóviles (calcula la Secretaría de Tránsito) que transitan en el área metropolitana de Cúcuta.

La semana pasada, los conductores tuvieron que esperar seis horas en promedio para tanquear sus carros. Desde las 3:00 de la mañana hubo largas filas de taxis y motocicletas que no tenían combustible. Para que las 23 estaciones de gasolina del área metropolitana sigan operando, el presidente Juan Manuel Santos aumentó el cupo subsidiado de gasolina en 30 por ciento, inyectándoles 660.000 galones más a las bombas. Cada mes se envía, en promedio, 4,2 millones de galones.

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El subsidio del Gobierno fue calificado por los pimpineros como un “paño de agua tibia”. En Cúcuta, muchos conductores están acostumbrados a comprarles la pimpina (seis galones) a 18.000 pesos, y hoy está costando 60.000 pesos. El representante de los pimpineros es José Abel Correa, presidente de Sintragasolina, organización que los agremia.

Esta organización cuenta con personería jurídica desde 2009 y fue creada, en parte, para dignificar el trabajo de los pimpineros, encargados de vender la gasolina de contrabando. “Buscamos que el Gobierno nos dé la oportunidad de cambiar nuestra labor informal a una formal. Lamentablemente cerca del 75 por ciento de la población en Norte de Santander vive del rebusque, del contrabando, y necesitamos alternativas. Con el cierre de la frontera son unas 6.000 familias las que están afectadas”, cuenta Correa.

Según el vocero, el parque automotor de Norte de Santander necesita 14 millones de galones mensuales: “Nosotros ponemos la mayoría de gasolina, el Gobierno solo pone 4 millones. Con el cierre de la frontera la situación se va a agravar”.

Las autoridades locales y nacionales son conscientes del problema. De hecho, la semana pasada, en una visita a los albergues, el presidente Santos tocó el tema con el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París. Una de las posibilidades para sacar de la informalidad a los pimpineros es entregarles estaciones de gasolina para que ellos las administren.

Antes de viajar a Estados Unidos para tramitar una demanda contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ramírez le confirmó a EL COLOMBIANO que el presidente ya conoce y aprueba la propuesta.

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“El presidente Santos me ha dado el visto bueno para la estrategia de entregar estaciones de servicio operadas por cooperativas de pimpineros. Una vez organizadas, se pueden crear las estaciones de servicio, de cambio de aceite, de gasolina y de lavado de carros. Como son cooperativas, toda la utilidad que produzcan se deberá invertir para generar microempresas para otros pimpineros que no estén en la cooperativa”.

En otras palabras, los pimpineros podrían operar como grandes empresas de distribución de combustible (Mobil, Terpel, Esso, etc). Justamente, lo que solicita el representante de los pimpineros es que el Gobierno les garantice la formalidad laboral: “En la frontera imperan las bacrim y la delincuencia. Los pimpineros somos los más débiles y también los más afectados. Todo el comercio paga vacunas para las bandas criminales, para la Guardia Venezolana. Hemos denunciado 11 asesinatos de pimpineros que no pudieron pagar las vacunas. Que la situación cambie depende del Gobierno Nacional”.

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Desde el otro lado de la frontera no han negado la participación de la Guardia y el Ejército en las actividades de contrabando. Ayer, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma, dijo que en la última semana 50 efectivos de la Guardia venezolana fueron destituidos por su presunta participación en el contrabando de alimentos y gasolina. Según el mismo Gobierno venezolano, en 2014 perdieron cerca de 11 billones de pesos por el contrabando de alimentos y gasolina.

Con la formalización de pimpineros no se solucionaría el problema de contrabando. Correa y otros comerciantes de la zona le dijeron a EL COLOMBIANO que un punto a intervenir son las casas de cambio, que según el gobierno venezolano son cerca de 3.000 en donde se cotiza el peso colombiano en 4,90 bolívares. .