Petro plantea liquidar EPS intervenidas tras concepto del Consejo de Estado sobre la UPC para cubrir deudas, ¿viable?
El presidente cuestionó el alcance de las medidas de vigilancia estatal tras un concepto del Consejo de Estado sobre el uso de recursos de la UPC.
Durante el Consejo de Ministros del lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención estatal.
El mandatario planteó abiertamente la posibilidad de liquidarlas, a partir de un concepto del Consejo de Estado que permite utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que estas no estén vencidas ni comprometan la atención de los pacientes.
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El pronunciamiento del alto tribunal surgió tras una consulta del Ministerio de Salud sobre la aplicación del principio de anualidad a los recursos de la UPC.
La Sala concluyó que dicho principio no aplica en este caso, dado que la UPC no hace parte del Presupuesto General de la Nación y tiene una destinación específica. Esta interpretación, según el Gobierno, cambia las reglas bajo las cuales se venían manejando los recursos que financian la atención en salud.
En ese contexto, Petro advirtió que permitir que los dineros destinados a la atención actual se usen para pagar obligaciones antiguas podría afectar la prestación de servicios.
A su juicio, las EPS intervenidas quedarían atrapadas en una dinámica financiera insostenible, en la que los recursos del presente se destinan a cubrir pasivos del pasado, sin resolver los problemas estructurales del sistema. Por ello, sostuvo que la liquidación sería preferible a mantener entidades que, en su visión, operan como un “barril sin fondo”.
“Es mejor liquidarlas que tenerlas, porque al tenerlas pagan la deuda del pasado y no el presente (...) No nos queda más que actuar porque no se pueden usar los recursos que se giren para pagar deudas, eso sería una estafa al Estado”, aseguró, contrariando lo establecido por el Consejo de Estado.
Y es que, según lo que estableció aquel organismo en el concepto que emitió, la UPC constituye el principal mecanismo de financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS) para cada afiliado, por lo que su uso tiene efectos directos sobre la liquidez del sistema y la continuidad de la atención. Es decir, su naturaleza es parafiscal (tributo distinto a los impuestos).
En ese sentido, el Consejo agregó que, aunque la UPC se fija anualmente, su carácter parafiscal implica que la restricción no está en el año de entrega de los recursos, sino en su uso exclusivo para fines de salud.
El presidente Petro, sin embargo, reiteró su crítica al modelo de aseguramiento en salud, al que calificó como un fracaso estructural. Señaló que los principales indicadores no han mostrado mejoras sustanciales en más de una década y que las deudas acumuladas evidencian una crisis persistente. Aquella tendencia siguió adelante incluso con las intervenciones del Gobierno.
¿Han servido las intervenciones del Gobierno a las EPS?
Según cifras oficiales, a mitad de 2025 las entidades bajo vigilancia especial concentraban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, mientras que las deudas acumuladas de 29 EPS alcanzaban los 39 billones, en su mayoría originadas en administraciones anteriores.
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El caso de la Nueva EPS ha sido uno de los más representativos del debate. Entre junio y diciembre de 2024, bajo la intervención del Gobierno, su deuda aumentó cerca de un billón de pesos y las quejas de los usuarios se dispararon a comienzos de 2025.
A pesar de eso, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar la intervención por un año más y el Ministerio de Salud sostuvo posteriormente que la grave situación de la entidad no era consecuencia directa de la medida, lo que incrementó las dudas sobre la efectividad de estas acciones.
Con el nuevo escenario jurídico planteado por el Consejo de Estado, la pregunta que dejó el Consejo de Ministros es si las intervenciones han logrado cumplir su propósito de estabilizar a las EPS y proteger la atención de los usuarios o si han terminado prolongando una crisis financiera que ahora podría desembocar en la liquidación de varias de estas entidades.
La preocupación no se extiende únicamente en las esferas políticas. La afirmación del presidente tuvo revuelo en la ciudadanía: “Si el presidente Petro liquida las EPS, ¿cuánto tiempo le tomará al sector de la salud reacomodar pacientes y atender casos prioritarios? Esta decisión podría ser un tiro en el pie para miles de personas en Colombia”, dice un comentario en redes sociales.
Aquella preocupación se cierne sobre la ya actual crisis. Hace dos semanas, cientos de pacientes en varias ciudades de Colombia convocaron manifestaciones frente a las sedes de Nueva EPS alrededor del país. ¿Su reclamo? Llevan meses sin recibir los medicamentos que les recetan.
Es importante recordar que Nueva EPS no es la única intervenida. En ese grupo también se encuentran Coosalud (3,1 millones de afiliados), Famisanar (3 millones), Servicio Occidental de Salud (0,75 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones) y Capresoca (0,17 millones).
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Petro puede liquidar las EPS intervenidas?
- Sí, el Gobierno tiene esa facultad, pero debe garantizar la continuidad de la atención y el traslado ordenado de los afiliados.
- ¿Qué es la UPC y por qué es clave en el debate?
- Es el dinero que el Estado gira por cada afiliado para financiar su atención en salud. Su uso define la liquidez del sistema.
- ¿La liquidación afectaría a los pacientes?
- Podría generar traumatismos temporales si no hay un plan claro para reasignar usuarios y garantizar medicamentos y tratamientos.