Pacientes trasplantados, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas figuran entre los más afectados por las fallas en la dispensación.
La suspensión del contrato para la dispensación de medicamentos entre Colsubsidio y la Nueva EPS encendió las alarmas de los organismos de control.
La Defensoría del Pueblo advirtió un incremento significativo de quejas relacionadas con la entrega tardía o inexistente de fármacos, una situación que, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de tratamientos y el derecho efectivo a la salud en distintas regiones del país.
En un comunicado oficial, la Defensoría señaló que ha identificado una acumulación “alarmante” de casos vinculados al gestor farmacéutico Colsubsidio, al tiempo que cuestionó la falta de información clara sobre cómo se está manejando la transición del servicio.
De acuerdo con el organismo, no existen datos “claros, oportunos y verificables” sobre las rutas alternas de dispensación ni sobre los mecanismos que garanticen que los pacientes continúen recibiendo sus medicamentos sin interrupciones.
Aunque la Nueva EPS anunció un plan de transición para asegurar el acceso oportuno a los medicamentos de sus afiliados, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que la crisis ya es evidente en el terreno.
“Se manifiesta en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”, afirmó.
La advertencia se produce en un contexto especialmente crítico en Boyacá, donde varios hospitales públicos anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026.
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Comunicados del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso coinciden en señalar problemas administrativos y financieros, como mora en los pagos, fallas en plataformas y presuntos incumplimientos por parte de la Nueva EPS.
En ese departamento, más de 524.000 afiliados a la Nueva EPS —230.000 de ellos del régimen contributivo— enfrentan incertidumbre sobre dónde y cómo reclamar sus medicamentos. En Tunja, la situación se refleja en largas filas frente a farmacias desde la madrugada, con pacientes y familiares soportando el frío y la espera sin certeza de recibir los tratamientos formulados: “No hay sistema”, les dicen.
Uno de los casos más delicados es el de Víctor Delgado, paciente trasplantado de riñón que lleva tres meses sin recibir los medicamentos inmunosupresores necesarios para evitar el rechazo del órgano.
Delgado le relató a Noticias RCN que, tras años de tratamiento renal y luego de recibir el trasplante, hoy teme perderlo por la falta de fármacos. “Si no consumo ese medicamento, puede haber rechazo y perder el trasplante”, dijo, tras regresar a casa sin atención luego de que el sistema de dispensación volviera a fallar.
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Situaciones similares se repiten en otras ciudades. En noviembre, EL COLOMBIANO habló con decenas de pacientes que esperaban sus medicamentos en Medellín. Allí, en medio de las filas, los usuarios afiliados a la Nueva EPS aseguraron que desde hace meses acuden a puntos de Colsubsidio solo para escuchar que no hay medicamentos disponibles.
Hernando Quinchía, de 80 años, afirmó en conversación con este diario que ha tenido que comprar por su cuenta tratamientos para la tiroides, la presión y la artrosis, con un gasto mensual que supera los 180.000 pesos. “Presenté una queja, pero no pasó nada”, comentó.
También están los casos de pacientes con epilepsia, como el hijo de Rosa Mercado -caso registrado por EL COLOMBIANO- o la hija de Jazmín Guerrero -caso registrado por Noticias RCN-, quienes dependen de medicamentos de uso permanente para evitar crisis.
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Ambas madres aseguran que las fórmulas se entregan incompletas o, simplemente, no se despachan, obligándolas a comprar los fármacos para no poner en riesgo la salud de sus familiares.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró que todos los actores del sistema de salud —EPS, IPS, hospitales públicos, gestores y operadores farmacéuticos— tienen la obligación de garantizar redes de atención suficientes, bajo los principios de universalidad y disponibilidad.
Además, insistió en la necesidad de mantener una articulación permanente entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, mediante espacios como los Puestos de Mando Unificado en Salud y mesas de seguimiento territorial. Por lo que pidieron que, de manera urgente, los organismos estatales actúen frente a la situación.
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